El viernes pasado, una madre que habló de espaldas a las cámaras de televisión ante un grupo de periodistas -en su mayoría mujeres y cuyos rostros dibujaban sorpresa o dolor a medida que avanzaba el relato- se convirtió en noticia de primera plana.
La revelación fue dolorosa: su niño había sido presuntamente abusado en el baño de su colegio al parecer por otros alumnos.
El hecho ocurrió después de que la mujer alertara a funcionarias de la institución de que su hijo era víctima de acoso. Sin embargo, las autoridades han advertido de que no se activaron a tiempo los protocolos previstos en la ley paraguaya.
En el ataque ocurrido el pasado 26 de abril, aseguró la madre, podrían estar vinculados «de tres a cuatro» estudiantes. La fiscal Myriam Rodríguez aclaró este lunes que hasta ahora se han identificado «dos supuestos agresores» de 12 y 13 años.
El caso impactó a la opinión pública del país, mientras los padres de la comunidad educativa han reaccionado con protestas frente a la Fiscalía y al juzgado donde la directora y dos docentes de la institución rindieron testimonio este fin de semana.
Las manifestaciones continuaron el domingo hasta que una jueza ordenó la prisión preventiva de las funcionarias del colegio «SEK-Paraguay», que, según su página web, está vinculado a un red de escuelas fundada en España y con sede en distintos países.
La institución privada, ubicada en la ciudad de Lambaré, vecina a Asunción, fue intervenida este lunes por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Pero el caso del niño no es el único en el ámbito escolar. El ministro de Educación, Nicolás Zárate, dijo en una entrevista el sábado con la emisora ABC TV que su despacho tenía «en simultáneo» otro caso en Encarnación, la capital del departamento de Itapúa, aunque no brindó mayores detalles.
Consultada por Efe, la directora de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Sonia Escauriza, señaló que entre enero y el pasado jueves habían recibido 164 denuncias de vulneración de derechos a menores de edad en escuelas.
En los tres primeros lugares de esa estadística se ubican el abuso sexual, con 18 casos, el acoso escolar (15) y el acoso sexual (9).
No obstante, admitió que, tras conocerse el caso del niño, han empezado a dispararse las denuncias.
Por su parte, el director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera, indicó a Efe que entre 2008 y 2021 se contabilizaron en el país 56.000 casos de denuncias de violencia sexual contra menores de edad.
Ese dato incluye, según el experto, abuso sexual en niños y niñas de 0 a 13 años, pornografía infantil, trata de personas con fines de explotación sexual y estupro.
Advirtió que el país pasó de un promedio de dos casos reportados por día en 2008 ante la Fiscalía a 12 diarios el año pasado.
El Ministerio Público recibió entre enero y marzo pasado 662 denuncias de abuso sexual contra niños y niñas, un promedio de 7 cada día en un país de 7,1 millones de habitantes.
«En este momento hay una ola de denuncias de colegios públicos, principalmente, de situaciones que están ocurriendo o que estaban ocurriendo y que no fueron atendidas debidamente», alertó Cabrera.
Dijo igualmente que en el interior del país «no es fácil denunciar», ya que en muchos casos las personas deben dirigirse a las capitales departamentales y enfrentar problemas como la falta de transporte público o las largas distancias que deben recorrer.
Hasta un asentamiento de esa etnia al parecer acudió a evangelizar el sujeto que permanece detenido.
El funcionario denunció que hasta ahora ha sido suspendida en siete ocasiones una audiencia oral y pública como parte del proceso que se sigue en Ciudad del Este, la capital de Alto Paraná.
La última vez fue el pasado 12 de mayo, cuando los peritos a cargo de la traducción oficial no acudieron al procedimiento. El defensor dijo a la prensa que los funcionarios alegaron no tener combustible.
Ello obligó a que no se realizara la diligencia «para evitar que el juicio sea nulo», explicó a Efe Godoy.
Pidió el acompañamiento de las autoridades y que se trasladen a los tribunales, a fin de que hacer un control de todos los procesos en los que la gente «que no tiene voz».
