El toque de queda ordenado de manera imprevista por el presidente peruano, Pedro Castillo, para la provincia de Lima y su vecina Callao comenzó este martes a las 2.00 hora local sin que, hasta el momento, se hayan reportado detenciones o incumplimientos.
La medida fue adoptada por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.
«El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales», dijo el presidente Castillo en una alocución minutos antes de la medianoche.
Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, «suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito».
El anuncio del gobernante sorprendió a los 10 millones de limeños e incluso gran parte de la ciudadanía no se enteró de la medida de inmediato, ya que, cuando la comunicó, muchas personas ya estaban descansando.
La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.
Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.
«Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia», concluyó.
Por ese motivo, generó de inmediato un mayoritario rechazo, entre ellos de la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien afirmó en Twitter que Castillo «no puede impedir el funcionamiento del Congreso» de acuerdo a la Constitución.
Anunció que, por ese motivo, el Legislativo «continuará con su agenda prevista para hoy martes 5 de abril».
Incluso la congresista Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, se dirigió al presidente para señalar que «siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias».
La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima durante este martes, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.
Durante la protesta de los transportistas, y a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que otras veinte personas han sido detenidas.
Aunque el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio próximo, Castillo justificó el toque de queda debido a los «hechos de violencia que algunos grupos han querido crear» con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao.
El gobernante hizo «un llamado a la calma, a la serenidad» y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse «dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas , así como la propiedad pública y privada». EFE
