A menudo, las personas mayores son víctimas de todo tipo de violencia, en su condición de dependencia y de vulnerabilidad; en la mayoría de los casos sufren de abusos por parte de algún familiar, que dispone del haber jubilatorio del adulto mayor para sus propios fines. En esta situación se refleja la violencia intrafamiliar con la explotación económica que sufren los adultos mayores.
Según la Constitución Nacional, en su artículo 57: Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. La falta de seguimiento y monitoreo de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social y de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones de Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda a jubilados víctimas de explotación financiera por un familiar aprovechador. Es una irresponsabilidad la falta de acción ante esos casos, algunas veces con denuncias no escuchadas e ignoradas, absoluta despreocupación ante el sufrimiento de aquellos jubilados que son víctimas de fraude.
Sin duda, hemos avanzado como mujeres al ejercer altos cargos, posicionarnos y empoderarnos, con vocación de servicio y compromiso con la sociedad, algunas demostrando una brillante gestión, sin embargo, con otras representantes, no refleja de igual manera.
En la actualidad, ante las oportunidades de posicionamiento en cargos claves, se reconoce la inclusión de Mujeres con cierta insensibilidad, empatía, carentes de humanidad, que impiden llegar a resultados esperados, sobre todo en la lucha por una sociedad libre de todo tipo de violencia.
Las representantes mujeres Cecilia Rodríguez, Gerente de Prestaciones Económicas y Liz Del Padre Directora de Jubilados y Pensiones de Caja Fiscal deberían amigarse con las leyes vigentes. La misión de los que operan los sistemas de Pensiones no se detiene en la figura de ser solamente pagantes, si fuera así solo necesitaríamos un Banco, se enfoca más bien en la de velar por una mejor calidad y bienestar de vida de jubilados y pensionados, pagar bien en sentido social, que permita seguridad económica a los Jubilados. Ambas direcciones cuentan con toda una estructura dentro de sus direcciones, con personales y recursos asignados; es ahí el significado y la relación del mismo nombre ¨Previsión Social¨ ¿será que están controlando y atendiendo estos casos?. Son servidoras del estado y las puertas deben estar abiertas para todos los jubilados y pensionados, deben tener como tarea intervenir y preocuparse por mejorar los procesos de controles de pagos, lograr más cercanía y estar a disposición de las abuelitas y abuelitos, y de su situación. En otros países esta misión es materializada en Hogares de Acogida, Servicios Sociales de Monitoreo, Clubes de Adultos Mayores, entre otros.
En resumen, no solamente se visualiza la violencia intrafamiliar con la explotación económica a los jubilados, se suma la violencia estructural de estas direcciones, que indirectamente avalan, autorizan el pago sin el debido control y monitoreo, permitiendo de esta manera que terceras personas se adueñen del haber jubilatorio de un adulto mayor, desatendiendo, ignorando la situación.
Estas son las malas prácticas que ocultan la violencia a jubilados, pisoteando sus propios derechos. Y si esto está ocurriendo ¿Quiénes los protegen?.
