La reciente propuesta del presidente Santiago Peña para reformar el Código Laboral ha generado gran preocupación entre los sindicatos y diversos sectores de la sociedad paraguaya. Esta iniciativa, que busca visibilizar la precarización del empleo en el país, ha puesto en alerta a miles de trabajadores, especialmente por la posibilidad de eliminar la estabilidad laboral tras 10 años de antigüedad, un derecho clave que muchos consideran fundamental para la protección de los empleados.
Peña reconoció públicamente la sensibilidad de este tema, mencionando que es una discusión que otros gobiernos han evitado. Sin embargo, defendió su postura afirmando que su administración tiene «el coraje de enfrentar los problemas estructurales del empleo en Paraguay». No obstante, subrayó que actualmente no existe un proyecto de ley concreto para la reforma, sino una intención de abrir el debate y abordar la precariedad laboral que afecta a gran parte de la población.
Los sindicatos y las centrales obreras temen que la posible eliminación de la estabilidad laboral a los 10 años pueda dejar desprotegidos a miles de trabajadores. Según datos del Instituto de Previsión Social (IPS), solo el 13,7% de los trabajadores cotizantes alcanzan los 10 años de antigüedad en una misma empresa, lo que evidencia una alta rotación laboral y una posible tendencia a despidos previos a alcanzar este derecho.
Ante estos temores, Peña ha asegurado que su intención no es perjudicar a los trabajadores, sino iniciar un diálogo amplio y abierto que permita encontrar soluciones consensuadas entre el sector público, privado y los sindicatos. «Queremos visibilizar una realidad que está precarizando a miles de paraguayos», señaló el mandatario, invitando a todos los actores involucrados a presentar sus propuestas y participar en la construcción de una solución que beneficie al país sin afectar los derechos laborales adquiridos.
El presidente Peña ha dejado claro que la reforma del Código Laboral no será un proceso rápido. En sus declaraciones, mencionó que la implementación de cambios significativos en el pasado, como el Registro Unificado Nacional, tomó más de una década de negociaciones. «No quisiera esperar 10 años, pero me encantaría que comience esta conversación», afirmó, destacando que el camino hacia una reforma exitosa requerirá tiempo, colaboración y una mesa de diálogo activa.
La necesidad de actualizar el Código Laboral, que data de la década de 1960, surge de la obsolescencia de muchas de sus disposiciones. A pesar de algunas modificaciones anteriores, Peña comentó que estas no han generado los incentivos necesarios para fomentar la creación de empleos de calidad. Según el mandatario, el actual marco legal no está ayudando a consolidar el empleo formal en el país, lo que afecta tanto a los trabajadores como a sus posibilidades de jubilación.
Si bien el Ejecutivo busca abrir un diálogo, el proyecto ha sido recibido con escepticismo y resistencia, especialmente por la incertidumbre que genera en torno a la estabilidad laboral y los derechos adquiridos. Los sindicatos, abogados laboralistas y empresarios tienen la oportunidad de participar en este debate, y el éxito de la reforma dependerá de cómo se equilibren los intereses de los trabajadores y empleadores.
Por el momento, el gobierno ha pedido paciencia y apertura al diálogo, asegurando que no hay prisa en la elaboración de una ley. «No estamos apurados, no tenemos un proyecto. Estamos avisando que queremos que se abra una mesa de diálogo», concluyó Peña, anticipando que este será un proceso largo que requerirá la colaboración de todos los sectores para construir un marco laboral más justo y acorde a la realidad del país.
