La Comisión Especial de Investigación sobre Importación Ilegal de Productos, presidida por la senadora Lilian Samaniego, se reunió para abordar las irregularidades en el ingreso de mercaderías al país y sus consecuencias en la salud pública, la economía formal y la competencia leal.
En la ocasión, la senadora Lilian Samaniego explicó que el objetivo de la Comisión es reforzar los mecanismos de control y dar un seguimiento riguroso a las investigaciones en curso, con miras a restablecer la formalidad en los procesos de importación.
La reunión contó con la participación de representantes de la Cámara de Importadores de Paraguay (CIP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (CAIMPECO), la Cámara Paraguaya de Proveedores (CAPRO), la Cámara de Bebidas y Alimentos del Paraguay (CABE) y la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (CAPABA).
Todos coincidieron en advertir que la obtención de medidas cautelares a través de la Corte Suprema de Justicia favorece a ciertos sectores, generando graves perjuicios al comercio formal.
El presidente de la Cámara de Comercio Internacional, Ing. Iván Dumot Ferrari, valoró la creación de la Comisión al señalar que el problema se arrastra desde hace años. Advirtió que el Código Sanitario está siendo vulnerado y que circulan en el mercado productos sin control, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.
Recordó que todo artículo debe contar con registro sanitario y trazabilidad, y subrayó que las facultades de la DINAVISA son limitadas cuando los bienes ingresan sin control aduanero.
En la misma línea, la senadora Yolanda Paredes cuestionó la actuación de algunos ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, quienes —dijo— al conceder beneficios a determinadas empresas ponen en riesgo la competencia leal y la seguridad del consumidor.
La Comisión resolvió solicitar un informe detallado sobre las medidas cautelares presentadas ante la Corte Suprema y, en particular, las otorgadas por los nuevos ministros, a fin de evaluar su impacto en la salud pública y en el comercio formal.
