La admisión policial reabre el debate sobre protocolos, uso de la fuerza y responsabilidades institucionales tras el operativo que terminó en tragedia.
La Policía Nacional reconoció que la muerte de Frederik Nahuel Cáceres, de 22 años, durante un operativo en Alberdi, departamento de Ñeembucú, fue consecuencia de un error de procedimiento. Mientras ocho agentes enfrentan un proceso penal por homicidio doloso, la investigación busca determinar las responsabilidades individuales y posibles fallas institucionales en la ejecución del operativo desplegado tras un asalto ocurrido días antes.
Reconocimiento oficial de la Policía
El subcomandante de la Policía Nacional, Feliciano Martínez, admitió públicamente que el procedimiento realizado por los agentes presentó errores que derivaron en un desenlace fatal. Durante una entrevista televisiva, sostuvo que la actuación de los uniformados «no fue intencional», aunque reconoció que existieron fallas en la intervención.
La declaración representa uno de los primeros reconocimientos oficiales de la institución sobre lo ocurrido durante el operativo desarrollado en la compañía Acevedo Cué, donde se instaló un control policial dentro del denominado operativo cerrojo desplegado para localizar a integrantes de una banda criminal vinculada a un asalto ocurrido días antes en la ciudad.
Las manifestaciones del subcomandante se producen mientras la causa penal continúa avanzando bajo dirección del Ministerio Público, que ya formalizó imputaciones contra los efectivos que participaron del procedimiento.
Investigación penal y medidas adoptadas
De acuerdo con la investigación fiscal, el automóvil conducido por Frederik Nahuel Cáceres recibió 37 disparos, todos realizados desde el exterior hacia el interior del vehículo.
El fiscal Diego Benítez informó que la víctima no poseía antecedentes penales y tampoco fue hallada un arma dentro del automóvil, elementos que forman parte de las diligencias para reconstruir la secuencia completa de los hechos.
Como resultado de las primeras actuaciones, ocho agentes del grupo táctico fueron imputados por homicidio doloso, mientras la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos ellos en la Agrupación Especializada.
Los efectivos procesados son:
- Martín Santa Cruz
- Willian Ayala
- Maicol Santa Cruz
- Jonathan Valdez
- Cristian Velozo
- Inocencio Gálvez
- Ariel Ayala
- Néstor Pérez
Además del proceso judicial, la Policía Nacional dispuso el apartamiento inmediato de los uniformados involucrados y dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos, que desarrolla una investigación administrativa paralela para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Según explicó Martínez, también fueron enviados especialistas desde Asunción para realizar el levantamiento técnico de evidencias y colaborar con el Ministerio Público.
El operativo que terminó en tragedia
La intervención policial formaba parte del operativo implementado tras el violento asalto registrado el 8 de julio en un supermercado de Alberdi.
De acuerdo con los antecedentes del caso, un grupo armado simuló un allanamiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para ingresar al establecimiento comercial, donde mantuvo retenidos durante aproximadamente 30 minutos a propietarios, funcionarios y clientes.
Los delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo y el sistema de almacenamiento de imágenes del circuito cerrado, dificultando posteriormente la reconstrucción completa del atraco.
En ese contexto, la Policía desplegó un operativo cerrojo con barreras de control en distintos accesos a la ciudad para localizar a los integrantes de la organización criminal.
Fue durante uno de esos controles cuando el vehículo conducido por Frederik Nahuel Cáceres no se detuvo ante la orden policial y posteriormente recibió múltiples disparos.
La investigación deberá establecer si el empleo de la fuerza fue proporcional al nivel de amenaza existente y si los agentes actuaron conforme a los protocolos institucionales vigentes.
Avance de la investigación contra la banda criminal
Paralelamente al caso que investiga la muerte del joven, las autoridades continúan las diligencias para desarticular completamente a la organización responsable del asalto.
Días después del robo, agentes policiales protagonizaron un enfrentamiento armado con integrantes del grupo que intentaban escapar utilizando una ambulancia.
Durante ese intercambio de disparos murió un presunto integrante de la banda, identificado como Richard Cáceres Ojeda, mientras otros sospechosos lograron internarse en una zona boscosa.
La Policía informó que cuatro personas ya fueron detenidas, aunque continúan los procedimientos para localizar a otros tres presuntos integrantes que permanecen prófugos.
Impacto institucional del caso
El reconocimiento efectuado por la cúpula policial incorpora un elemento de relevancia para el debate sobre los mecanismos de control interno y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque la responsabilidad penal será determinada por el Poder Judicial, la admisión de un error de procedimiento abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la cadena de mando y el cumplimiento de los protocolos aplicables en controles policiales de alto riesgo.
El caso también vuelve a colocar bajo análisis la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de control interno cuando se producen actuaciones que derivan en la pérdida de vidas humanas durante operativos oficiales.
Mientras la familia de Frederik Nahuel Cáceres exige justicia y el esclarecimiento total de los hechos, la comunidad de Alberdi permanece conmocionada por una situación que combina el impacto del crimen organizado con cuestionamientos sobre la actuación estatal en materia de seguridad pública.
La evolución de la investigación judicial y administrativa será determinante para establecer responsabilidades individuales, eventuales sanciones institucionales y posibles ajustes en los protocolos de actuación policial que rigen este tipo de intervenciones en Paraguay.
Periodista Senior