Ante las reiteradas críticas que se hacen a la justicia, siempre la gran pregunta es ¿puede, institucionalmente, un país corregir los entuertos de una nación tremendamente injusta y desigual como la nuestra? Esta es una pregunta, una interrogante que se plantean pensadores, filósofos, políticos. ¿Puede llegar una justicia como la paraguaya al fondo de las cuestiones sin que se tenga que incurrir en hechos con actores interesados en torcer la voluntad de la misma?
En Paraguay el porcentaje de personas condenadas por hechos delictuosos es sólo del 1%; un 99% de posibilidades para aquel que cometió un hecho delictuoso tiene la posibilidad de zafar, de no terminar siendo sancionado en lo que Gary Becker llama la Economía del Crimen. Esta sigue pagando demasiado bien entre nosotros y esa es la circunstancia que nos lleva a que todo lo demás que se realiza en el ámbito político, económico y social no tenga nunca la posibilidad correctiva de aplicar la sanción adecuada a un caso determinado.
Nuestros niveles de credibilidad en la justicia también chocan con la alta presunción de que hay dinero, manejo político de fiscalías y de jueces que temen a muchas de las instituciones que se crearon con el fin de dar independencia y autonomía -y por el contrario- la hicieron todavía mucho más dependiente y esclava de esos intereses.
Hay que buscar una justicia que realmente se parezca a lo que anhela la sociedad paraguaya en su conjunto, porque si todo esto no nos molesta y la consideramos absolutamente normal, el problema es que las instituciones sólo reflejan el carácter de la sociedad en su conjunto.
