El plenario de la Cámara de Diputados inició el debate sobre el pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, durante la jornada de este domingo. Tras un largo intercambio acerca de los primeros causales del libelo acusatorio, una mayoría de 49 legisladores tomó la decisión de declarar cuarto intermedio hasta las 14:00 horas del día lunes.
El análisis del libelo acusatorio tuvo como partida la lectura de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).
La legisladora informó que dicho bloque emitió dos posturas, siendo la mayoritaria por la aprobación del juicio político, y la minoritaria por el rechazo.
Señaló que existen puntos sumamente graves en la acusación, con destaque en la inelegibilidad para el ingreso a los EEUU; y el reporte por el cual se establecen investigaciones por contrabando de cigarrillos desde hace bastante tiempo, donde se menciona a las empresas de Horacio Cartes, pero con nulo avance en las investigaciones.
Además, recordó lo referente a la inacción en el caso Darío Messer y que no se haya llevado a cabo el comiso autónomo de los bienes del afectado, a pesar de los informes de la Senabico, donde se daba cuentas de que, efectivamente, correspondía hacerlo.
Especificó que cuatro diputados del estamento se sumaron a la postura favorable al juicio político, siendo ella uno de ellos (dictamen en mayoría).
Puntualizó que, llamativamente, no avanzan las investigaciones que tienen que ver con el mismo sector (Honor Colorado), “ni con las mismas personas, ni con la misma actividad”.
Pidió no olvidar la impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana y que no hubo respuestas del Ministerio Público.
El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), por su parte, fue el encargado de defender el dictamen en minoría.
Manifestó que la postura se basa en el artículo 17 de la Constitución Nacional -De los Derechos Procesales-, que en su inciso 4° establece que no se puede juzgar más de una vez por el mismo hecho.
“No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal”, indicó.
Remarcó que es la tercera vez que se pretende utilizar las mismas causas para el juicio político y aseguró que el Ministerio Público sí cuenta con un programa permanente de protección de testigos, víctimas y funcionarios, que según la acusación, no existe.
Desmintió que la Fiscalía se haya declarado “inauditable”.
Sobre el caso Messer, esgrimió que los bienes fueron incautados y habló de un valor total aproximado de USD. 1.660.000.
En este punto, significó que la supuesta implicancia del ex presidente Horacio Cartes, fue desestimada por la propia justicia brasileña.
Mencionó el caso del avión carguero venezolano-iraní, que también en un punto citado como causal.
Aquí reconoció que la acusación es nueva, pero dijo que no puede endilgarse la responsabilidad a la Fiscalía.
“El ingreso, permanencia y salida del avión es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. La inmediatez es fundamental para esclarecer cualquier hecho y en este caso en particular, la comunicación se realiza a la Fiscalía recién después de que el avión haya despegado”, afirmó.
El dictamen en minoría fue firmado, además del diputado Maidana, por Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Walter Harms (ANR-Itapúa).
