Se trata de la ex Jueza Tania Irún, quien ya fue imputada por violar ley de territorialidad y soberanía al entregar tierras dentro la franja fronteriza de 50 kilómetros a extranjeros, la misma actuó en contubernio con los camaristas Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zárate, quienes deberán también ser imputados.
En el 2018, la jueza Irún dictó una resolución obligando transferir las tierras a firmas extranjeras sin que cuenten siquiera con constitución legal en el país y sin conocer a los verdaderos propietarios, lo que posteriormente provocó la imputación de la magistrada y su separación del cargo.
Lo peor del caso es que la cámara de apelación, integrada por los cuestionados magistrados Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zárate ratificaron la actuación irregular de la ex jueza Tania Irún, por lo que fueron denunciados ante la fiscalía y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Además los magistrados miembros de la cámara de apelación; Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zárate cuentan con frondosos antecedentes por mal desempeño en sus funciones.
Miguel Ángel Rodas tiene tres denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones en dos casos de desalojo y en varias otras causas cuando se desempeñaba como juez en lo civil y comercial.
La magistrada Antonia López de Gómez tiene 4 denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento. Según un expediente judicial, Antonia López fue denunciada por mal desempeño en un caso de juicio ejecutivo, en otro caso fue denunciada por la cámara de senadores y cuenta con otras causas.
Stella Marys Zárate también tiene denuncias por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un caso de indemnización como miembro de la primera sala del tribunal de apelación. Además fue denunciada en el caso Cusabo Limited y otros.
La Ley limita a extranjeros a comprar tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, la exjueza Irún, los camaristas Miguel Rodas, Antonia López y Stella Zárate ignoraron a la misma y entregaron miles de hectáreas a extranjeros que forman parte de empresas en situación irregular.
Este hecho no solamente es reprochable por su ilegalidad y por el mal desempeño en sus funciones de los magistrados, incluso supone un riesgo a nuestra propia soberanía. De inmediato los magistrados deben ser procesados.