A la “izquierda” socialista, parece no gustarle mucho el hecho de tener que respetar las reglas del juego democrático, que incluyen estar pacíficamente en la oposición cuando pierdes unas elecciones. El caso más reciente lo tenemos en Colombia, que ha vivido en las últimas semanas una de sus peores crisis políticas, con las ciudades de Bogotá y Cali como epicentros de violentas manifestaciones y feroces ataques subversivos. Violencia que ha contado con la solidaridad de buena parte de la “izquierda” agitadora e insurrecta.
Las movilizaciones sociales, un derecho legítimo en un contexto democrático, se concretaron en un paro nacional de ocho días consecutivos, un hecho sin precedentes que ha creado una tensión social realmente traumática, 19 muertos y casi 1000 heridos. La protesta empezó el pasado 28 de abril y tenía en su origen, aparentemente, manifestar un profundo descontento social con el Gobierno por sus erráticas e ineficientes políticas sociales y económicas. Es de todos conocidos que Colombia es un caso muy complejo en América Latina: se trata de un país gravemente golpeado por el narcotráfico, las guerrillas, la violación de derechos humanos, la corrupción y una clase política y económica insensible y despreocupada, que, a lo largo de la historia, se han coordinado impunemente para mantener e incrementar un sistema de privilegios que alienta el pesimismo, la desesperanza y la violencia.
Pero no nos confundamos ni caigamos en la falacia revolucionaria: bajo ninguna circunstancia será legítima una protesta violenta que viola la ley y criminaliza a las fuerzas de seguridad del Estado. Es realmente indignante la postura benévola con la violencia de los manifestantes por parte de muchos medios de comunicación que criminalizan a la Policía y al Ejército a la vez que ocultan que eran agredidos con tal furia que estaba en riesgo su integridad física y su propia vida. Es bueno recordar a todos que las Fuerzas de Seguridad en Colombia, con sus 35.000 muertos en los últimos siete lustros, han evitado que el país cafetero sea hoy un Estado fallido. Por definición, el Estado puede y debe hacer uso de la fuerza dentro de la legalidad cuando está en juego los derechos constitucionales, la estabilidad social y la seguridad civil. Negar esta responsabilidad, es un error conceptual grave, que solo puede entenderse en un contexto de profunda ignorancia, o también de complicidad con la hoja de ruta revolucionaria existente en América Latina.
