La situación procesal de la ex jueza Tania Irún se complica con la confirmación de que la misma accedió indebidamente al sistema informático del Poder Judicial durante su licencia por maternidad. El ingreso al sistema se dio de manera ilegal el 28 de septiembre de 2018, para elaborar la resolución de entrega de tierras por valor de 500 millones de dólares, violando la ley.
Esta irregularidad, el acceso indebido al sistema informático del Poder Judicial por parte de Tania Irún fue confirmado por un escrito del propio abogado de la exjueza, en el cual confirmó que la ex jueza ingresó al sistema ilegalmente mientras contaba con licencia por maternidad.
La exjueza Tania Irún se encontraba con permiso por maternidad desde el 24 de septiembre de 2018 al 15 de marzo del 2019. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2018 solicitó que se deje sin efecto su permiso para firmar la resolución, aunque ya ingresó al sistema para redactar la misma el 28 de septiembre de 2018. Irún fue denunciada por acceso indebido al sistema informático y según el escrito confirma dicha irregularidad. Además, fue separada del cargo e imputada por prevaricato, ya que violó la ley 2532 de la franja de seguridad fronteriza.
Tania Irún no actuó sola, también contó con la complicidad de la cámara de apelación, integrada por los cuestionados magistrados Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zárate, que ratificaron la actuación irregular de la ex magistrada, cometiendo prevaricato. Otros cómplices de la imputada y exmagistrada Tania Irún son el actual presidente de la Corte Antonio Frentes y el ministro César Diesel, ambos rechazaron in limine el pedido de inconstitucionalidad que presentaron los afectados sobre la actuación irregular de Irún.
Otro punto llamativo es que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes rechazó su propia recusación y no se apartó de la causa como establece el artículo 31 de código procesal civil, exponiéndose también a una investigación penal por prevaricato.
Cabe recordar que el Ministerio de Defensa, por medio de la Comisión de la Zona de Seguridad Fronteriza confirmó que las más de 22 fincas que la exjueza Irún ordenó transferir a los extranjeros por medio de empresas offshore están dentro de la franja de seguridad fronteriza.
El accionar judicial del caso Tania Irún es reflejo de una justicia podrida, donde a pesar de una ley que prohíbe explícitamente a extranjeros comprar tierras en la zona de seguridad fronteriza, la jueza lo autorizó, actuando en complicidad con otras autoridades judiciales, incluyendo al propio presidente de la Corte; Antonio Fretes.
