El Espacio de Diálogo de Niñas, Niños y Adolescentes cerró este viernes la edición 2026 de la Semana por los Derechos con la presentación de un manifiesto elaborado por sus participantes. El documento trasladó a representantes estatales y organizaciones civiles reclamos vinculados con medicamentos, infraestructura sanitaria, educación, salud mental, inclusión y participación, colocando en discusión la capacidad del Estado para convertir derechos reconocidos en servicios efectivos.
La iniciativa reunió a aproximadamente 38 representantes de 11 organizaciones y contó con el acompañamiento de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y una Mesa Interinstitucional integrada por organismos públicos, sociedad civil, Naciones Unidas y cooperación internacional. La campaña se desarrolla anualmente desde 1994.
¿Qué reclamaron niñas, niños y adolescentes al Estado?
El manifiesto presentado en Asunción no se limitó a una demanda sectorial. Los participantes organizaron sus planteamientos alrededor de siete derechos priorizados: trabajo digno; tierra; salud y EIS; protección y salud mental; participación protagónica; inclusión; y educación.
El planteamiento tiene una dimensión institucional porque buena parte de las respuestas reclamadas depende de políticas públicas que atraviesan distintos organismos del Estado. Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Justicia y gobiernos locales tienen competencias relacionadas con los problemas identificados por los participantes.
La campaña, además, está concebida como un mecanismo de participación de niñas, niños y adolescentes en la discusión de políticas que afectan directamente sus vidas. La propia CDIA señala que el Espacio de Diálogo busca que las organizaciones de niños y adolescentes participen en la elaboración de las prioridades y propuestas que luego son trasladadas a las instituciones públicas.
¿Por qué la salud aparece como uno de los principales reclamos?
Uno de los puntos más concretos del manifiesto fue el acceso efectivo a medicamentos, tratamientos e insumos médicos. Los participantes cuestionaron que pacientes y familias tengan que recurrir a colectas para cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante el sistema público.
También señalaron problemas relacionados con la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de profesionales, además de reclamar investigaciones sobre posibles hechos de corrupción vinculados con medicamentos, insumos y obras. El planteamiento introduce una dimensión de control del gasto público: no solamente se reclama mayor disponibilidad de recursos, sino que los fondos destinados a salud lleguen efectivamente a los servicios que deben prestarse.
La demanda también alcanzó a la salud mental. Niñas, niños y adolescentes pidieron mayor disponibilidad de profesionales de psicología en escuelas y colegios, además de espacios de deporte, arte y cultura. El reclamo vincula así las políticas educativas con la prevención y atención de problemas que exceden el ámbito estrictamente académico.
El desafío para el Estado está relacionado con la capacidad de coordinar políticas entre sectores. El Ministerio de Economía y Finanzas dispone de mecanismos específicos para identificar y medir la inversión pública destinada a niñas, niños y adolescentes dentro del Presupuesto General de la Nación, lo que permite observar el problema también desde la asignación y ejecución de recursos.
¿Qué está en juego en las demandas sobre educación?
En educación, el reclamo apunta a condiciones concretas: infraestructura escolar, docentes capacitados, tecnología y materiales adecuados. Los participantes plantearon que la calidad educativa no puede medirse solamente por matrícula o asistencia, sino también por las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus procesos de aprendizaje.
Los participantes también reclamaron una política de EIS basada, según el manifiesto, en información científica y adecuada a la edad. El planteamiento incluye capacitación para docentes, familias y profesionales de salud, con énfasis en prevención de abusos, cuidado del cuerpo y salud mental.
Desde el punto de vista institucional, estas demandas muestran que la discusión sobre educación no se reduce a infraestructura. También involucra contenidos, formación docente, prevención de violencia, salud mental y mecanismos de protección, áreas que requieren coordinación entre diferentes instituciones.
¿Qué otros derechos quedaron incluidos en el manifiesto?
Los otros cinco ejes muestran que las demandas exceden salud y educación. En materia de protección, los participantes reclamaron respuestas frente a distintas formas de violencia y acompañamiento para víctimas de abuso sexual infantil y sus familias.
En cuanto al trabajo adolescente, plantearon que las actividades permitidas por la legislación deben desarrollarse bajo condiciones seguras, con remuneración y protección frente al acoso y la explotación. El reclamo busca diferenciar el trabajo adolescente regulado de las situaciones de explotación infantil, una distinción que ya formaba parte de las prioridades presentadas durante el lanzamiento de la campaña.
El eje de tierra incorporó demandas de comunidades indígenas y campesinas, titulación, vivienda, agricultura familiar y protección ambiental. También incluyó reclamos por la recuperación de cursos de agua y la protección de los Médanos del Chaco, vinculando derechos sociales con territorio y recursos naturales.
La inclusión fue planteada desde la eliminación de barreras para personas con discapacidad. Los participantes reclamaron accesibilidad en escuelas, hospitales, transporte y espacios públicos, mientras que el eje de participación protagónica cuestionó las restricciones que encuentran para intervenir en espacios municipales, departamentales y nacionales.
La demanda de participación tiene además un antecedente institucional. Documentos públicos del Estado ya identificaban como desafío la existencia de espacios insuficientes para la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes y planteaban la necesidad de incorporarlos en el monitoreo y evaluación de políticas públicas.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a estos reclamos?
La particularidad del manifiesto es que sus destinatarios no son solamente un ministerio o una administración determinada. La Mesa Interinstitucional reúne organismos públicos y organizaciones que participan en distintas áreas relacionadas con la niñez y adolescencia.
El desafío, por tanto, está en transformar las demandas en políticas, presupuesto, servicios y mecanismos de seguimiento. La existencia de una estructura institucional no garantiza por sí misma que una política llegue efectivamente a los territorios ni que los recursos produzcan los resultados previstos.
¿Qué significa el compromiso asumido para la próxima edición?
Durante el cierre de la campaña, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles escucharon las demandas y asumieron compromisos que, según la organización, serán revisados durante la edición 2027.
Ese mecanismo de seguimiento puede convertirse en uno de los puntos más relevantes del proceso. La diferencia entre una consulta simbólica y una instancia efectiva de participación está en la posibilidad de verificar qué propuestas fueron incorporadas, cuáles no y cuáles recibieron recursos o medidas concretas.
Para el Estado paraguayo, la discusión plantea una cuestión que trasciende la jornada de cierre: cómo convertir las demandas expresadas por niñas, niños y adolescentes en decisiones verificables, con responsables institucionales, recursos asignados y resultados que puedan ser evaluados públicamente.
¿Puede la participación de la niñez convertirse en control de las políticas públicas?
El Espacio de Diálogo reúne en 2026 a organizaciones como Aldeas Infantiles SOS Paraguay, CONNATs, Fundación Alda, Fundación Teletón, Plan International Paraguay, UNEPY y REDNNA, entre otras. La estructura busca representar distintas realidades y territorios del país.
La continuidad de la campaña desde 1994 muestra que no se trata de una actividad aislada, sino de un mecanismo que lleva décadas intentando colocar la voz de niñas, niños y adolescentes dentro de la agenda pública.
El próximo paso estará en la capacidad de las instituciones de demostrar qué ocurrió con esas demandas. Si los compromisos asumidos en 2026 pueden traducirse en presupuesto, servicios, normas, infraestructura y mecanismos de protección, la participación habrá adquirido una dimensión de seguimiento institucional.
