Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
Una decisión trascendente tomó la Corte Suprema de Justicia, tardó un tanto, en sacar la resolución por la cual obliga que las declaraciones juradas de bienes, que han sido entregadas a la contraloría desde el año 1998 hasta el año 2017, sean públicas, abiertas, libres y gratuitas para todos.
Esta no es una decisión de poca monta, porque el Congreso en esta semana, la Cámara de Diputados, remitió un proyecto de ley con aprobación de la Cámara de Diputados, fundamentalmente la de Senadores, que había corregido el original, donde se afirmaba que esas declaraciones juradas sólo podrán ser concedidas por decisión de un juez, nunca para que cada ciudadano sepa cuanto tiene cada uno de sus empleados cuando ingresa a la función.
Además, agregaron que si fallaban o ponían una cifra o monto que no se adecuaba a la verdad, eso no tendría que ser penalizado. La arrogancia, el atrevimiento, la osadía, podríamos colocar otros adjetivos todavía más duros de los Diputados fundamentalmente, ahora ha recibido un soberano cachetazo, contra estos 44 que habían votado por esa mala dada, mamotreto jurídico que enviaron al Ejecutivo.
La Corte Suprema integrada por varios jueces no son miembros natos de la Corte, decidió ayer por 7 votos contra 1, afirmar que todas las declaraciones juradas de bienes deben decir la verdad primero y segundo deben ser libres, abiertas y gratuitas para todos. Es un paso nada menor, en un país que tiene una larga tradición de opacidad y secrecía y que no había sido desmontado aún con la Ley 5282 del 2004 que había reglamentado 22 años después el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Pequeños grandes pasos en el camino hacia la transparencia y a la inversión en el verdadero poder en democracia, el de los mandantes, ciudadanos, votantes y no de los mandatarios.
