Desde la llegada de Enio Verri como director general de Itaipú en Brasil, en marzo de 2023, la binacional ha firmado más de 120 acuerdos socioambientales por un monto cercano a los US$ 333,3 millones hasta julio de 2024, según informó el periódico Folha de S. Paulo. Esta expansión en el gasto, financiada con las facturas de electricidad de los habitantes de las regiones Sur, Sureste y Centro-Oeste de Brasil, ha sido calificada por los críticos como excesiva y carente de criterio.
Según el informe, la página oficial de Itaipú que detalla las alianzas no ofrece información completa sobre el contenido de los acuerdos y no incluye datos del segundo semestre de 2024. Folha accedió a parte de los documentos firmados y, tras consultar a expertos, identificó vacíos de información en el material analizado.
Uno de los acuerdos más destacados es el programa “Bio Favela – Cufa e Itaipú por la Vida en la Favela”, firmado con el Instituto Athus, socio de la Central Única das Favelas (CUFA) en Paraná. Este proyecto tiene como objetivo promover actividades educativas, culturales y deportivas para niños y jóvenes, además de fomentar el emprendimiento y la generación de empleo.
Para este programa se han destinado US$ 4,04 millones, con un plazo de ejecución de agosto de 2024 a agosto de 2027. El proyecto inicialmente estaba previsto para alcanzar 20 comunidades, pero el Instituto Athus informó que se ha ampliado a 40 favelas. Las actividades incluyen talleres de baloncesto 3×3, fútbol sala y skate, que se realizan dos veces por semana con una duración de dos horas por sesión, para beneficiar al menos a 600 niños y jóvenes de entre diez y 15 años por cada modalidad.
No obstante, el informe de Folha de S. Paulo destaca que llama la atención la contabilización de algunos gastos, como la compra de material deportivo, lo que ha generado dudas sobre la eficiencia y el control en la aplicación de los recursos.
En respuesta, Itaipú aseguró que monitorea los acuerdos para garantizar la correcta utilización de los fondos y que sus proyectos tienen como fin principal contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.
En octubre pasado, Athus formalizó la adquisición de 2.100 pelotas por US$ 50 cada una. Habría 1.050 de baloncesto y 1.050 de fútbol sala. Este billete, sin embargo, fue cancelado y el nuevo tenía un valor de US$ 33,3 por bola, aumentando el número a 3.150 unidades, o 1.575 de cada tipo. La proporción es de casi tres pelotas por cada joven atendido.
Ambas notas informan que los balones son de la marca Penalty, pero no especifican el modelo ni ninguna característica, una inexactitud considerada extraña por abogados especializados en proyectos socioambientales entrevistados por el informe.
Afirman que detallar las características del producto es un procedimiento básico en la correcta valoración del gasto. Algunos lugares incluso exigen que la cotización y compra de pelotas se base en características como peso, tamaño y tipo de material y prohíben la mención de marcas para no parecer una compra dirigida.
La oficina de prensa de Athus explicó a los periodistas que la primera factura fue rectificada porque no reflejaba los valores finales correctos, obtenidos tras negociaciones que permitieron un mejor descuento para la compra de productos superiores, de mayor duración: el balón de baloncesto Penalty Crossover Size 7 y el balón de fútbol sala Penalty Max 1000 Termotec XXIV.
Respectivamente, cuestan alrededor de US$ 83,3 y US$ 50 por unidad en tiendas de artículos deportivos.
Sin embargo, las fotos que aparecen en el informe financiero muestran balones de baloncesto Playoff IX y Penalty RX, que cuestan poco más de US$ 16,6. Publicaciones en redes sociales de noviembre, que registraron la llegada de los balones a algunas comunidades, muestran a niños con estos modelos más económicos.
Según Athus, las bolas de Playoff y RX que aparecen en las fotos de los estados financieros fueron regalos. La entidad envió a Folha fotos que muestran a niños en actividades con los balones más caros, pero con el compromiso del periódico de no publicarlas para no exponer a los menores.
Sin embargo, los responsables de proyectos deportivos se sorprendieron tanto por la cantidad de pelotas compradas como por el tipo y el descuento.
El presupuesto del acuerdo prevé la compra de 2.100 balones al año, es decir, 6.300 en total. Los profesionales del deporte aseguran que para atender a 600 beneficiarios anualmente en 40 localidades, dos veces por semana, 400 por deporte son suficientes. No es necesario tener más de una pelota servida por persona.
También comentaron que cada uno hace un proyecto social con el material que consigue, pero tener tantos Crossover 7 me parece exagerado. El modelo es de alto rendimiento para deportistas adultos. Al ser más grande y pesada, puede incluso lastimar a un niño pequeño, y las manos de muchos jóvenes no tienen el tamaño adecuado para sostener una pelota como esa.
El Max 1000 está en la élite del fútbol sala. Certificado por la FIFA, está diseñado para volar literalmente. Darle una pelota así a un joven aficionado es como sacarlo de un partido de karts y pedirle que conduzca un Ferrari, comparan.
Las pelotas que se consideran más apropiadas para los talleres recreativos infantiles y juveniles son las más sencillas y baratas, que Athus relata como regalos gratuitos.
Los descuentos obtenidos también sorprendieron a quienes trabajan en el sector. Un directivo quedó tan sorprendido que utilizó la expresión “explotó en el norte” para definir la compra: éxito total. Hubo consenso entre los especialistas consultados en que el proveedor necesita tener un margen inusual para fijar el precio en US$ 33,3, especialmente en el caso del Crossover 7.
La marca Penalty es ofrecida por cadenas nacionales, con las que podrás regatear al comprar grandes volúmenes. Sin embargo, el proveedor en este caso fue Cocatto Sportes – Uniformes Esportivos, de Curitiba, que a pesar de su nombre también está dispuesta a suministrar otros artículos deportivos, como zapatillas y balones, si el cliente lo desea.
Una investigación realizada por Folha identificó que la empresa está registrada como ME (microempresa). Para permanecer en esta modalidad, que prevé exenciones fiscales, es necesario tener una facturación anual de hasta US$ 68.400 La venta de las pelotas fue de más del doble de ese valor, US$ 113.400
Otro acuerdo que llama la atención es el “Programa de Formación AMP 4.0”, que, como su nombre indica, se firmó con la Asociación de Municipios de Paraná. Cuenta con un presupuesto de US$ 8 millones para capacitar gestores en políticas públicas de diciembre de 2023 a diciembre de 2025. El alcance es diverso: hay formaciones para trabajar con autismo, alfabetización, ocio y deporte y licitaciones.
AMP, sin embargo, no tiene la estructura para ofrecer el foco del acuerdo, la capacitación en sí. Subcontratar la formación a una institución educativa.
Este tipo de acciones, según los abogados del sector, pueden suscitar interrogantes. El TCU, por ejemplo, entiende que transferir todo el objeto de un contrato es un procedimiento irregular.
Itaipú, sin embargo, por ser una empresa estatal binacional entre Brasil y Paraguay, no está bajo la jurisdicción del TCU ni de ningún órgano de control externo. La única entidad que puede pedir explicaciones es el Congreso, de cada lado de la frontera, por el país que es su responsabilidad.
Quienes dirigen Itaipú también tienen bastante autonomía para gastar. La firma del director general es suficiente para aprobar un acuerdo de hasta US$ 200.000. Los gastos de hasta un millón de dólares requieren una aprobación conjunta, incluido el director general del otro país, quien no suele hacer preguntas. Para proyectos de hasta US$ 5 millones se requiere la aprobación de la junta directiva. El consejo de administración puede ser convocado en cualquier momento, pero se ocupa de cantidades mayores.
El dinero canalizado para financiar estos y otros proyectos proviene de la tarifa energética de la planta, obligatoria para todos los brasileños que viven en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, una tarifa que se ha mantenido alta precisamente para generar esos mil millones extra para obras y proyectos socioambientales.
Sólo el año pasado, Itaipú en Brasil dispuso de US$ 450 millones (equivalentes a R$ 2.500 millones) para financiar proyectos, un procedimiento que el gobierno describe como cumplimiento de la “misión socioambiental de Itaipú”.
OTRO LADO: Monitoreo asegura correcta aplicación de recursos, dice Itaipú
Itaipú envió un comunicado a Folha destacando que monitorea continuamente los acuerdos para garantizar la correcta aplicación de los recursos.
Respecto a Bio Favela, dijo que el socio deberá presentar al menos tres cotizaciones, considerando disponibilidad, tiempos de entrega, flete y calidad, priorizando la mejor relación costo-beneficio. Explicó que, en este proceso, identificó valores por encima del mercado y solicitó ajustes.
“La entidad ejecutora rehizo las cotizaciones, presentó justificaciones y beneficios adicionales en la negociación”, dice el texto.
Según Itaipú, Athus rinde cuentas y presenta evidencias y comprobantes de las actividades, a través de informes financieros y de informes de actividades realizadas. El informe de actividades, indicó la oficina de prensa de la planta, mostró que los niños atendidos utilizaron materiales compatibles con los valores presentados en las notas.
Al ser contactada, la oficina de prensa de Cufa dijo que la Red Cufa realiza alianzas con ONG en diversas localidades, pero no tiene conocimiento del proyecto técnico, de la administración de recursos ni de la toma de decisiones, limitándose a movilizar a los jóvenes para recibir los beneficios.
“La rendición de cuentas es responsabilidad del Instituto Athus, que es responsable del acuerdo”.
El Instituto Athus aportó varios datos adicionales para el informe, que se incluyen en el texto, y también reforzó su compromiso de obtener el mejor equipamiento al precio más competitivo.
“Entendemos que estos jóvenes generalmente no tienen acceso a material de calidad. Así que cuando tenemos la oportunidad, lo hacemos”, afirma el texto.
“Las pelotas llegan en tandas, y las primeras que llegaron fueron las que teníamos contabilizadas, pero todas las adquisiciones serán en todas las cuotas, lo que se dará a lo largo de la ejecución del proyecto”.
El reportero también se puso en contacto con Cocatto Sportes. Se presentó como periodista de Folha y explicó el motivo de la llamada telefónica. La persona que respondió dijo que la conexión estaba mala, que tenía un cliente que atender y colgó. El teléfono no fue contestado en intentos posteriores.
Sobre la alianza con AMP, el equipo asesor de Itaipú afirmó que, por norma interna, la estatal no firma convenios con instituciones con fines de lucro y eligió a AMP debido a su alcance.
“Se trata de una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, de ámbito estatal, que representa a los 399 municipios del estado”, describe el texto, y agrega que la AMP tiene conocimiento técnico de la realidad local y capacidad para gestionar el programa, que recibió 35 mil postulaciones y cuenta con 18 mil 714 estudiantes activos.
“La AMP fue responsable de seleccionar, mediante un proceso de selección público con criterios técnicos, las instituciones educativas calificadas para impartir los cursos, asegurando la calidad y eficiencia de la formación de los servidores públicos municipales”, explica.
“Todos los procesos se llevaron a cabo con rigor técnico y alineados a las mejores prácticas de gestión pública, respetando los principios de economía, eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos”.
La oficina de prensa de la AMP respondió a la noticia diciendo que enviaría un comunicado, el cual aún no había llegado al momento de publicar este texto.
