La crisis de ueno bank abrió un nuevo frente de investigación sobre las autoridades que permitieron la concentración de recursos públicos y previsionales en la entidad financiera. Al cierre de septiembre de 2026, el banco administraba aproximadamente US$ 855 millones provenientes del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que varias de las instituciones que realizaron las colocaciones ahora recurren a la Fiscalía para recuperar su patrimonio.
La magnitud de los recursos comprometidos plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar al banco, las tasas de interés pactadas y los mecanismos de evaluación de riesgo. También pone bajo la lupa a ministros, presidentes de entidades públicas y miembros de consejos de administración que ejercían funciones cuando se aprobaron o mantuvieron las inversiones.
Hasta este sábado 7 de noviembre, al menos siete instituciones con fondos comprometidos formalizaron denuncias penales contra directivos de ueno bank. Sin embargo, otras entidades con inversiones millonarias, entre ellas el IPS y la Caja Bancaria, todavía no cuentan con denuncias institucionales propias confirmadas.
¿Quiénes estaban al frente cuando se colocaron los recursos?
Entre las operaciones mejor documentadas figura la del IPS, cuyo Consejo de Administración, presidido entonces por Jorge Brítez, aprobó el 29 de agosto de 2024 la adquisición de bonos financieros de ueno bank por G. 250.000 millones, a siete años. Durante su administración, la previsional también realizó nuevas colocaciones mediante certificados de depósito de ahorro (CDA).
La Fiscalía incorporó a su investigación dos reuniones mantenidas entre el entonces presidente Santiago Peña y Brítez, los días 22 y 27 de agosto de 2024, poco antes de la autorización de los bonos. Los investigadores analizan una posible influencia del exmandatario en la operación, mientras que su defensa niega que haya intervenido en la decisión del Consejo.
Al cierre de septiembre de 2026, el IPS mantenía aproximadamente US$ 348,5 millones en depósitos e inversiones en ueno, según las planillas institucionales. Además de Brítez, figura entre las autoridades relevantes Hugo Díaz, director de Inversiones de la previsional.
Otra operación con fecha identificada corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Durante la administración de Carlos Fernández Valdovinos, la Caja Fiscal colocó G. 250.000 millones en ueno el 31 de julio de 2025, mediante CDA a cinco años y con una tasa de interés anual del 12,35%.
El Ministerio explicó posteriormente que ueno había presentado la oferta más elevada entre las entidades participantes y que la adjudicación se limitó al 25% del total invertido, siguiendo criterios de diversificación. La colocación fue autorizada durante la gestión de Fernández Valdovinos, mientras que la denuncia penal fue presentada por su sucesor, Óscar Lovera.
Las autoridades encabezaron instituciones con millonarios depósitos
Además del IPS y del MEF, otras instituciones públicas y previsionales mantenían recursos en ueno bank. Las siguientes autoridades ejercían funciones durante los períodos en que se registraron colocaciones o se mantuvieron los depósitos:
- Itaipú Binacional: Justo Zacarías Irún, director general paraguayo, y Rafael Lara Valenzuela, director financiero ejecutivo. La entidad comenzó a operar con ueno en enero de 2025 y mantenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones al 3 de noviembre de 2026.
- ANDE: Félix Sosa y Miguel Ángel Báez, presidentes de la estatal en distintos períodos. La institución reconoció US$ 21,03 millones provenientes de préstamos internacionales y G. 37.285 millones de recursos propios comprometidos.
- Cajubi: Robert Noguera Palacios, presidente del Consejo de Administración. La caja previsional informó inversiones por G. 100.692 millones, frente a los G. 41.300 millones registrados al cierre de 2025.
- Caja Bancaria: Roberto Simeón Núñez, presidente del Consejo de Administración. La institución figura entre las entidades previsionales con inversiones en el banco, aunque las fechas y autorizaciones de cada operación requieren mayor documentación.
- Caja de Jubilaciones de la ANDE: Carlos Miguel Decoud, presidente hasta septiembre de 2025, y Alan Patrick Achar, quien asumió en octubre de ese año. La caja reconoció G. 43.092 millones comprometidos.
- Senave: Luis Ramiro Samaniego Montiel, presidente de la institución. Durante su administración se realizaron dos colocaciones de G. 20.000 millones cada una, en noviembre de 2025 y marzo de 2026.
- Petropar: Eddie Jara, expresidente durante cuya gestión comenzó la alianza comercial con ueno, y William Wilka, su sucesor. La petrolera reconoció que mantiene fondos indisponibles, aunque no confirmó oficialmente el saldo.
- Conatel: Juan Carlos Duarte Duré, presidente del organismo. La institución reconoció depósitos en ueno y sostuvo que las colocaciones se efectuaron mediante concursos de ofertas de tasas de interés.
La relación de entidades afectadas también comprende a la Municipalidad de Asunción, que reconoció aproximadamente G. 1.800 millones retenidos en cuatro cuentas, y a la Corte Suprema de Justicia, con G. 250,4 millones pendientes de transferencia por recaudaciones judiciales y registrales.
En el caso de la Municipalidad, las cuentas se mantuvieron durante las administraciones de Óscar Rodríguez y Luis Bello, aunque todavía no está identificado quién autorizó originalmente su apertura. En el Poder Judicial, los recursos corresponden a recaudaciones realizadas mediante un servicio bancario, por lo que deben distinguirse de las inversiones financieras.
La identificación de estas autoridades no implica que todas hayan firmado personalmente las operaciones ni que exista una responsabilidad penal demostrada. Para establecerla será necesario acceder a las actas, resoluciones, contratos e informes técnicos utilizados para aprobar cada colocación.
Los depósitos públicos alcanzaron US$ 855 millones
La exposición global del sector público y del IPS en ueno bank alcanzaba aproximadamente US$ 855 millones al 30 de septiembre de 2026, según las planillas de la Dirección General del Tesoro Público del MEF.
El monto estaba compuesto por G. 3,6 billones en depósitos en moneda nacional y US$ 233,4 millones en moneda extranjera. Los recursos pertenecían a distintas instituciones estatales y al sistema previsional, por lo que su eventual afectación no se limita a las entidades que ya recurrieron al Ministerio Público.
En septiembre, el banco había incrementado en aproximadamente US$ 20 millones su captación neta de recursos estatales y previsionales respecto del mes anterior. Ese movimiento se produjo mientras la entidad enfrentaba cuestionamientos relacionados con sus operaciones crediticias y la exposición a empresas vinculadas.
No obstante, los US$ 855 millones representan una fotografía de los saldos al cierre de septiembre y no necesariamente el monto exacto inmovilizado al momento de la resolución bancaria, iniciada el 2 de noviembre. Tampoco equivalen a pérdidas definitivas, ya que el proceso deberá determinar cuánto podrá recuperar cada depositante.
La cifra global tampoco debe incrementarse sumando nuevamente los depósitos individuales del IPS, Itaipú o las demás entidades comprendidas en el registro, porque se produciría una duplicación de recursos.
Las colocaciones abren interrogantes sobre los controles
Uno de los aspectos que deberá esclarecerse es si las instituciones mantuvieron o ampliaron sus inversiones después de que surgieran las primeras advertencias sobre la situación de ueno.
El BCP había identificado durante 2026 posibles irregularidades relacionadas con operaciones crediticias a empresas vinculadas. Posteriormente, el 24 de septiembre, abrió un sumario administrativo contra la entidad y sus directivos, mientras continuaba la presencia de fondos estatales en el banco.
Las instituciones afectadas sostienen, en general, que las colocaciones se realizaron conforme a sus procedimientos internos, considerando tasas de interés, calificaciones de riesgo e información financiera oficial.
Sin embargo, esos argumentos deberán contrastarse con las fechas de cada operación, las evaluaciones efectuadas por los responsables de inversiones y las decisiones adoptadas a medida que se conocían los cuestionamientos regulatorios.
La ampliación de denuncia presentada por legisladores opositores también solicita investigar a las autoridades de organismos públicos que aprobaron, renovaron o mantuvieron recursos en ueno, con el objetivo de determinar si existieron negligencias, omisiones o eventuales conductas deliberadas.
La investigación deberá establecer responsabilidades individuales, diferenciando a quienes dirigían las instituciones de quienes recomendaron, votaron y ejecutaron las inversiones.
Siete instituciones denunciaron a los directivos de ueno bank
Tras el procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), las instituciones afectadas comenzaron a presentar denuncias penales para investigar las irregularidades financieras y procurar la recuperación de sus recursos. La lista de denunciantes se amplió este sábado con Itaipú Binacional y, según la última actualización, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Hasta el 7 de noviembre, las siete instituciones que presentaron denuncias son:
- 5 de noviembre: el Ministerio de Economía y Finanzas denunció a directivos de ueno por los recursos de la Caja Fiscal.
- 5 de noviembre: el Senave presentó una denuncia por G. 40.000 millones comprometidos.
- 6 de noviembre: Petropar formalizó una denuncia por presuntos hechos punibles vinculados con la situación del banco.
- 6 de noviembre: Cajubi presentó una denuncia contra directivos de ueno y autoridades del BCP.
- 6 de noviembre: la ANDE denunció a directivos y funcionarios de la entidad financiera y solicitó medidas para resguardar sus fondos.
- 7 de noviembre: Itaipú Binacional formalizó una denuncia penal por los recursos mantenidos en el banco.
- 7 de noviembre: Conatel se incorporó a las instituciones denunciantes para reclamar la investigación de la administración y el destino de sus fondos.
Conatel, presidida por Juan Carlos Duarte Duré, sostuvo que sus recursos fueron colocados mediante concursos de ofertas de tasas de interés, conforme a sus procedimientos institucionales. Sin embargo, no precisó públicamente el monto comprometido ni las fechas de todas las operaciones, aspectos necesarios para reconstruir quiénes aprobaron las inversiones.
A estas acciones se suma la denuncia presentada por el BCP el 3 de noviembre, que dio origen a investigaciones sobre las irregularidades detectadas en la situación financiera del banco. A diferencia de las anteriores, la banca matriz actuó como organismo supervisor y no como depositante perjudicado.
Entretanto, el IPS, la Caja Bancaria y la Caja de Jubilaciones de la ANDE figuran entre las instituciones con importantes recursos comprometidos, pero todavía sin denuncias penales propias confirmadas.
