Paraguay reaparece en la agenda de medios importantes de la red internacional que resaltan una ley de la que ya hemos estado hablando desde hace tiempo y ahora está remarcada en la red.
Se trata de una nueva ley que otorga a Paraguay poderes para reprimir a las ONG (organizaciones no gubernamentales). Las mismas que trabajan para promover el cambio social o político a gran escala, o localmente, y desempeñan un papel crítico en la sociedad en desarrollo, ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en promover la participación ciudadana. O lo que no hacen y deberían hacer las organizaciones gubernamentales en países donde trabajen en varios campos cómo la función social, la asistencial, la de cabildeo y otros campos. Todas ellas que por la falta de presencia de gobiernos nos hemos llenado de las siglas ONG en estos años de democracia, que ha generado muchos derechos y a su vez ha hecho poco énfasis en deberes de la ciudadanía dicen algunos.
Hasta ahora activistas pro ONG ‘s condenan la ley y la comparan con la represión de la sociedad civil en Venezuela, Nicaragua, Hungría y Rusia. Los partidos de oposición y las organizaciones de derechos humanos en Paraguay han condenado una nueva ley “alarmante” que da al gobierno poderes para cerrar las ONG que no cumplan con onerosas auditorías adicionales y suspender a sus directores y personal por hasta cinco años.
Fuertes criticas
La ONG Amnistía Internacional advirtió que el proyecto de ley profundamente controvertido –convertido en ley por el presidente Santiago Peña el viernes por la noche– viola la libertad de expresión y lo comparó con las medidas represivas contra la sociedad civil en Venezuela, Nicaragua, Hungría y Rusia. En esos países tienen una represión social muy activa y es un comportamiento o actitud que va en contra del espíritu democratico que existe aquí desde 1989. Luego de 35 años de la dictadura Stronista que al no preocuparse y no invertir en educación y promover el espíritu de equipo y comunidad en los barrios y ciudades de nuestro país ha dejado la administración de nuestra democracia en manos de personas sin formación o experiencia de existir en democracia. Y han estado acostumbradas a tener un “tendota” o referente que dirija todo a su gusto.
La ley exige que las organizaciones sin fines de lucro de la nación sudamericana mediterránea documenten periódicamente las fuentes y el destino de su financiación en un registro gubernamental. Los senadores leales al expresidente Horacio Cartes –patrocinador político de Peña , sujeto a sanciones estadounidenses por un supuesto plan de sobornos masivos– dicen que la ley es necesaria para generar transparencia. Algo que ha afectado mucho a las organizaciones no gubernamentales por el movimiento de dinero a veces desconocido hacia distintos proyectos diseñados por estas organizaciones para el beneficio de la población paraguaya.
El proyecto de ley ha sido rotundamente rechazado por políticos de la oposición, relatores de la ONU y expertos legales , el Comité para la Protección de los Periodistas y agencias internacionales de calificación crediticia . Los críticos advierten que su redacción es vaga y sus disposiciones de amplio alcance podrían utilizarse fácilmente para intimidar y silenciar las voces críticas con el conservador Partido Colorado, que ha estado en el poder tiempo suficiente para fomentar la dependencia y no la autonomía o independencia, los referentes de cualquier democracia en un mundo que ha enterrado su pasado dictatorial y se ha acomodado en la libertad que precisa de responsabilidad y compromiso para que podamos continuar existiendo en sistemas políticos donde no exista la represión o abuso del poder
