La Comisión Investigadora del Congreso en el tema de lavado de dinero y de otras experiencias anteriores ha establecido mecanismos en la Constitución y en las normas. Son actividades que le competen a legisladores cuando hay algún tema que realmente amerite ese tipo de profundidad de análisis.
Hay muchas verdades que aparecen en estas deposiciones. Aconteció en Brasil durante el tema de la pandemia, acontece ahora en EE.UU. con la cuestión de los sucesos del ataque al Capitolio, y también nosotros hemos tenido experiencias anteriores.
Que alguien venga y le diga a la Comisión “yo no voy a responder” es porque se presume que esa persona tiene algo que esconder, algo que no quiere contar, que no quiere decir, en este tema que, ciertamente, es de preocupación no sólo económica, política social, y que juega en la propia soberanía del país dentro de su ámbito de realización.
Creemos que nadie tiene atribución de decir “no voy a hablar hasta que no sepa de lo que realmente ustedes quisieran”.
Es prejuzgar el final de esta comisión, donde el abogado de José Ortiz, Ovelar, afirma que esto no es más que una persecución política, cuando conoce ciertamente que dentro del mismo conjunto de legisladores se encuentra gente afín a la línea económica y política del investigado, o del preguntado.
Hay que ser más concretos y claros; la Comisión del Congreso puede hacer todas las preguntas que lleven a esclarecer la verdad detrás del lavado de activos en nuestro país.
