José Luis Simón G.
El jueves 26 de enero, pocos meses antes de las cruciales elecciones generales a realizarse aquí el 30 de abril próximo, Brian E. Nelson, Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, con datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en el marco de las políticas públicas bipartidistas anticorrupción y de Seguridad Nacional (SN) de la Casa Blanca, informó acerca de las nuevas y más drásticas sanciones a dos actuales y principalísimas figuras de lo peor del coloradismo paraguayo posdictadura de Stroessner: el expresidente (2013-2018) Horacio Manuel Cartes Jara (HC) y el todavía Vicepresidente de la República (2018-2023), Hugo Adalberto Velázquez Moreno (HV). Este último es el número dos del Palacio de López en el desgobierno de Mario Abdo Benítez, quien el ya cercano 15 de agosto terminará su controvertida administración presidencial, plagada de escándalos gubernamentales y de corrupción, y a la vez destacada en lo referido a enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado y a las estructuras locales de lavado de dinero, incluyendo las operaciones de financiamiento de Hezbolá, la organización terrorista propalestina, a la vez iraní y libanesa.
Cartes y Velázquez encabezan lo peor de la actual politiquería (la degradación del ideal de la política republicana, constitucional y democrática) en el histórico Partido Colorado (PC)-Asociación Nacional Republicana (ANR). Ambos desde hace poco son cada vez más conocidos en el exterior, gracias sobre todo a las políticas anticorrupción y de SN estadounidenses, aplicadas ahora por la administración Biden, a raíz de sus estrechas y prolongadas vinculaciones (desde hace tiempo investigadas por agencias de seguridad e inteligencia de Washington) en materia de generalizada corrupción local y por vínculos con el crimen organizado, el lavado de activos financieros, narcotráfico y terrorismo internacionales. Con tales actores transnacionales se relacionaron HC y HV como cabezas de distintas familias locales del coloradismo actual, monopolizadoras todavía de la porción sustancial de la galaxia local de corrupción pública y privada, heredada, ampliada y perfeccionada, desde sus orígenes, durante el más prolongado régimen autoritario de la historia nacional, el colorado stroessnerista, monopolizador del poder policial y las Fuerzas Armadas gracias a su larga duración en el Palacio de López entre 1954 y 1989.
Tal sistema de crimen organizado local hizo metástasis en las política, sociedad y economía, y se perfeccionó, transnacionalizándose criminalmente, a lo largo de las poco más de tres décadas del derrocamiento por un golpe militar (el 3 de febrero de 1989) del entonces anciano, enfermo ya senil Stroessner, quien llegó a esa coyuntura convertido en una momia sobreviviente de la época de Guerra Fría. En tales tiempos sombríos, sin solución de continuidad el dictador fue apoyado casi hasta su final en el Palacio de López por sucesivas administraciones republicanas y demócratas que se alternaban en la Casa Blanca. Hasta ahora fue la última y perfeccionada versión del aquí tradicional e imperante «despotismo republicano» paraguayo, este un concepto operativo del sociólogo y demócrata argentino Francisco Delich, un estudioso serio y creativo también de la realidad nacional.
En la presente coyuntura política local, la de las urnas del último domingo de abril venidero, no solo está en juego la tradicional y predominante hegemonía politiquera colorada aquí, sino, sobre todo, si la actual cleptonarcocracia logrará institucionalizarse en el Paraguay, para establecer en Asunción el primer desgobierno del crimen organizado y transnacionalizado de la Cuenca del Plata o Cono Sur hemisférico. A eso apunta la candidatura «colorada» de Santiago Peña (un tecnócrata de la economía, recién llegado a la politiquría, y, como se estila todavía aquí, por tradición familiar originalmente afiliado al liberalismo paraguayo, el principal de la oposición desde 1947), en la que el también «colorado» Cartes (este igualmente de tradicional familia liberal, pero desde 2012 dueño del PC-ANR, y con «quintacolumnistas» suyos en casi todos los partidos y liderazgos en la politiquería nacional), quien lleva casi dos décadas invirtiendo aquí parte de su multimillonaria riqueza en dólares –acumulada íntegramente ejerciendo de principal plutócrata del crimen organizado local– para apropiarse del aparato de estado nacional y desde allí adueñarse del Paraguay. No logró hacer eso en su desgobierno 2013-2018.
Ahora, utilizando como mascarón de proa a Peña, piensa consolidar tal proyecto, en un contexto planetario en el que el precario ordenamiento internacional depende de la tecnología bélica de última generación, como lo evidencia la invasión imperialista de la Rusia de Putin a Ucrania. Crisis geopolítica esta, en la que los mejores cerebros del pensamiento estratégico internacional y occidental, ven la versión siglo XXI de la Trampa de Tucídides, bajo la forma histórica de China retando al poder de la superpotencia estadounidense, en su crisis terminal según los estrategas de la aspirante china a «superpotencia» mundial y única.
En tal contexto de incertidumbre y preocupación en la realidad nacional, el día del Comunicado de Prensa oficial del Tesoro, ambas figuras principales del PC- ANR, sus correligionarios, los afiliados a otros partidos y la ciudadanía toda fueron impactados no por un letal misil hipersónico de última generación, de los siempre actualizados arsenales de la superpotencia estadounidense, sino por una inicial medida político-diplomática a la que se sumó la más reciente, administrativa y económica, lanzada esta vez con precisión desde el Tesoro, tras las correspondientes evaluaciones de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de EUA. En tan contundente decisión nada tuvo que ver el Comando Estratégico del Pentágono, USSTRATCOM, según sus siglas en inglés.
Es que el «arma» en cuestión es de naturaleza administrativa y económica, del arsenal del Tesoro estadounidense, y con efectos aún mayores en potencia y efectos que los recibidos por HC y HV a mediados del 2022, cuando otras «ojivas» políticas y diplomáticas del Departamento de Estado hicieron blanco en ambos personajes principalísimos en la corrupción público-privada y el crimen organizado del Paraguay, entonces en primera instancia declarados «significativamente corruptos» por Washington, esto es, peligrosos no solo para la seguridad nacional paraguaya y países de la región, sino también para los EE. UU., como explican estas páginas.
En el caso de HC la sanción actual, del ámbito de la OFAC afecta drásticamente, sobre todo a los negocios legales de propiedad de Cartes, el plutócrata paraguayo –de lejos la figura principalísima aquí del crimen organizado y transnacionalizado–, en particular a sus empresas que operaban libremente en la economía estadounidense: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE. Apenas unas cuantas del vasto entramado de empresas-lavanderías de Cartes, radicadas aquí y en el exterior, imprescindibles para poner en circulación «purificadora» las casi inconmensurables ganancias que obtiene de sus actividades en el submundo de la corrupción sistémica (local: megacontrabando y lavados multimillonarios) que retroalimenta y hace simbiosis con las del crimen organizado y transnacionalizado, algo que también lo vincula con el terrorismo internacional, en particular la rama logística de Hezbolá, el «Partido de Dios» de chiitas libaneses y palestinos entrenados, armados e ideologizados por Irán.
Los financistas de Hezbolá llevan décadas operando en Ciudad del Este, la «capital» geopolítica de la Triple Frontera sobre el río Paraná, que el Paraguay mediterráneo comparte con Argentina, Puerto Yguazú, y la brasileña Foz de Yguazú. En sudamérica Ciudad del Este es un nudo estratégico en el financiamiento al menos de los terroristas de Hezbolá y del crimen organizado en general, sobre todo vía el contrabando a gran escala, el lavado de activos y el narcotráfico. Instituciones de inteligencia y seguridad occidentales, que investigaron sus muy sangrientos y destructivos atentados en Buenos Aires, la capital argentina, sucesivamente contra la Embajada del Estado de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita, AMIA (1994), también sindican a la urbe paraguaya como una base para la obtención de recursos monetarios, de documentos falsos, de armas y sustancias letales y de cobertura y tránsito de terroristas. En suma, Ciudad del Este en particular, es la principal urbe local, por completo todavía abierta al terrorismo y al crimen organizado internacionales.
La divulgación oficial de las recientes acciones del Departamento del Tesoro, que golpean con fuerza a Cartes y Velásquez, en fondo y forma incrementan el anterior castigo del Departamento de Estado, pues a partir de ahora no solo están impedidos de obtener visa para viajar a EE. UU. sino que desde ahora también les está prohibido realizar negocios allí y utilizar su divisa y sistema financiero. Las muy duras penalizaciones administrativas y económicas fueron dictadas y ejecutadas en «conformidad con la Orden Ejecutiva (españolización de Executive Order, EO según siglas en inglés) 13818, que se basa e implementa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos», la cual a su vez «se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo».
Lo ejecutado y publicado por el Tesoro todavía carece de contenidos penales, imprescindibles, por ejemplo, para que la extradición de ambos sea solicitada por un fiscal estadounidense, a efectos de ser juzgados en tribunales de EE. UU. Aún así, sin la menor duda, tales acciones constituyen una auténtica capitis deminutio máxima que dificultará a HC y HV, en grado sumo, continuar realizando muy lucrativos negocios internacionales como hasta ahora y, además, les prohíbe utilizar la divisa de ese país, al menos con sus nombres, en el sistema económico y financiero del mundo occidental. En casos anteriores que afectaron a jefes del crimen organizado internacional de otros países del hemisferio –también «personalidades» en sus respectivos sistemas de corrupción política y de negocios criminales «empresariales» –, la secuencia de las sanciones y castigos impuestos a Cartes y Velázquez, iniciadas en el Departamento de Estado y continuadas por las del Tesoro, en varios casos concluyeron con la extradición a EE. UU. de conocidos vips latinoamericanos o residentes en países del hemisferio, que hacen negocios y son o protegen a corruptos, criminales organizados y terroristas internacionales.
Después del anuncio del 26 de enero realizado por el Tesoro en Washington, y replicado y difundido aquí por el embajador Marc Ostfield del Departamento de Estado en Asunción, el día se convirtió en un «jueves negro» para HC –actual presidente del PC-ANR y dueño material, no solo partidario, de la candidatura presidencial de Santiago Peña, quien en caso de llegar a Palacio de López carecerá por completo de autonomía, pues en los hechos es una creación politiquera de Cartes, que además le remunera como a la estrella de Hollywood que no es, pues se trata apenas de un simple mandadero de su jefe material y politiquero– y la poderosa maquinaria cleptocrática colorada, tradicionalmente anclada en la burocracia y contratos públicos, y hoy en manos del castigado por el Tesoro estadounidense: HC. Ese día los colorados cartistas, siguiendo el libreto de sus abogados defensores, en masa recurrieron a la gran cantidad de multimedios y redes que posee en Paraguay el expresidente, solidarizándose con él, su indiscutido llíder y financista-dueño, HC, este el megacotrabandista de cigarrillos al exterior, lavador de activos propios y también los de narcocriminales y terroristas. La defensa inicial de los seguidores de Cartes, al que consideran estigmatizado por EE. UU., para derribar del poder a los colorados, criticó el «intervencionismo gringo en nuestros asuntos internos», aunque todavía no se atrevieron a calificarlo de imperialista…
En breve conoceremos si se incubará también aquí, en la variante cartista colorada del crimen organizado local, la doctrina del bolivarianismo castrista que últimamente de nuevo está expandiéndose en el subcontinente. No debe olvidarse que hace muy poco Cartes fue «electo» nada menos que presidente del Partido Colorado PC/ANR, una de las dos organizaciones político partidarias del Paraguay, la otra fuerza significativa es el principal de la oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA. Ambas organizaciones partidarias, fundadas a fines del siglo XIX todavía son las principales fuerzas partidarias en el país.
CORRUPCIÓN DESENFRENADA SOCAVA A LA DEMOCRACIA PARAGUAYA
Pasado el mediodía del negro jueves 26 de enero para los cartistas colorados y el vicepresidente Velázquez (entonces en ejercicio del Ejecutivo pues el presidente Mario Abdo Benítez había viajado al exterior) y seguidores de ambos, al más tórrido verano paraguayo en cien años, se sumó la elevadísima temperatura local generada desde la Casa Blanca y su embajada local. Es que afectaron a las actualmente dos más prominentes y controvertidas figuras públicas coloradas, acusadas en Washington de ser cabezas aquí del entramado del crimen organizado internacional e incluso de negocios con terroristas anti Estado de Israel. HC y HV, otra vez sancionados por Washington, que los califica de figuras principales de «la corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas en Paraguay».
Ese día, aquí, el portavoz de la Casa Blanca, y de los departamentos de Estado y del Tesoro, como es lógico, fue el embajador Otsfield. Desempeñó su papel desde la hace poco inaugurada nueva sede de la representación diplomática de los Estados Unidos en Asunción, a metros nada más de Mburuvicharoga (la residencia presidencial), pero siempre en la dirección tradicional de la Av. Mariscal López 1776, si bien ya con ingreso sobre la también principal Av. Kubitscheck. El edificio es un inmenso búnker a prueba de atentados terroristas y otras contingencias de extrema violencia, única todavía al menos en el continente.
En tal oportunidad, seguida de una muy breve conferencia de prensa, el diplomático informó que horas antes, en Washington, el Subsecretario Nelson del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, refiriéndose a Cartes y Velázquez, había reiterado que los EE. UU. están «comprometidos a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos». Ese día, y no como retórica, todo el poder de Washington hizo saber urbi et orbi que la «acción de hoy expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas».
Días después por coincidencia tuvo difusión planetaria el Informe 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción mundial, elaborado por Transparencia Internacional, relevando el medio asunceno Última Hora, debajo del título, la muy preocupante constatación según la cual «Paraguay volvió a posicionarse en 2022 como el segundo país más corrupto en la región y, además, señala que la corrupción en América Latina consolida la criminalidad».
El enfoque periodístico paraguayo así también fortalecía las palabras del subsecretario Nelson de Tesoro, el cual agregaba que «la acción de hoy sigue a las restricciones de visa impuestas a Cartes y Velázquez en 2022 bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022», y, por lo tanto, «respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas». Estas últimas cuestiones convertidas en Paraguay en habituales prácticas criminales, en ámbitos públicos y privados, tienen en HC, de Asunción, convertido en un «padrino» regional de la corrupción y del crimen organizado y transnacional en todas sus dimensiones.
Cuando días antes, la embajada estadounidense en Asunción invitó a los medios capitalinos a la conferencia de prensa, sin informar que su contenido difundiría la aún desconocida nueva y muy drástica decisión del Departamento del Tesoro, acerca de la controvertidas «personalidades» de la politiquería paraguaya (en este caso personalizadas en Cartes y Velázquez), en ámbitos políticos y periodísticos locales, y en la opinión pública en general, de inmediato se rumoreó que la Casa Blanca, una vez más, impactaría de manera explosiva en la realidad nacional. Por entonces, los colorados cartistas tenían vendiendo humo politiquero (muy negro y tóxico), en plena gira particular «wahsingtoniana», a Santiago Peña.
Desde hace años este se convirtió en el principal instrumento politiquero de HC, evidencia también del inmenso poder de compra y corrupción, derivado de la riqueza plutocrática del expresidente. Se trata nada menos que de una inmensa fortuna acumulada, desarrollada y en plena expansión, surgida del crimen organizado y transnacionalizado paraguayo, la de Cartes, devenido este en el principal poder fáctico del país, proceso de descomposición nacional que ayudó a construir, hasta liderarlo, en la frontera seca paraguayo-brasileña (Ciudad del Este y Pedro J. Caballero) desde fines del siglo XX.
Los desafíos que le está planteando Washington a HC, serán recordados como el principio del fin del imperio cartista del crimen organizado y transnacionalizado (el mega contrabando y lavado de activos y su metástasis en la sociedad, la economía, la política y el estado locales) y que, por la propia naturaleza de tal imperio del mal, incluso se encuentra contaminado al menos por el lavado industrial de dinero del contrabando, del narcotráfico de las organizaciones criminales brasileñas y también de los millones de dólares que incrementa el poder terrorista de Hezbolá en oriente medio.
El jueves 26 de enero, no pocos, desde la vereda de enfrente del coloradismo cartista, a raíz de la convocatoria para la conferencia de prensa diplomática, a la manera de una «profecía de autocumplimiento» (M. Weber), conjeturaron que el anuncio en ciernes incluso podría tratarse del pedido de extradición de Cartes o Velázquez, acaso la de ambos. La preocupación y el temor acerca de ello, pero de manera asordinada, cundió también en las dirigencia y huestes del cartismo y al interior del vasto conglomerado de sus empresas, con miles de asalariados en el país. En contraste, empezó a propagarse la indisimulada esperanza de quienes creen que solo el poderío de EE. UU. puede salvar al Paraguay de caer de manera definitiva en manos del crimen organizado planetario, que tiene aquí a HC como su principal y subordinado aliado. Quienes así piensan olvidan, o no saben, que el «futuro de la democracia», en países como el nuestro, es un proceso en el cual la solidaridad internacional jamás debe suplantar a la voluntad de la propia ciudadanía organizada en partidos políticos y líderes realmente democráticos. La solidaridad democrática externa debe complementar, con fuerza, las iniciativas y procesos democráticos locales.
ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA GUERRA FRÍA
En liderazgos democráticos locales, en general fragmentados y con partidos muy débilmente institucionalizados, no se olvida que, si bien la corrupción público-privada tiene una historia casi tan larga como la de los azares de nuestro aún anémico republicanismo constitucional, tampoco se olvida que la «cataclísmica» corrupción actual, la del pos 1989, tiene sus antecedentes históricos directos (incluyendo la cuestión del contrabando y la monstruosa corrupción público-privada, aprovechada por el narcotráfico que se asentó aquí ya desde la década de 1960) en el estructural y corrupto autoritarismo «anticomunista» de Stroessner (1954-1989), un dictador militar con algunos rasgos totalitarios.
Tal régimen, hasta inicios de los años 80 del siglo pasado, es decir, casi a todo lo largo de la Guerra Fría (1947-1991), sin solución de continuidad fue apoyado por sucesivas administraciones norteamericanas, republicanas y demócratas. Eso empezó a cambiar sobre todo con la política de derechos humanos de la administración demócrata de Jimmy Carter (1977-1981), que continuaron sus sucesores, incluso los republicanos, con desarrollos de políticas públicas externas y de seguridad, hasta llegar a sus contenidos y dimensiones actuales.
En otras palabras, y sin olvidar la tradicional cultura paraguaya, contemporáneamente proclive a la corrupción, su generalización e institucionalización desde el poder hizo metástasis en el Paraguay de Stroessner. Desde inicios de sus décadas en Palacio de López, el dictador justificó la corrupción como un «precio de la paz» (al estilo de los Somoza de Nicaragua y otros dictadores similares en el hemisferio occidental), eslogan y disolvente política gubernamental y dictatorial, que por mucho tiempo no molestó a Washington, algo así como el costo latinoamericano a pagar para que en el hemisferio no se propagase el comunismo…
Aquellos polvos, trajeron estos lodos, que hoy también amenazan a los EE.UU., no solo desde Paraguay, y por eso estas políticas actuales anticorrupción de sucesivas administraciones norteamericanas, que recién muy tarde se convirtieron en poderosas políticas públicas anticorrupción, en tanto de manera sistemática el crimen se organizaba y experimentaba su metástasis transnacional, lo que obviamente también terminaría haciendo pagar un elevado precio a la «república imperial» estadounidense (Aron), que tuvo sus orígenes modernos siglos atrás en Europa, el imperialismo que, como el antisemitismo, según Arendt, es también uno de los antecedentes de los totalitarismos comunista y nazifascista del siglo XX.
Regresando a la cuestión de la cuota parte estadounidense en la gestación, desarrollo, larga duración e institucionalización de la corrupción paraguaya contemporánea, en el contexto de las relaciones internacionales hemisféricas, desde mediados de la centuria pasada y hasta fines de ella, un aporte sustantivo desde la investigación histórica y politológica es la de Frank O. Mora y Jerry Cooney, El Paraguay y Estados Unidos, Asunción, 2009, Intercontinental Editora, 371 p.11.
Pero quien en el presente mejor interpretó en el exterior el peso de la gestación, consolidación, expansión y transformación cualitativa de la corrupción sistémica en el Paraguay contemporáneo –hasta llegar a su estado actual en que ya alcanza el grado de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero e involucramiento con el terrorismo internacional, Hezbolá en particular– es Emanuele Ottolenghi. El 18 de abril de 2021 publicó un análisis clarividente en el National Interest (Washington, D. C.), titulado «La corrupción endémica de Paraguay no terminará sin que Estados Unidos intervenga» y en el que (editado y sintetizado por el autor de este artículo) entre mucho más de sustantivo, aquél expresa lo siguiente,:
«Paraguay sigue siendo un refugio para el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, gracias a sus élites políticas corruptas. A menos que Washington mantenga su atención y presión sobre los líderes paraguayos, únicamente con la sanción a Quintana Asunción solo hará un espectáculo. Desde el derrocamiento en 1989 del dictador fascista de Paraguay, Alfredo Stroessner, las viejas élites del país han abrazado apenas epidérmicamente la democracia, mientras, eso sí, siguen beneficiándose del legado de Stroessner: una estructura de poder en gran parte corrupta, fuertemente comprometida por una economía sumergida de contrabando y tráfico ilícito. Los motores gemelos de esa economía siguen siendo fronteras vastas y porosas y prósperos centros de lavado de dinero a lo largo de las fronteras del país, especialmente en la notoria Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay (ATFABP). Desde la década de 1980, Hezbulá ha construido un sofisticado centro de lavado de dinero basado en el comercio, en el corazón de una zona libre de comercio minorista de Ciudad del Este, en el lado paraguayo del ATFABP. La economía ilícita del ATFABP representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos. Una gran cantidad de mercadería enviada al ATFABP para alimentar esquemas ilícitos transita por los Estados Unidos. También lo hacen los pagos, que, como muestra un número creciente de casos que se están juzgando actualmente en Estados Unidos, exponen al sistema financiero estadounidense nada menos que al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.El sistema financiero de Paraguay está comprometido con el crimen organizado por medio del financiamiento del terrorismo, del contrabando de cigarrillos, del comercio de productos falsificados, del contrabando y de la evasión de impuestos, procedimientos y procesos todos que alimentan el fraude y, por tanto, atraen al crimen organizado como un imán».
De la lectura del trabajo de Ottolenghi se desprende que la intervención de los EE.UU. que propone nada tiene que ver con la denominada «diplomacia de las cañoneras» practicada por ese país desde principios del siglo XX en el Caribe y con nuevas y peores variantes desde la Guerra Fría.
Por tanto, y sin la menor duda, es imposible sostener que Paraguay (como ocurriría con cualquier otro país del orbe) individualmente pueda enfrentar con algún éxito, para tan siquiera mantener bajo cierto control a la corrupción local generalizada, sistémica e institucionalizada desde 1954 en adelante, consolidada socioculturalmente, y ni qué decir con respecto a los desafíos que plantea su alianza estratégica con crimen el organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacionales en el Paraguay de las últimas décadas. Además de la voluntad política decidida de autoridades nacionales democráticas, cuando estén en el Palacio de López, donde deben comportarse como los servidores públicos que constitucionalmente son, el Paraguay necesita con urgencia elaborar políticas públicas coherentes en materia de seguridad y relaciones internacionales y, desde luego, cumplirlas.
Tal manifestación de la voluntad pública, de manera imprescindible necesita contar con la colaboración de los EUA, sin olvidar el respaldo regional, hemisférico y mundial de otros actores internacionales, estatales y de organismos multilaterales. Por ello es importante destacar lo que también dijo en Washington el subsecretario del Tesoro Nelson, al anunciar y explicar las nuevas sanciones impuestas a Cartes y Velázquez, dando a entender también que resta todavía un tercer paso, el último, el del eventual pedido de extradición de ambos, responsabilidad que en su momento recaerá en el Departamento de Justicia, si hay mérito para ello, según investigaciones en curso de las secretarías de Estado y del Tesoro y del inmenso entramado de los organismos de seguridad e inteligencia de los EUA.
Es así que, al anunciar las últimas medidas contra Cartes y Velázquez, el subsecretario Nelson recordó que «El Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos». Y agregó, con énfasis demostrado en los hechos: «La acción de hoy expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas». El alto funcionario de la administración Biden, explicó además que la decisión que estaba haciendo pública «sigue a las restricciones de visa impuestas a Cartes y Velázquez en 2022 bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, que respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas».
Es, se reitera, una política de Estado, bipartidista, amparada en leyes de EE. UU., en el marco del derecho internacional público, y, por ende, las cuestionadas figuras políticas paraguayas afectadas, HC y Velázquez ahora, como ha ocurrido también con numerosas otras de diversos continentes, también elevadas en sus respectivos estados nacionales, al judicializarse los casos correspondientes en la superpotencia, sin la menor duda tendrán la garantía del debido proceso. Por si alguien dudase de lo que ha sido expresado hasta aquí, basta leer la mejor exposición de los fundamentos filosófico-políticos y de relaciones internacionales de estas acciones de las contemporáneas políticas intermésticas de la Casa Blanca, que el mismo presidente Joseph R. Biden Jr. firmó y publicó, después de haber leído en el Despacho Oval, el 3 de Junio de 2021, el documento que se titula: Memorándum sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¡nada menos!
