De los 11 puntos verificados en el examen antilavado solamente en uno, el Paraguay tuvo una calificación “baja” y fue en la gestión del Ministerio Público y el Poder Judicial por su desempeño en el proceso de investigación, procesamiento y condena. De más de 700 informes de inteligencia que recibieron estas instituciones apenas 28 casos terminaron en condenas.
El informe final que publicó el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) reveló que en proceso de evaluación sobre la efectividad en el combate al lavado de activos el Paraguay en el único ítem en donde tuvo una calificación “baja” fue en el resultado número 7, vinculado a la Investigación, Procesamiento y Condena cuya competencia está en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial.
El documento señala que el país cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del Lavado de Activos, pero el número de investigaciones realizadas sobre lavado de dinero como delito autónomo, en general, ha sido bajo. Señalan que desde el periodo del año 2015 hasta julio del año pasado se dictaron apenas 28 sentencias por casos de lavado de dinero, todas estas contaban con informes de inteligencia financiera que proveyó a la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad).
De hecho, el reporte señala que en este mismo periodo la Seprelad produjo más de 700 informes de inteligencia y si bien, se han llevado a cabo investigaciones por delitos vinculados al lavado, “el número de investigaciones de Lavado de Activos por los delitos identificados como una mayor amenaza en la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay, no parecen reflejar dicho resultado”.
También señala Gafilat que en el propio Ministerio Público no se implementaron acciones establecidas en el manual instructivo para impulsar investigaciones financieras paralelas, ante casos de delitos precedentes al lavado, y que las autoridades pueden usar una razonable gama de técnicas de investigación de lavado, pero las operaciones encubiertas sólo pueden practicarse cuando estuvieran relacionadas con el narcotráfico. “Las entregas controladas sólo se podrían realizar en caso de crimen organizado, delitos complejos, múltiples y/o trasnacionales; y esto limita las capacidades de las autoridades competentes para la investigación y condena en los casos de Lavado de Activos”, resaltaron.
En cuanto a las sugerencias, el Gafilat indicó que se debe priorizar la implementación del manual instructivo con el que cuenta la Fiscalía para impulsar las investigaciones financieras paralelas, además de permitir el uso de permitir el uso de las técnicas de investigación judicial y facilitar la incautación de los bienes producto del delito. Reformar lo necesario para utilizar las operaciones encubiertas y las entregas controladas en las investigaciones de Lavado de Activos de manera más accesible.
También sugirieron fortalecer la cooperación interinstitucional entre la Fiscalía y las instituciones de inteligencia, para garantizar que más pesquisas se conviertan en investigaciones y sentencias por lavado de activos. En tal sentido, el reporte remarcó que las sentencias en el Paraguay en su refieren al lavado de activos en concurso con otro delito (Contrabando, Narcotráfico, evasión, etc.). “Paraguay debe realizar los cambios en el marco legal para aumentar el número de investigaciones y condenas por lavado de activos, incluido el Lavado de Activos Autónomo y ajustar las penas para garantizar su proporcionalidad y disuasividad”, resaltó el informe.
JUICIO POLÍTICO
Es oportuno recordar que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez ha tenido sobre gestión serios cuestionamientos por la manera en que se desarrollan los casos más emblemáticos de lavado de dinero, por ejemplo, el caso Darío Messer que luego de años de proceso recién la semana pasada se solicitó la incautación de los bienes del empresario brasileño actualmente condenado en Brasil por formar parte de una megaestructura de lavado de activos.
También se le ha criticado la falta de celeridad en el caso que involucra al ex presidente de la República, Horacio Cartes, pero sobre quien hay en curso cuatro carpetas de investigación abierta, pero con tan poco avance que hasta el momento ni siquiera se ha llegado a una imputación. El fiscal a cargo, Osmar Legal, inclusive llegó a decir que no podía imputar al ex mandatario por ser una persona “de alto perfil” lo que generó duras críticas.
Quiñonez en tres ocasiones estuvo a punto de ser destituida del cargo a través de solicitudes de juicio político, pero logró salvarse porque las bancadas de colorados cartistas y aliados al ex presidente impedían alcanzar la cantidad de votos necesarios para la destitución.
OTROS RESULTADOS
El reporte también señala que el país logró una nota “moderada” en política, riesgo y coordinación gracias a la aprobación del paquete de leyes que aprobó el Congreso para contar con un marco jurídico acorde a las recomendaciones del grupo. Se sugirió continuar con los análisis económicos de delitos generadores de ilícitos como el contrabando y la corrupción, además de un sistema que ayude a identificar mejor las situaciones de riesgo de lavado.
El punto más alto o de cumplimiento “sustancial” se tuvo en lo que concierne a la cooperación internacional en el que se resaltó la voluntad política de las autoridades y los protocolos para la atención y priorización de las solicitudes de información y extradición.
En cuanto al ámbito de supervisión, el reporte destaca la creación en 2019 la creación del Consejo de Supervisores compuesto por autoridades de todas las instituciones encargadas del control y también la buena predisposición del sector privado como sujetos obligados.
“Los sectores bancarios, financieros, seguros y de valores muestran mayor robustez en la aplicación de medidas preventivas, especialmente en cuanto a las medidas sobre la identificación de los beneficiarios finales y el monitoreo continuo. En dos años, el gobierno adecuó todas las normativas con enfoque basado en riesgos para la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, resaltó el reporte.
PROLIFERACIÓN DE ARMAS
La evaluación de Gafilat incluyó también en esta cuarta ronda los niveles de efectividad que ha mostrar el país en lo concerniente al combate a la proliferación de armas de destrucción masiva y financiamiento del terrorismo. En este punto, el informe señaló que el Paraguay cuenta con un marco normativo para el congelamiento de activos relacionados con el financiamiento de armas de destrucción masiva.
“Seprelad publica en su web la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sus actualizaciones, que pueden ser consultadas por sujetos financieros y no financieros quienes parecen tener un nivel acertado sobre las obligaciones relacionadas con la implementación de sanciones. Se necesita incrementar la coordinación y las capacidades por parte de las instituciones en lo que respecta principalmente a la zona de triple frontera”, consideraron.
Finalmente, es de destacar que el Paraguay alcanzó un 93% de implementación de las 40 recomendaciones de Gafilat en cuanto al cumplimiento técnico, siendo con este resultado, el segundo puntaje más alto entre los países que ya fueron evaluados en esta cuarta ronda.
