Paraguay realizó 68.882 mamografías en los servicios públicos durante 2025 y registró 401 muertes de mujeres por cáncer de mama, según datos atribuidos al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES). La red sanitaria dispone de 56 mamógrafos operativos, pero las cifras no permiten determinar por sí solas la cobertura efectiva ni la oportunidad del diagnóstico.
¿Qué muestran las cifras del cáncer de mama en Paraguay?
Los indicadores sanitarios ofrecen tres referencias para analizar la respuesta pública frente al cáncer de mama: la cantidad de mamografías realizadas, la infraestructura disponible y los fallecimientos registrados. Cada dato describe una dimensión diferente del problema y debe interpretarse dentro de sus propios límites.
Según los registros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), los establecimientos sanitarios realizaron 46.023 mamografías en 2024 y 68.882 en 2025. La diferencia representa un aumento aproximado del 49,7% en la cantidad de estudios entre ambos años.
En paralelo, los datos de la DIGIES consignan 401 muertes de mujeres por cáncer de mama en 2025, con una tasa de mortalidad de 12,6 por cada 100.000 mujeres. En 2020 se habían registrado 491 fallecimientos, con una tasa de 16 por cada 100.000 mujeres.
La comparación refleja una reducción de las defunciones registradas entre ambos años. Sin embargo, no demuestra que el aumento de las mamografías sea la causa directa de esa disminución. Para establecer qué factores incidieron en la evolución de la mortalidad sería necesario analizar la cobertura de los controles, la etapa en que se detectan los tumores, el acceso al tratamiento y otros componentes de la atención oncológica.
¿Cuántos mamógrafos tiene la red pública y qué permiten medir?
El MSPBS informa que dispone de 56 mamógrafos operativos distribuidos en establecimientos de salud del país. Estos equipos permiten realizar estudios destinados a detectar alteraciones en el tejido mamario y forman parte de la infraestructura necesaria para ampliar el acceso al diagnóstico.
No obstante, el número de aparatos no permite establecer por sí solo cuántas mujeres pueden ser atendidas ni si la capacidad instalada resulta suficiente para la demanda. Para medir el alcance real del servicio también se necesitan datos sobre la ubicación de los equipos, los horarios de funcionamiento, la cantidad de estudios por establecimiento y los tiempos de espera.
La distribución territorial es otro componente relevante. Una mujer que vive cerca de un centro con capacidad de diagnóstico puede enfrentar condiciones diferentes de las de otra que necesita trasladarse a otro distrito o departamento. Sin información desagregada sobre oferta y demanda, no es posible cuantificar esas diferencias ni atribuirlas exclusivamente a la infraestructura.
La evaluación de la capacidad pública requiere, por tanto, ir más allá del inventario de equipos. También debe considerar si las pacientes pueden acceder al estudio, recibir los resultados y continuar la atención cuando aparecen hallazgos que necesitan nuevas evaluaciones.
¿Qué ocurrió con las mamografías realizadas durante 2026?
Los registros proporcionados por el Ministerio contabilizan 39.169 mamografías en lo que va de 2026. De ese conjunto, 390 presentaron resultados anormales que requieren la evaluación médica correspondiente.
La fecha de corte de estos datos no está especificada en el material disponible. Por ese motivo, la cifra de 2026 no debe compararse directamente con los totales anuales de 2024 y 2025 como si correspondiera a períodos equivalentes.
Tampoco corresponde presentar los 390 resultados anormales como casos confirmados de cáncer. Una mamografía puede identificar alteraciones que requieren estudios adicionales, y solo la evaluación clínica y los procedimientos diagnósticos pertinentes permiten determinar su naturaleza.
Este punto abre una pregunta central para la fiscalización sanitaria: ¿qué ocurre después de detectar una anomalía? Para responderla, sería necesario conocer cuántas pacientes accedieron a consultas especializadas, cuántas completaron los estudios complementarios y cuánto tiempo transcurrió hasta obtener un diagnóstico definitivo.
La continuidad asistencial importa porque la detección constituye una etapa de un proceso más amplio. La capacidad del sistema para responder también depende de la disponibilidad de profesionales, estudios complementarios, servicios oncológicos y tratamientos oportunos.
¿Por qué la mortalidad varía entre los departamentos?
Los registros departamentales de mortalidad permiten ampliar el análisis más allá del promedio nacional. Según las cifras de 2025 atribuidas a la DIGIES, Misiones registró una tasa de 22,4 muertes por cada 100.000 mujeres, seguida de Paraguarí, con 21,3, y Ñeembucú, con 20,3. Los tres indicadores superan la tasa nacional de 12,6.
Estas diferencias justifican examinar cómo se distribuyen los servicios de diagnóstico y tratamiento en el territorio. Sin embargo, las tasas no prueban que los departamentos con mayor mortalidad tengan menos mamógrafos o que sus pacientes enfrenten mayores demoras. Para sostener esa relación sería necesario contrastar los datos sanitarios con la infraestructura, la cobertura y los recorridos de atención de cada región.
El análisis territorial también requiere observar la evolución durante varios años. Una tasa correspondiente a un solo período puede variar por el tamaño de la población, la cantidad de fallecimientos registrados y otros factores demográficos y sanitarios. Una serie histórica permitiría determinar si las diferencias son persistentes y qué departamentos necesitan una investigación más profunda.
Para la gestión pública, esa información puede ayudar a identificar dónde existen mayores necesidades de atención y qué recursos hacen falta. La comparación entre departamentos resulta útil cuando permite evaluar la respuesta sanitaria con indicadores verificables, sin convertir una diferencia estadística en una explicación causal que los datos todavía no demuestran.
¿Quiénes pueden acceder a una mamografía y qué derechos tienen?
El Ministerio de Salud Pública señala que las mujeres de 40 años en adelante pueden acceder a una mamografía anual en los servicios habilitados sin necesidad de presentar una orden médica. Las mujeres con antecedentes familiares directos o factores de alto riesgo deben consultar con un profesional sanitario para determinar la pauta de controles que corresponda a su situación.
La ausencia de síntomas no elimina la necesidad de seguir las recomendaciones preventivas aplicables. Asimismo, la aparición de un bulto, alteraciones en la piel, retracción del pezón o secreciones anormales requiere una valoración médica sin esperar hasta el siguiente control programado. La autoobservación puede ayudar a reconocer cambios, pero no reemplaza los estudios indicados por los profesionales.
El acceso también tiene una dimensión laboral. La Ley N.º 6211/18 contempla dos días laborales libres y remunerados al año para que las trabajadoras se realicen estudios de Papanicolaou y mamografía, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El permiso busca facilitar la realización de controles que pueden resultar difíciles de compatibilizar con la jornada laboral.
La efectividad de estas medidas depende de que la población conozca los servicios disponibles y pueda utilizarlos. Para evaluar su alcance sería útil contar con información sobre el uso del permiso laboral, las barreras que enfrentan las trabajadoras y la disponibilidad de turnos en los establecimientos públicos.
¿Qué información falta para evaluar la respuesta sanitaria?
Las cifras disponibles permiten observar un aumento de los estudios realizados entre 2024 y 2025, identificar la capacidad instalada informada por el Ministerio y comparar los registros de mortalidad. No obstante, todavía no ofrecen una visión completa del recorrido que sigue una paciente desde el primer control hasta el eventual tratamiento.
Una evaluación más amplia requeriría que el MSPBS, la DIGIES y los servicios oncológicos proporcionaran datos comparables sobre cobertura, tiempos de espera, diagnósticos confirmados y continuidad de la atención. También sería necesario conocer la distribución de los equipos por departamento y la cantidad de estudios que se realizan en cada establecimiento.
Con esa información sería posible establecer si el aumento de las mamografías se traduce en una mayor cobertura de la población objetivo, si las anomalías detectadas reciben seguimiento oportuno y dónde se concentran las principales dificultades de acceso. También permitiría distinguir entre la capacidad de realizar estudios y la capacidad de resolver las necesidades sanitarias que esos estudios identifican.
La prevención, por tanto, no se mide únicamente por la cantidad de equipos disponibles ni por el número de estudios realizados durante una campaña. El desempeño del sistema también depende de que las pacientes puedan completar el proceso de diagnóstico y acceder a la atención que necesiten.
La evolución de los indicadores de cáncer de mama plantea así una agenda concreta para la salud pública paraguaya: mejorar la información sobre cobertura, comparar resultados entre regiones y evaluar qué ocurre después de cada hallazgo anormal. Esa evidencia permitiría determinar con mayor precisión cuánto avanzó la respuesta sanitaria y qué aspectos necesitan atención prioritaria.
