De acuerdo a datos de la página del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público gastó de enero a agosto de este año US$856.268 solo en alquileres en el área Metropolitana. Además, en los mismos meses se destinaron US$441.787 a locación de inmuebles para sedes de las fiscalías regionales, zonales y adjuntas del interior, también se puede observar que desembolsaron $262.216 en alquileres de depósitos de evidencias del interior del país.
Para el alquiler de local nuevo de la fiscalía barrial N°14 fueron $149.125 y al alquiler del nuevo local barrial N°7 derivaron $68.222 en el mismo lapso de tiempo. El equipo de El Independiente intentó hablar con las autoridades pertinentes. Sin embargo, no contestaron nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos a cualquier comunicación.
Al respecto, la analista política e investigadora Shirley Gómez, explicó que los alquileres son un gasto muy usual en las instituciones públicas por la capacidad de infraestructura que tienen las mismas.
“En el caso de la fiscalía, por lo general, como operan como fiscalías barriales, entiendo que hay una necesidad de tener una oficina en cada barrio o distrito, en ese sentido yo creo que es un gasto necesario. No obstante, pienso que se podría contrastar con cuál es el costo de alquileres en condiciones similares, ahí podríamos ver si hay diferencias, si están pagando de una forma excesiva o si sería mejor a largo plazo apostar por tener un local propio”, reflexionó.
Señaló que el hecho de que estén gastando en alquileres no excluye que también se debería estar invirtiendo en otros ámbitos y expuso sería interesante saber cuál es el rol activo que tiene la fiscalía para intervenir en los casos que ameritan o que tienen una característica social muy relevante.
“Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, los protocolos están establecidos, pero como no hay infraestructura para apoyar no se puede implementar al 100%. Ahí llama la atención que hayan esfuerzos en contar con fiscalías barriales o alquileres para tener una mayor distribución distrital, pero no se está reflejando en el servicio”, aseveró.
Expresó que si uno tiene una fiscalía en su barrio, significa que se está pagando el alquiler de la oficina de esa fiscalía, sin embargo, se debe examinar si está operando en casos socialmente relevantes en forma activa, como en hechos de violencia de género, problemáticas en torno a las drogas u otros casos en los que la fiscalía podría tener un rol más activo.
“En ese sentido, llama la atención que no exista un mayor gasto para poder operativizar mejor esas otras acciones que la fiscalía tiene como responsabilidad”, mencionó.
TRANSPARENCIA
Afirmó que se avanzó bastante en la transparencia de nuestro país. “La ley de acceso a la información fue un logro ciudadano que fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil, que me parece un hito demasiado importante en la historia de la democracia en Paraguay”, declaró.
Sin embargo, manifestó que existen todavía desafíos principalmente en lo que se refiere a los datos abiertos, que serían el formato en los que se entregan la información pública a la ciudadanía. “Como investigadora, suelo pedir constantemente información a través del portal de acceso de información pública, uno de los desafíos relevantes en este tema es el dato abierto, por lo general hay instituciones que todavía operan entregando como respuesta un archivo PDF escaneado de documentos que no permiten un análisis rápido”, contó.
Por otra parte, también está la problemática de obtener respuestas más exactas. “Hay veces en que las instituciones te responden y la contestación es genérica, según lo que vos preguntaste, pero no te dan el contenido exacto de lo que solicitaste. Entonces es como que tenés que hacer un check en su portal de que si recibiste una respuesta, pero en realidad no te respondieron la información concreta”, concluyó la especialista.
