En sesión extraordinaria la Cámara de Senadores se analizó como único punto del orden del día el proyecto de Ley “Que garantiza la protección ante el criadazgo de niños, niñas y adolescentes”.
Tras un amplio debate, el Pleno resolvió rechazar la propuesta legislativa y lo devolvió nuevamente a la Cámara de Diputados.
Durante el tratamiento del tema, el senador Eduardo Nakayama, en representación de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, defendió el dictamen de aprobación con modificaciones.
Señaló que el proyecto busca garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mediante la penalización del criadazgo. Explicó que las comisiones asesoras de Familia; Derechos Humanos y Pueblos Indígenas también trabajaron en las modificaciones introducidas.
“El criadazgo se ha convertido en una práctica que en algunos casos fue vista como una oportunidad de mejora para niños del interior del país, pero hoy está profundamente degradada: hablamos de explotación infantil, abuso sexual y físico, trata de personas. Recordemos el caso Panambi, por el cual Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó el senador.
El legislador explicó que se revisaron aspectos fundamentales del proyecto, incluyendo la expectativa de penas. La sanción original de hasta 20 años fue considerada excesiva, por lo que se redujo a un máximo de 10 años, con el fin de evitar potenciales abusos procesales o judiciales.
Desde la Comisión de Derechos Humanos, su presidente, el senador Mario Varela, destacó el trabajo técnico realizado para alcanzar un consenso sobre la tipificación del criadazgo como delito, afirmando que el dictamen fue favorable.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, indicó que el proyecto aprobado en Diputados no cumplía con los requisitos necesarios para su aprobación.
Subrayó que, aunque el criadazgo es visto por algunos sectores como una práctica positiva, en realidad priva a niños y niñas de su libertad y su derecho a vivir plenamente su infancia, muchas veces en contextos de maltrato sin consecuencias legales.
