Impuestos, calidad del gasto y políticas

“Querés recibo nomás?” es la pregunta que generalmente nos hacen en cualquier res­taurant o tienda, incluso en el supermercado. Muchas veces, elegir recibo y no factura, implica un descuento ya que no pagamos el IVA de lo que estamos comprando. Pero qué sucede con ese IVA que no pagamos? El IVA es un tipo de impuesto que se carga en los bienes y servicios que compramos y que a su vez paga quien nos proveyó esos bienes o servicios, pero de alguna manera termina siendo pagado al Estado. Tanto para pequeños como grandes contribuyentes existe una variedad de impuestos y formas de pagarlos, así como muchas otras formas de no hacerlo: legalmente a través de descuen­tos o compensaciones e ilegalmente, evadiendo el pago. Ese dinero se transforma en in­greso tributario que alimenta los fondos que el Estado utiliza para su funcionamiento, a través de gastos corrientes (los costos fijos como salarios, jubilaciones, pensiones, bienes y servicios, intereses contractuales) y gastos de capital (que corresponden a la inversión física y financiera del Estado).Según un informe reciente del Banco Mundial, lo que se destina en Paraguay al pago de salarios se acerca al 70% de los ingresos tributarios, es decir de lo que pagamos en impuestos. Esto es mucho más que la media en América Latina y deja en evidencia la indiscutible necesidad de mejorar la eficiencia y calidad del gasto. Partiendo de lo que tenemos hoy, es importante también comprender que las políticas públicas que se implementan a través de acciones, proyectos, planes y progra­mas, son llevadas a cabo por funcionarios del sector público. Entonces, cuando pagamos impuestos estamos de alguna manera propiciando que esas políticas se traduzcan en servicios para la ciudadanía. La responsabilidad de gerenciar los recursos públicos de manera eficiente y transparente, asignándolos a las diversas políticas para su efectiva realización, es de los funcionarios de alto nivel quienes proponen la asignación de re­cursos para sus entes y de los legisladores, quienes aprueban el Presupuesto de Gastos de la Nación anualmente. Al momento de pensar acciones desde el Estado que pretendan impactar en la calidad de vida y oportunidades de la ciudadanía, se debe asegurar que los fondos para su implementación existan y les sean asignados, sino de nada servirá diseñar políticas sociales de calidad que sin presupuesto quedarán en el papel.