Al mediodía del lunes, Raúl Florentín, juez penal de garantías de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió el auxilio judicial solicitado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero para obligar a Horacio Cartes, expresidente de la República a comparecer ante la misma, incluso con el auxilio de la fuerza policial.
La resolución del juez fue no dar lugar al pedido de la CBI, debido a que Cartes cuenta con fueros en su carácter de expresidente y senador vitalicio. El magistrado explicó que el artículo 11 de la ley 137/93 “Qué instituye las comisiones conjuntas de investigación”, es claro en el sentido de que las personas que gocen con fueros no tienen la obligación de comparecer. El artículo en cuestión reza textualmente cuanto sigue; “Serán de aplicación supletoria las disposiciones del código procesal civil y del código procesal penal inclusive las modalidades previstas para los testigos que gocen de fueros especiales”.
“No es una decisión antojadiza. Ya existen precedentes con Wasmosy y Andrés Rodríguez, por ello que el artículo 11 es aplicable. Él (por Cartes) puede decidir ir o atenerse a la modalidad reglamentaria”, explicó. Florentín solo se limitará a informar al expresidente que fue citado para este martes 6 de septiembre a las 9:30 horas de la mañana a comparecer en el Congreso Nacional. Pero en caso de no acudir, solo se expone a una multa o a una pena privativa de libertad simbólica de unos días, pero no puede ser obligado a acudir por la fuerza.
“Lo que vamos a hacer es comunicar sobre la audiencia pero no ordenaremos a las fuerzas públicas a obligarlo a comparecer”, puntualizó. Según el artículo 5 de la ley 137/93 “Qué instituye las comisiones conjuntas de investigación”, la persona citada que no compareciere y no ofreciera causa justificada de su inasistencia será pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios (G. 2,9 millones a G. 9,8 millones) para actividades diversas no especificadas en la capital o sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días.
El viernes pasado, Pedro Ovelar, abogado del exmandatario, había adelantado que solo responderán a las consultas por escrito. Ante este revés generado por la decisión del juez Florentín, queda por definir si la CBI cambia de postura y decide aceptar este tipo de respuestas o no.
