Las licitaciones públicas siguen rodeadas de sospechas de corrupción. Nunca se entiende cómo logran ganar unas licitaciones que -se supone- tendrían que ser competitivas y de grandes controles por parte de las entidades que adjudican los bienes y servicios que el Estado quiere comprar.
Estamos hablando de US$ 6.000 millones anuales del presupuesto que se canaliza hacia esos sectores.
Cuando vemos cómo se sobrefacturan y especialmente cómo se mienten en los números con respecto a los que trabajan para un determinado propósito con esa licitación, vemos que la corrupción sigue siendo todavía muy sólida en esos sectores.
En el IPS han puesto en la nómina personas que no podrían estar en la misma porque realizan otras gestiones. Esto tiene que dar paso a una investigación judicial, a una acción fiscal para que corrija definitivamente a los pícaros y delincuentes que permanentemente se llevan de las arcas públicas nuestros impuestos, no cumpliendo con la provisión de bienes y servicios en forma y el modo.
Lo peor es que no parece tener ningún costo fuera del escándalo de ocasión que será tapado por otro similar en muy corto tiempo.
Las licitaciones tienen que ser el verdadero test que pase la democracia de manera cotidiana y constante, tiene que haber un mecanismo que impida que siga siendo un espacio donde los delincuentes, aprovechados y ladrones se hacen con los recursos públicos.
