Los dos movimientos más importantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado); “Fuerza Republicana” y “Honor Colorado”, poseen precandidatos al Congreso que siguen ejerciendo altos cargos en el Ejecutivo.
En el oficialismo, su lista de senadores está conformada por precandidatos como Mario Varela, ministro de Desarrollo Social (MDS), Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional (MDN), Édgar Olmedo, ministro de Justicia, Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo y Natalicio Chase, titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP).
Por parte del cartismo, la lista para el Senado la conforman precandidatos como Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, César Ramírez, gobernador de Canindeyú, Roberto González Vaesken, gobernador del Alto Paraná, Pedro Díaz Verón, gobernador de Caazapá.
FALTA DE ÉTICA
Analistas coinciden en que los candidatos al Congreso que siguen ocupando altos cargos, están desatendiendo sus obligaciones con la ciudadanía, al estar inmersos en sus actos proselitistas.
Selva Castiñeira, politóloga, expresó que estos candidatos no pueden hacer gestiones de gobierno y campañas electorales al mismo tiempo. “Demanda mucho tiempo hacer una campaña y dejan de hacer sus gestiones de gobierno. Con ello se desatienden cuestiones que competen a la ciudadanía”, advirtió.
La analista considera que con estas candidaturas, dichas autoridades pierden el foco de su gestión y es una situación que les incumbe más a ellos de forma personal. “Lo ideal sería que renunciaran sus cargos”, manifestó.
La analista cuestionó que estas autoridades, en el último año, pasan a realizar netamente campañas electorales, y no es saludable para la democracia cuando la ciudadanía deposita su confianza para que puedan administrar partes del estado. Señaló que se apegan a sus cargos para no perder los altos salarios que gozan.
“Muchas veces están muy apegados al cargo y hay que tener en cuenta que una campaña tiene su costo. Y ellos siguen beneficiándose a costa del Estado para costear la campaña. Utilizan al aparato estatal para ejercer presión sobre el funcionariado público. No entiendo porque tienen ese de aferrarse”, comentó.
DUARTE
Rocío Duarte, politóloga, expresó por su parte que estas candidaturas, cuando menos, son éticamente reprochables. “Independientemente del marco legal, estas personas ocupan estos cargos con el objetivo de formular e implementar políticas públicas y es incompatible con la práctica electoral. El tiempo que requiere la campaña a la par de la gestión se sobrepone y es incompatible. No hay forma de que esta gente pueda tener un desempeño adecuado en simultáneo”, explicó.
La analista sostuvo que tienen ventaja injusta sobre los demás candidatos ya que utilizan los fondos públicos para promocionar sus identidades y sus figuras. “Deberían renunciar lo antes posible”, sentenció.
