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Las represiones policiales han sido características en varios países del mundo y han generado tremendas reacciones políticas como consecuencia. Ahí está el caso de Chile, donde un millón de personas se manifestaron en un momento determinado por las calles de Santiago, enojados por el aumento del precio del metro, pero sin embargo, estaban más descontentos por la desigualdad, que terminaron acordando de que la mejor fórmula era cambiar la Constitución.
Los chilenos han elegido a sus representantes y están en pleno proceso de escribir una Constitución. Casi siempre en América Latina creemos que se inventa un nuevo país cuando se redacta una nueva Constitución, pero si no existe ni la voluntad ni el deseo de hacer de la Constitución un pacto que rige el acuerdo entre las partes, es poco probable que esa sea una fórmula eficiente.
El Gobierno se enfrenta casi siempre al dilema. Hago cumplir la norma con una represión violenta y como consecuencia de eso, si hay muertos y heridos, cargo las consecuencias políticas que significan grandes mudanzas al interior e incluso un cambio en el Gobierno.
El de Abdo es un gobierno débil que está a punto de cumplir sus tres años de un mandato de cinco, y sabe perfectamente que un exceso en la represión policial contra este festival de manifestantes puede significar sencillamente que se acabe su período de forma abrupta.
