Por Benjamín Fernández Bogado
Mientras el ministro del Interior, Euclides Acevedo, dice que la culpa la tiene la Fiscalía General, que no intervino en el festejo de la hija de Cartes, desde la Fiscalía dicen que esperaban la orden del ministro de Salud. El ministro de Salud afirma que no tiene que dar órdenes a nadie. En concreto, cada uno se pasa la pelota para no asumir la responsabilidad de hacer aquello que están mandados a hacer. Nunca la Fiscalía General del Estado ha estado tan sirviente de la estructura del poder en el Paraguay. Hemos escrito la Constitución de 1992 en el ánimo de hacer de ella una institución al servicio de la sociedad y por eso se denomina «Ministerio Público». Eso, sin embargo, no se ha dado en la práctica.
La mayoría de nuestros fiscales generales, y muy especialmente la actual, han mostrado un nivel de servilismo al poder y muy distante de los intereses de la sociedad como nunca antes habíamos visto. Podríamos afirmar en este momento que estamos aún peor que en los tiempos de Clotildo Jiménez, el último fiscal general que tuvo Alfredo Adder antes de ser derrocado a cañonazos.
La Fiscalía General se encuentra en una grave crisis de credibilidad. La gente no cree en ella, no cree en lo que hace en beneficio de la sociedad y percibe con claridad que su titular, Sandra Quiñonez, está al servicio de poderes fácticos o es absolutamente sirviente de la estructura del poder. Ningún fiscal ha mostrado tampoco ninguna valentía para apartarse de esa tendencia que va a hundir en el descrédito a esta institución para la que se ganó libertad y autonomía en la Constituyente del 92, pero que ha dilapidado ese capital en un servilismo similar a los tiempos de la dictadura.
