El lunes en horas de la mañana, se desarrolló una audiencia pública en el Senado, para debatir sobre el proyecto de ley “Que regula integralmente y declara de interés nacional de autocultivo, la producción, industrialización, comercialización y uso e investigación de la planta cannabis y sus derivados”.
El proyecto se trataría recién a la vuelta del receso parlamentario (inicios de marzo del 2023).
Guillermo Villalba, investigador independiente, quién estuvo también en la audiencia pública, expresó para Radio Libre 1200 AM, que el proyecto es acerca de una distribución masiva de derechos del acceso al cultivo a la planta, desde organizaciones como el Observatorio Paraguayo de Cannabis, Mamá Cultiva y otros más.
“Buscamos accesos legítimos a la planta sin persecución. Empezando por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal (Senave) para poder registrar una utilidad para las madres y las personas que necesitan el compuesto de la planta”, señaló.
En la actualidad, ya existe la ley 6007/17 “Que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados”, sin embargo, esta iniciativa solo otorga derechos a las empresas farmacéuticas.
EXPERIENCIA COLOMBIANA
A fines de abril, el presidente colombiano Iván Duque anunció entusiasmado que Colombia será uno de los primeros países en el mundo en permitir la exportación de cannabis en su forma más esencial: la flor.
El potencial macroeconómico es enorme. El año pasado, las exportaciones colombianas de cannabis medicinal fueron de más de US$ 5 millones, pero para 2030 pueden estar por encima de los US$ 1.700 millones, de acuerdo con proyecciones de ProColombia, agencia gubernamental de promoción de los negocios, una cifra que superaría las exportaciones de flores. Un escenario de precios más optimista apunta a más de US$ 2.500 millones, lo que incluso superaría las de café (el primer producto del país en exportaciones no minero-energéticas). Eso se traduciría en 44.000 puestos de trabajo para entonces según informa el diario El País.
EN CONTRA
Agustín Lledó, director ejecutivo de Cannapar, resaltó a su vez que la ley estableció una regulación y por ello, el nuevo proyecto es inviable.
“Estos autorizan el uso terapéutico, la ley también permite el libre acceso del aceite de cannabis. Las empresas que industrializan cáñamo no están autorizadas para la extracción del cannabinoides. El uso industrial es solo para el uso de las semillas y las fibras. Desde el punto de vista jurídico, si no se va a extraer cannabinoides, quiere decir que se trata de una actividad industrial”, señaló.
