(EFE).- El Congreso de Perú, que domina la oposición política, decidió adelantar a primera hora de este lunes la reunión de su Junta de Portavoces para analizar la revelación de que una empresaria investigada por la Fiscalía ha implicado al presidente, Pedro Castillo, en un presunto caso de corrupción.
“He decidido adelantar la Junta de Portavoces para el día lunes a las 9 am, con carácter de urgencia, debido a la grave situación por la que atraviesa nuestro país”, anunció en Twitter la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
La presidenta del Legislativo, que milita en el partido derechista Acción Popular, reafirmó su “compromiso en la lucha contra la corrupción” y dijo que el Congreso “seguirá fiscalizando de acuerdo a sus atribuciones”.
Medios locales publicaron este sábado que la empresaria Karelim López, quien es investigada por su presunta participación en delitos de corrupción por la Fiscalía, comprometió al izquierdista Castillo en las actividades de una supuesta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano.
Diarios como La República y El Comercio señalaron que han revisado documentos que prueban que López solicitó acogerse a la “colaboración eficaz” (delación premiada) para brindar información a la Fiscalía a cambio de obtener beneficios judiciales.
López, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, supuestamente relató eventos que ocurrieron en el Palacio de Gobierno y en una casa del distrito limeño de Breña en la que Castillo residió y celebró reuniones durante los primeros meses de su mandato, que comenzó el 28 de julio pasado.
Tras la divulgación de esa información, Castillo vinculó esas declaraciones con la presunta intención de grupos de poder de destituirlo del cargo y pidió que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Tenemos que ser respetuosos de la democracia, del mandato de este pueblo”, enfatizó.
El gobernante anticipó que en los próximos días “va a haber ruidos políticos” en su país y dijo que un “grupo de poder económico” no quiere que su Gobierno atienda al pueblo y “ha convencido a una persona de declararse colaboradora eficaz con millones de soles y mañana van a llenar las páginas para de una vez por todas demandar una suspensión, dar una vacancia” a su Gobierno.
A pesar de ello, Castillo hizo un llamamiento a la tranquilidad y manifestó su confianza de que el pleno del Congreso, que domina la oposición, dará el próximo 8 de marzo un voto favorable al gabinete de ministros que preside el jurista Aníbal Torres.
Por su parte, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, criticó al Equipo Especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú por la filtración a la prensa de las declaraciones de la empresaria.
Afirmo que la Fiscalía “tiene la obligación de guardar la reserva y los nombres” del caso “y no lo ha hecho”, por lo que consideró que la prueba ha perdido validez.
“La ley es clarísima, si hay un delator o declaración eficaz y esta información se filtra, esa prueba ya no vale”, remarcó antes de acusar al equipo fiscal de actuar “con fines políticos”.
Pachas consideró, además, que la declaración de López y las acusaciones lanzadas contra Castillo en las últimas semanas por sectores de la prensa responden a un plan para sacarlo de la presidencia.
“Quiero dejar en claro, el presidente no está involucrado en ningún acto de corrupción y esto obedece a un plan de vacancia”, concluyó.
