Tras completar su gabinete, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva inicia este domingo un tercer mandato como presidente de Brasil, con el desafío de recomponer a un país fracturado, mejorar sus relaciones internacionales y luchar contra la pobreza con una economía que a duras penas logra recuperarse.
Una «tarea hercúlea» según Geraldo Alckmin, futuro vicepresidente de la potencia regional de 215 millones de habitantes.
Según el equipo de transición de Lula, cuatro años de «gestión irresponsable» bajo el gobierno de Bolsonaro dejaron a Brasil en un estado lamentable: penuria y retrocesos en materia social, educativa, de salud y medioambiente.
La formación del gabinete de Lula fue la más laboriosa de las últimas tres décadas. Semanas de arduas negociaciones permitieron finalmente poner de acuerdo a los aliados de izquierda que facilitaron el triunfo electoral con sectores centristas clave para asegurarse el futuro respaldo parlamentario.
El Congreso resultante de las elecciones de octubre tiene más representantes y senadores derechistas que antes, pero ello no necesariamente impedirá al pragmático Lula gobernar mediante alianzas, desde la extrema izquierda a la centro-derecha.
«Hacer feliz a Brasil de nuevo»
Pero Lula se topa con un país partido en dos, con 58 millones de brasileños que no votaron por él. Dos meses después de las elecciones, bolsonaristas radicales siguen acampando frente a los cuarteles para reclamar una intervención militar.
La victoria de quien dijo querer «hacer feliz a Brasil de nuevo» fue por estrecho margen: apenas 50,9% de los votos, contra 49,1% contra su adversario de extrema derecha Jair Bolsonaro.
Lula deberá además pacificar las relaciones con la Corte Suprema, el pilar de la democracia brasileña blanco de duros ataques bolsonaristas. Antes de asumir su cargo, el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, extendió la mano a los jueces.
Las primeras medidas de Lula serán sobre medioambiente, educación e igualdad racial, si sigue las recomendaciones de su equipo de transición. También restringirá la posesión de armas, que se incrementó fuertemente bajo el mandato de Bolsonaro.
A menudo popular en el exterior, Lula buscará reconciliar a Brasil con los países que tuvieron malas relaciones con el ultraderechista.
El equipo de transición había deplorado «la pérdida de prestigio de Brasil». El país debe además unos 1.000 millones de dólares a instituciones internacionales, entre ellas la ONU.
La comunidad internacional espera de Lula gestos rápidos y contundentes sobre cambio climático y medioambiente, tras los estragos de la era Bolsonaro, comenzando por la Amazonía.
El jueves pasado nombró ministra de Medioambiente a una personalidad reconocida internacionalmente, Marina Silva.
«Haremos todo lo necesario para lograr reducir a cero la deforestación y la degradación de nuestros ecosistemas de aquí a 2030», prometió Lula ante la COP27 en noviembre pasado.
Sin embargo, para lograr restaurar su credibilidad, Brasil deberá restablecer los órganos de contralor y luchar contra la corrupción bajo el riesgo de chocar con los intereses particulares de la agroindustria.
Déficit presupuestal
Otro enorme desafío será la situación económica y social, dado que la prioridad de Lula es «cuidar al pueblo más pobre».
La aprobación por el Congreso de una enmienda constitucional que le permita financiar sus promesas de campaña –al menos durante un año– fue una buena noticia.
La distribución de la popular «bolsa familia» de 113 dólares por mes a los hogares más pobres no se verá limitada por el tope del gasto público. Lula podrá incrementar el salario mínimo.
Unos 125 millones de brasileños padecen inseguridad alimentaria y 30 millones, hambre.
Sin embargo, la enmienda aprobada «no resolvió su mayor desafío en los próximos años, el problema fiscal, ya que mantendrá y expandirá gastos sin una expectativa de ingresos de la misma medida, y con el desafío adicional de hacerlo sin subir impuestos», anticipa Joelson Sampaio, de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Los mercados temen una explosión de la deuda pública, que ya alcanza el 77% del PIB.
Según, Alex Agostini, economista jefe de Austin Rating, la nueva administración deberá «proponer un marco de control fiscal concreto y eficiente», para evitar «una pérdida de confianza que cause un efecto dominó en la economía», controlar la inflación y mantener la recuperación del empleo y la renta, en un escenario de desaceleración económica global.
«Otro desafío será mantener la caída del desempleo (actualmente en su nivel mínimo desde 2015, 8,3%) y el control de la inflación, en un contexto de reducción de la economía mundial», señala Agostini.
El estado de la economía fue una de las principales preocupaciones de los votantes que eligieron al exobrero metalúrgico al frente de Brasil.
