Hay una repetida afirmación que dice “si quieres conocer cómo es un país, ve cómo trata a sus presos y a sus enfermos mentales”. En las dos cuestiones el Paraguay se encuentra muy lejos de los lugares en donde la dignidad humana tendría que estar.
Lo que aconteció en el penal de Tacumbú es la continuación de lo que ya pasó en San Pedro, en Villarrica, en Ciudad del Este, en Encarnación, donde están 15.000 reclusos esperando ser condenados y con una justicia que no se mueve si no es a billetazos.
Hay una complicidad de todos los actores judiciales, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, todo eso metido en un lugar en donde, en circunstancias como éstas, encuentran siempre una manera de explotar y cebarse con la vida de varias personas en su interior.
Si sumamos a eso las bandas criminales venidas, muchas de ellas desde Brasil, han encontrado también un refugio para esparcir su criminalidad en medio de personas sin esperanzas y sin oportunidades.
Muchos de ellos son reclutados para continuar con la misma ola delictiva de la que ya fueron sus víctimas, yendo a estos sitios en donde muy lejos se encuentra la posibilidad de la reinserción social. La política criminal, la política del Ministerio de Prisiones, que así debería denominarse y no Ministerio de Justicia, tendría que hacer una gran revolución en torno a lo que significa el tratamiento con dignidad a las personas privadas de su libertad.
Si no lo hacemos, seguiremos lamentando circunstancias como las que se dieron en Tacumbú en las últimas horas, pero no pasará de ser un hecho más y no habrá tampoco menos que digan: “bien se lo merecen por haber estado en dicho lugar”. Debemos recuperar el sentido de la dignidad en el trato a las personas que se encuentran privadas de su libertad.
