POR BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO
Los transportistas vuelven de nuevo a la carga tras sus socios del gobierno, con quienes mantienen una relación que solo perjudica al mandante, al usuario, al que usa el servicio de transporte público y que tiene que padecer la mala administración de estos recursos. Hasta ahora, el gobierno no ha planteado cuál es la modificación reglamentaria que quiere realizar para que esto cambie. Tiene un montón de vehículos eléctricos donados por Taiwán que están esperando ser usados y sobre los cuales no existe una sola idea original que plantee el gobierno.
Tampoco los transportistas quieren dejar de ser subsidiados y reclaman 8 millones de dólares porque, de lo contrario, ya no podrán continuar dando el servicio, afirmando a través de su vocero, el desprestigiado César Ruiz Díaz, que si no lo hacen, 15 de las 30 empresas dejarán de operar. De nuevo, chantaje, extorsión, mala administración, falta de reglamentación y escaso compromiso público tienen un solo perjudicado: el usuario.
