Indudablemente el Gobierno ha perdido autoridad y soberanía en el manejo del transporte público; un servicio fundamental que ahora se ha visto mezclado con los intereses económicos por encima de la realidad de los empresarios, más la complicidad del Partido Colorado y del Ministerio de Obras Públicas.
Hasta ahora nadie ha podido contra esta rosca mafiosa que maneja un servicio que generalmente mueve miles de personas todos los días y que ahora se ha convertido en un foco de propagación del Coronavirus, debido a que han regulado la cantidad de vehículos hasta que el Gobierno les incremente el precio del pasaje o les pague más por subsidios.
Tímidamente, la autoridad administrativa ha reaccionado asegurando que pondrá, a partir de hoy, vehículos militares al servicio de la gente sin cobrarles. Eso resuelve una parte del problema, pero no la cuestión sanitaria. Si el vehículo es gratuito, en el que pondrán los militares veremos todavía mayor propagación del Coronavirus y saldrán ganando todavía los transportistas, que dirán “les hemos vuelto a torcer el brazo al gobierno”.
Lo que debería hacer una autoridad que esté del lado de sus mandantes -es decir, de la gente- es sancionar de forma ejemplar a los que no cumplen con el servicio contratado para lo que les han pagado importantes dosis de subsidios el año pasado; incluso cuando no tenían unidades en circulación debido a que estábamos en cuarentena completa.
Ahora, con un pequeño incremento en el gasoil, quieren también -a pesar de que a ellos no les alcanza- que les incrementen el precio del pasaje. ¡Todo mal! Contra estos chantajistas y extorsionadores, el Gobierno no debe dar ni un paso atrás. Un verdadero gobernante debe estar del lado de la gente, sancionando a estos impostores.
