Las últimas decisiones del gobierno nos muestran que hay una gran confusión interna, una falta de carácter del jefe del Ejecutivo, y una tremenda capacidad de los grupos de presión para imponer su propia agenda en contra de la voluntad general de una sociedad todavía desorganizada y desarticulada.
Cuando uno pregunta quién es el que controla el Estado Paraguayo es lógico que aparezcan varias respuestas, por un lado, la primera dice que son los mafiosos, los que están fuera de la ley, los delincuentes, los narcotraficantes, los grupos de presión en las estructuras corporativas que tienen siempre mucho que ganar -hay que recordar que el Estado Paraguayo compra bienes y servicios por casi US$ 6000 millones, casi la mitad del presupuesto anual del país.
Por lo tanto, hay un grupo bastante grande que lucra y tiene labores de mercar con el Estado de manera reiterada y frecuente; lo que lleva a un connubio entre los políticos y grupos empresariales.
Hay algunos que son poco conocidos, y que tienen grandes contratos con el Estado que son concedidos por gente -desde adentro- que también tiene que parte de la tajada del negocio.
Ya ni hablemos de los aduaneros, donde pueden celebrar grandes y bacanales fiestas particulares con el dinero que dejó el Estado de cobrar por el ingreso de mercaderías.
La sensación que tenemos es que el Estado Paraguayo no está en manos de los mandatarios puestos por cada uno de nosotros, sino por los grupos de operadores que, desde adentro, son capaces de terminar de dinamitar la democracia.
