La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe y dictamen sobre la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas, correspondiente al año 2021. Este informe detectó un total de 96 reportes de indicios de hechos punibles.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), administrada por Félix Kanazawa desde el 20 de abril del 2020, fue una de las instituciones que registró irregularidades. Según se lee en el informe, la licitación pública 10/21 “Adquisición de escáner de rayos X 180180 para cargas doble vista – Ad referéndum” ID 390503 por G. 4.998 millones (US$ 719 mil), que tiene como empresa adjudicada a OMNI S.A. presenta varias falencias.
La primera es que la Dinac no desglosó los precios del bien a adquirir al momento de la “Estimación de costos” que fue publicada entre las documentaciones del llamado. Es decir, no especifica con detalles las razones del costo establecido por el citado escáner.
Otra irregularidad es que la Dinac publicó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) el 12 de junio del 2021. Y la apertura de ofertas se produjo el 21 del mismo mes. Es decir, solo nueve días después, cuando el artículo 21 de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas es claro en afirmar que las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) deben tener su apertura de ofertas, recién a los 20 días posteriores a la presentación del PBC.
Otro aspecto llamativo es que la Dinac no presentó las copias de los documentos que evidencian que OMNI S.A. cumplió con la experiencia requerida que tenía como requisito excluyente en el PBC.
A esto se suma que el contrato no establecía ningún pago de anticipo. Sin embargo, la Dinac pagó a la citada empresa la suma de G. 470 millones en ese concepto.
ANTECEDENTES
El pasado 10 de junio, la misma Contraloría culminó un informe final de investigación, sobre otra licitación de la Dinac adjudicada a OMNI S.A. Se trató del llamado con ID 330224 por G. 49.997 millones (US$ 7,2 millones al cambio actual).
Debido a denuncias sobre el no funcionamiento de los radares, a fines del año pasado, la Contraloría inició una investigación para corroborar los hechos. Los resultados fueron que efectivamente los radares no funcionaban. La firma proveedora OMNI S.A. tiene como representante legal a Eduardo de Gásperi Camacho, extitular de Aduanas y exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS). El caso está siendo investigado por el Ministerio Público en la actualidad.
En diciembre del 2017, la Dinac adjudicó a la empresa OMNI S.A. para la compra de un radar que debía instalarse en el aeropuerto de Concepción. El contrato fue firmado durante la administración de Luis Aguirre y se estableció un periodo de entrega de 180 días (vencía en marzo del 2018).
Durante la administración de Édgar “Beto” Melgarejo (asumió en agosto del 2018) se iniciaron los pagos y se extendió el plazo de entrega hasta abril del 2019 de mutuo acuerdo entre la Dinac y OMNI S.A. El total de casi G. 50 mil millones (poco más de US$ 7 millones) se terminó de pagar en mayo del 2020.
