Los mismos chilenos que eligieron a Boric para presidente con más del 50% fueron los que rechazaron su propuesta de Constitución con más del 62%. Los trasandinos no se hacen vueltas. Son radicales en todo.
Finalmente el trabajo de los constituyentes ha sido en vano y se deberá convocar a una nueva o negociar otra fórmula. Es un serio revés para el gobierno de izquierda del joven presidente que se ha visto forzado a cambiar parte de su gabinete. 63 % por el rechazo y 33 % por la aprobación ha sido el porcentaje de una jornada comicial con alto nivel de participación ciudadana. Este nuevo documento planteaba totalmente otra filosofía y contenido comparada con la constitución de Pinochet de 1980. Se consagraron más de 100 nuevos derechos lo que constituye un récord mundial y colocó posiciones que más parecían programas de gobierno antes que un marco de acuerdos fundamentales que sirvan para todos. Su costo fue de 22 millones e dólares de un proceso que duró 18 meses.
Chile es un país muy desigual como Brasil y Paraguay cuyos gobiernos siguen trabajando por satisfacer las demandas populares que son muchas a pesar de que el paìs tiene un ingreso per cápita de 15 mil dólares anuales. Ahora le toca al “millenial” Boric gerenciar su país cómo lo llama la revista estadounidense Time que cubrió de cerca este momento clave que se califica cómo una derrota en el gobierno del presidente por el dinero y tiempo que se dedicó para lograr una aprobar su Constitución
El rechazo al actual texto de la Constitución impulsa una segunda fase de negociaciones con Gabriel Boric a la cabeza.
Ante esta situación su gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados esperando que el tiempo de una respuesta a las intenciones del país de tener una nueva constitución pero diferente a la que fue rechazada. Debe iniciar un intenso trabajo de lobby con los partidos de oposición para conciliar intereses y salir del cono de oscuridad en que este rechazo ha supuesto.
Tiempo de negociación
El gobierno tiene muchas cosas que replantearse si pretende lograr el consenso para tener una constitución. Que además de coincidir o no con la idea de tener una nueva ley que regule o describa los derechos y deberes que tiene cualquier residente de un territorio, también debe apoyar o no la propuesta de su gobierno. Haciendo esta parte política es la que define si habrá o no un nuevo compendio de parámetros hechos para vivir en armonía en cualquier espacio con la población presente.
El país debe entender además que la ley máxima pretende no debe establecer sólo derechos sino por sobre todo deberes que están por y para algo y que marcará lo que todos debemos cumplir si deseamos la armonía total donde sea. Chile está frente a un nuevo reto. Conciliar, dialogar y relanzar la idea de tener una nueva Constitución.