En el caso “Arrom, Martí y otros contra el Estado paraguayo”, durante su sesión del 13 al 17 de mayo de 2019, realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Corte IDH deliberó y adoptó la sentencia en dicha causa. Sin embargo, la notificación oficial recién se recibió el 4 de junio de 2019.
Desde su creación y entrada en vigor en el año 1978, fue la primera vez en su historia que la Corte IDH emitía un fallo completo a favor de un Estado, señal de que el equipo jurídico del Estado paraguayo, representado por la Procuraduría General de la República, ejerció una defensa de primer nivel y altamente profesional, que en todo momento buscó precautelar los intereses del Estado paraguayo.
Es importante recordar que mediante la sentencia favorable emitida por la Corte IDH, el Estado paraguayo evitó el desembolso de la millonaria suma de US$ 63.075.400 en concepto de indemnización solicitada por los demandantes.
En el día histórico para nuestro país en la audiencia ante la Corte IDH, encabezó la delegación paraguaya el Presidente de la República Mario Abdo Benítez; quien estuvo acompañado por el Canciller Nacional en ese momento, Luis Alberto Castiglioni; José Félix Estigarribia, Embajador del Paraguay ante Costa Rica, entre otras autoridades nacionales. Además, viajaron a San José de Costa Rica para asistir a la audiencia, María Edith Bordón y el actual senador Fidel Zavala (víctimas de secuestro).
La delegación paraguaya que ejerció la defensa del Estado paraguayo ante la Corte IDH, estuvo encabezada por el entonces Ministro- Procurador General Sergio Coscia e integrada por Ricardo Merlo, Fiscal Adjunto responsable de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, del Ministerio Público y Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, participaron los dres. Oscar Germán Latorre y Edgar Sánchez, en calidad de testigos propuestos por el Estado.
Otros integrantes de la delegación del Estado que asistieron a la audiencia: María Noelia López, Directora de DDHH (Ministerio de Relaciones Exteriores); Renzo Cristaldo, Procurador Delegado (Procuraduría General); Pablo Rojas, Procurador Delegado, (Procuraduría General); Belén Diana, Procuradora Delegada (Procuraduría General); Alejandra Peralta, Directora de DDHH, (Ministerio Público); Myriam Rodríguez, Relatora (Ministerio Público); Antonella Saint Paul, Relatora (Ministerio Público); Ramiro Sabino Ocampos, Director de Asesoría Jurídica (Ministerio del Interior); Juan Pablo Feliciángeli, Director de DDHH (Ministerio del Interior) y Raquel Cáceres, Oficial Embajada del Paraguay (Ministerio de Relaciones Exteriores).
Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo integrada en ese caso por su Presidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Vicepresidente, Eduardo Vio Grossi; Juez, Humberto Antonio Sierra Porto; Jueza, Elizabeth Odio Benito; Juez, Patricio Pazmiño Freire; Juez, Ricardo Pérez Manrique.
Según los antecedentes, el 19 de enero de 2018, la Corte recibió el caso formalmente; y el 9 de febrero 2018 informó al Estado paraguayo sobre el sometimiento del caso ante su jurisdicción, otorgando un plazo de dos meses improrrogables para que las víctimas o sus representantes presenten su escrito con las solicitudes, argumentos y pruebas.
En fecha 3 de abril de 2018 el abogado de los demandantes, solicitó que la Corte IDH dicte una sentencia contra el Estado paraguayo determinando, a más de las costas del proceso internacional y diversos procesos en Paraguay, el pago de daños materiales (lucro cesante, daño emergente) y daños inmateriales (daño moral) por la suma total de US$ 63.075.400 (sesenta y tres millones setenta y cinco mil cuatrocientos dólares americanos) para un listado de 24 presuntas víctimas (Anuncio Martí, Juan Arrom y los familiares de ambos), incluso durante la audiencia pretendieron elevar la suma a 123.000.000 US (ciento veintitrés millones de dólares). Luego de la audiencia realizada el 7 de febrero de 2019 en San José de Costa Rica y la presentación de los alegatos finales escritos el 8 de marzo del 2019, la Corte IDH deliberó y dictó el recordado fallo a favor del Paraguay, comunicando dicha decisión un 4 de junio de 2019, hoy hace 4 años.
