El senador José Ledesma plantó un banderín muy interesante en el tema de la banda terrorista que opera en el norte de la región Oriental y que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo, una épica mentirosa para confundir incautos.
Ledesma hace coincidir la existencia de este rejuntado de criminales armados con la producción, procesamiento y comercialización de marihuana y cocaína que salen a raudales por las fronteras con Brasil y Argentinas, sin descuidar el abastecimiento del creciente mercado de consumo local.
El senador califica de propaganda intencionada del Gobierno todas las acciones, informaciones y derivaciones que genera la lucha contra el EPP equiparándolas a una especie de cortina de humo tras la cual desentenderse del verdadero enemigo, el crimen organizado constituido por los carteles del narcotráfico.
Como método para hostigar al Gobierno en tiempo electoral, las expresiones de Ledesma son un tanto contradictorias pero sirven para ubicar en su lugar la realidad que se vive en una amplia franja del norte del país.
Siempre hemos sostenido que el EPP es mano de obra barata funcional al narcotráfico. Sus frecuentes incursiones armadas están plagadas de amenazas, ocupación relámpago de fincas rurales, tortura e intimidación de personal rural, secuestros extorsivos, destrucción de bienes, asesinatos y atentados como represalia contra la FTC.
Este combo de modos delictivos y terroristas surte efecto inmediato y duradero. Los pobladores callan lo que saben, no pocos se vuelven colaboradores y quienes se niegan a ceder al chantaje armado y la prepotencia prefieren vender todo y largarse de allí. Resultado: zona liberada para ampliar los sembradíos de marihuana y volcar la producción en los canales de comercialización que la atraviesan. Según el senador liberal, en ese territorio hay laboratorios de cocaína que al Gobierno -afirma- no le interesa ubicar ni mucho menos destruir. Dice haberle dado pruebas y testigos de su existencia pero que jamás actuaron.
El senador Ledesma le dio una vuelta de tuerca a un problema que cada día se vuelve de más compleja resolución en la medida en que siga actuando a medias. Son más de dos décadas de existencia de una banda criminal que tiene a salto de mata a varios gobiernos y que le ha costado al erario público, hasta hoy, más de US$ 120 millones.
