Es muy fácil ser generoso con dinero ajeno, pero si es del estado, este dinero parece ser mucho más fácil de regalar. Cuando se pone en manos de pésimos administradores, ocurre lo que el escenario político actual nos muestra en cuanto al hartazgo ciudadano: las protestas por el despilfarro y la mala administración. Otro pésimo ejemplo de egoísmo es visible desde la platea con la discusión de esta semana en el Senado acerca del recorte de gastos.
Con el argumento de que los aumentos en salarios millonarios son irreversibles y son derechos adquiridos, dilatan el estudio pidiendo informes a cuanto ente económico exista para extender más el proceso. Si los aumentos a funcionarios fueron tomados como una decisión política e inoportuna, los recortes deben hacerse de la misma manera, porque el momento político, sanitario y social así lo ameritan. Si los parlamentarios, tanto de derecha como de izquierda, hacen la vista gorda a los principales focos de protesta de los últimos días, es inevitable pensar que creen que se verán salvados de la opinión pública por la impunidad del olvido.
Dar la espalda a los reclamos populares en días de crisis podría dejar consecuencias que la impunidad perdona, pero que las urnas no, principalmente a los sectores minoritarios sin la estructura del partido mayoritario. Cuando los trabajadores de a pie se ven salvajemente golpeados por la segunda ola de crisis económica, los aumentos otorgados demuestran el poco interés que tienen los parlamentarios hacia una ciudadanía que necesita asistencia post pandemia, aunque la asistencia empiece por un mínimo de empatía de los gobernantes del legislativo. Probablemente el estudio de una ley que anule los inoportunos aumentos dure mucho más tiempo que el pago de este dinero generoso, sin estudio previo alguno.
