“El país crece, sí. Pero crece menos que en la década pasada y muchísimo menos de lo que permitiría algún día la convergencia, es decir, acercarnos en niveles de ingreso y bienestar a los países desarrollados”, afirma el economista José Carlos Rodríguez, en una investigación para el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).
Sin embargo, el presidente Santiago Peña y su equipo parecen no entenderlo. Si todo marcha tan bien desde lo macroeconómico, ¿cómo se explica el malestar generalizado? La aprobación del presidente y de su gobierno ronda apenas el 42% y sigue en descenso, pese a que muchas estadísticas económicas muestran incrementos. “¿Será una antinomia? ¿Un oxímoron?”, se pregunta Rodríguez.
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Paraguay debería crecer de forma sostenida a un ritmo mínimo del 7% anual para superar la pobreza estructural y convertirse en un país próspero. Esta meta también es compartida por referentes como el exministro de Hacienda César Barreto y organizaciones como Desarrollo en Democracia (Dende).
Es lo que hicieron países que apostaron a dejar de ser “un poco menos pobres” y, en cambio, decidieron no ser pobres: desde Irlanda hasta Corea del Sur. “La nacionalidad no importa; importa el rumbo”, sostienen los expertos.
Menos poder adquisitivo, más frustración
El economista Rodrigo Ibarrola, también del Cadep, remarca que el malestar social en torno al empleo no es solo una percepción. Medidos en guaraníes constantes de 2015, todos los trabajadores —excepto los funcionarios públicos— ganan hoy menos que hace diez años.
Entre 2015 y marzo de 2025, la inflación acumulada fue del 50%, mientras que el salario promedio aumentó apenas por debajo del 40%. Más preocupante aún, los alimentos subieron un 83% y el transporte un 44%, rubros que pesan fuertemente en el consumo de los hogares de ingresos bajos y medios.
“La pérdida de poder adquisitivo es mucho más profunda en la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores”, señala Ibarrola. Este contexto, sumado a la alta informalidad, no solo afecta a las personas, sino también a toda la economía: los salarios son una de las principales fuentes de demanda. Su estancamiento restringe el consumo privado, limita el crecimiento del mercado interno y debilita la demanda agregada, una pieza clave para el desarrollo sostenido.
En este sentido, el gobierno está trabajando en ajustar el cálculo de precios de la canasta básica, para reflejar de manera más precisa la realidad social del paraguayo promedio.
Los datos no alcanzan
Aunque el gobierno puede mostrar cifras positivas, éstas no resultan suficientes. Incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) coinciden en la necesidad de apostar por una prosperidad compartida.
En contraste con los avances económicos, lo que más creció fue el crimen organizado. En 2021, Paraguay ocupaba el cuarto lugar en el ranking regional. En 2023, subió al tercero. “En cosas malas, hemos tenido una gran mejoría”, ironiza Rodríguez. Hoy somos líderes mundiales en contrabando, lavado y tráfico ilegal, actividades que —según el GI-TOC— representan hasta el 30% del PIB. “Los únicos que ganan aún más que los ricos son los bandidos. Y eso no es nada bueno”, advierte el economista.
Más allá de lo económico, el 90% de los ciudadanos cree que el país está gobernado para beneficiar a grupos de poder, no al pueblo. “El mandatario se debe a su pueblo, no a su padrino ni a su patrón”, subraya Rodríguez. Y si no se tratara de datos provenientes de una institución tan antigua y reconocida como Latinobarómetro, podrían tomarse como una exageración. Pero no lo son: Paraguay lidera este indicador negativo en América Latina, lo que deja muy mal parado tanto al gobierno como a la ciudadanía.
