Cada siniestro fatal asociado al consumo de alcohol deja una víctima, una familia atravesada por una pérdida irreparable y preguntas sobre la eficacia de los controles. Detrás de los hechos que conmocionan al país se encuentra un problema de salud pública, seguridad vial y responsabilidad institucional que exige mucho más que sanciones después de la tragedia.

La madrugada del sábado 31 de octubre volvió a dejar una víctima fatal sobre el asfalto paraguayo. Matías Eduardo González tenía apenas 18 años y viajaba como acompañante en un automóvil que aguardaba la habilitación de un semáforo sobre la avenida Mariscal López, en San Lorenzo. Una camioneta impactó violentamente contra la parte trasera del vehículo. El joven murió, otras dos personas resultaron heridas y el conductor de la camioneta dio positivo a la prueba de alcoholemia.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 03:12, cerca de la intersección con la calle Río Paraguay. Según el reporte policial difundido por Última Hora, la camioneta Audi Q7 era conducida por Jorge Antonio Romero Gómez, de 37 años, quien arrojó un resultado de 0,972 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El hombre resultó ileso y quedó detenido por disposición del Ministerio Público.

La fiscala Mirtha Rivas intervino en el procedimiento, mientras que personal de Criminalística inició las tareas técnicas para esclarecer las circunstancias del hecho. Una cámara de circuito cerrado registró la secuencia del impacto.

El episodio presenta una de las expresiones más dramáticas de la inseguridad vial: una persona que se encontraba dentro de un vehículo detenido ante un semáforo perdió la vida tras ser embestida por otro conductor. La víctima no necesitó realizar una maniobra peligrosa ni infringir una norma para quedar expuesta a las consecuencias de una conducta ajena.

La muerte de Matías no debería convertirse únicamente en otra noticia policial destinada a desaparecer de la agenda pública después de unos días. Su caso vuelve a instalar una discusión que Paraguay todavía no ha resuelto: cuánto se está haciendo realmente para impedir que personas bajo los efectos del alcohol conduzcan vehículos y pongan en riesgo la vida de terceros.

Más de 8.100 muertos en seis años y medio

Las dimensiones de la inseguridad vial paraguaya superan ampliamente los casos individuales que alcanzan repercusión mediática.

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), presentados durante una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el pasado 22 de octubre, Paraguay registró 326.912 siniestros viales entre enero de 2020 y junio de 2026.

Las cifras equivalen a más de tres personas fallecidas cada día durante el periodo analizado. También representan decenas de miles de familias que debieron enfrentar lesiones, tratamientos médicos, rehabilitaciones, pérdidas de ingresos o la muerte de alguno de sus integrantes.

Sin embargo, existe una distinción estadística indispensable: los 8.116 fallecimientos corresponden al conjunto de los siniestros viales registrados y no pueden atribuirse exclusivamente a conductores alcoholizados.

Determinar cuántas de esas muertes estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol exige contar con registros específicos de pruebas de alcoholemia, investigaciones policiales y fiscales, así como criterios homogéneos para clasificar los factores asociados a cada hecho.

La disponibilidad de esa información resulta fundamental para evaluar la magnitud real del problema y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

El alcohol al volante: una conducta que pone en riesgo a terceros

Conducir después de consumir bebidas alcohólicas no representa únicamente una infracción administrativa. Dependiendo de las circunstancias, puede constituir una conducta penalmente relevante y desencadenar consecuencias irreversibles para personas que no participaron de la decisión de beber.

El alcohol afecta funciones esenciales para la conducción, como la capacidad de reacción, la atención, la coordinación y el juicio. Su consumo puede alterar la percepción del riesgo y dificultar las respuestas ante situaciones imprevistas.

Estas alteraciones adquieren especial gravedad cuando una persona conduce un vehículo de gran porte, circula a velocidades elevadas o transita por zonas urbanas donde confluyen automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

El caso registrado en San Lorenzo demuestra que el peligro no se limita a quienes viajan en el vehículo conducido por una persona alcoholizada. También alcanza a otros usuarios de la vía pública.

La investigación fiscal deberá establecer la dinámica completa del choque, las velocidades involucradas, las responsabilidades penales y la incidencia de los distintos factores en el resultado fatal. El alcotest positivo constituye un elemento relevante de la investigación, pero no sustituye la reconstrucción técnica ni una resolución judicial.

Las sanciones existen, pero ¿son suficientes?

Paraguay cuenta con un marco normativo que prohíbe la conducción bajo los efectos del alcohol. La Ley N.º 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, establece obligaciones y sanciones aplicables a quienes incumplen las disposiciones de seguridad.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, las multas por alcoholemia se establecen en función de la concentración detectada en el aire espirado.

Referencia: información institucional del MOPC sobre controles de alcotest. Las consecuencias penales y otras medidas aplicables dependen del caso y de la normativa vigente.

La existencia de sanciones plantea una segunda cuestión: su capacidad efectiva para modificar comportamientos.

Una multa puede representar un castigo económico, pero su efecto preventivo depende también de la probabilidad de que el conductor sea controlado, de la continuidad de los procedimientos y de la aplicación de las medidas correspondientes.

El desafío, por tanto, no consiste solamente en aumentar las penalidades. También requiere examinar cuántos controles se realizan, en qué lugares, con qué frecuencia, qué proporción arroja resultados positivos y qué sucede posteriormente con los infractores.

La ausencia de una evaluación pública y sistemática de estos indicadores dificulta determinar si las intervenciones están consiguiendo reducir las conductas de riesgo.

Otro aspecto central es la reincidencia. Identificar cuántos conductores vuelven a manejar alcoholizados después de recibir una sanción permitiría conocer si los mecanismos actuales son suficientes o si necesitan complementarse con otras medidas de prevención, seguimiento y rehabilitación.

La factura económica de los siniestros viales

Detrás de cada ambulancia movilizada, cada intervención quirúrgica y cada jornada de internación existe también un costo económico que termina distribuyéndose entre las familias, el sistema sanitario, las aseguradoras, las empresas y el Estado.

Los siniestros viales generan gastos médicos inmediatos, pero sus consecuencias financieras pueden prolongarse durante meses o años.

Una persona con lesiones graves puede necesitar rehabilitación, medicamentos, cuidados permanentes o adaptaciones para recuperar parte de su autonomía. Si la víctima se encuentra en edad productiva, la pérdida temporal o definitiva de su capacidad laboral también repercute sobre los ingresos del hogar.

Para las empresas, las consecuencias pueden incluir ausentismo, interrupciones operativas y pérdida de trabajadores. Para el sector público, representan una demanda adicional sobre hospitales, servicios de emergencia, instituciones de seguridad y el sistema judicial.

El Ministerio de Salud y la ANTSV abordaron precisamente el impacto económico y sanitario de la siniestralidad durante su reunión del 22 de octubre.

Los datos presentados por la Agencia revelaron que los motociclistas representan cerca del 60% de las personas fallecidas y el 76% de las lesionadas en los registros analizados. Además, durante 2025, el Hospital de Trauma recibió a 9.134 motociclistas, equivalentes al 79% de los ingresos señalados en esa presentación.

Estas cifras ilustran la presión que los siniestros ejercen sobre el sistema sanitario. No obstante, tampoco permiten identificar por sí solas qué proporción de los casos estuvo vinculada al consumo de alcohol.

Calcular el costo específico de los siniestros relacionados con la conducción alcoholizada exigiría integrar información sanitaria, policial, judicial y económica. Esa estimación permitiría dimensionar cuánto pierde Paraguay por una conducta que puede prevenirse.

La prevención no puede empezar después de una muerte

La seguridad vial requiere intervenciones sostenidas antes de que ocurra un siniestro. Los controles de alcoholemia constituyen una herramienta, pero su efectividad depende de su cobertura, regularidad y capacidad de disuasión.

La propia ANTSV incluye entre sus publicaciones un estudio sobre la reducción de las pruebas de alcoholemia y sus efectos en la siniestralidad vial durante el periodo 2023-2024, lo que demuestra la importancia de analizar la relación entre fiscalización y resultados.

También resulta necesario examinar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad vial. La Patrulla Caminera, la Policía Nacional, las municipalidades, la ANTSV y el Ministerio Público intervienen desde distintas competencias.

La existencia de múltiples organismos obliga a preguntarse si sus registros se encuentran integrados y si las políticas de prevención responden a objetivos comunes y medibles.

El 22 de octubre, apenas nueve días antes de la tragedia de San Lorenzo, autoridades del Ministerio de Salud y de la ANTSV habían mantenido una reunión para analizar estadísticas, fortalecer la educación vial y evaluar modificaciones normativas orientadas a prevenir siniestros.

La nueva muerte vuelve a poner esas discusiones frente a una exigencia concreta: transformar los diagnósticos institucionales en resultados verificables.

De la indignación a la responsabilidad

Cada muerte asociada a una presunta conducta imprudente al volante suele despertar indignación social. Las imágenes del choque circulan, se conocen los nombres de las víctimas, se cuestiona al conductor involucrado y se reclama justicia.

Sin embargo, el debate público no puede terminar cuando disminuye la atención mediática.

La responsabilidad individual de quien decide conducir después de beber debe ser examinada conforme a la ley, pero también corresponde evaluar la eficacia de los mecanismos destinados a impedir que esas conductas se repitan.

La prevención exige educación, controles, fiscalización, infraestructura segura y consecuencias efectivas frente a las infracciones. También requiere información transparente sobre los procesos judiciales y las sanciones aplicadas.

En el caso de San Lorenzo, la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades correspondientes y el curso de la investigación. La detención del conductor constituye una medida inicial, no una condena.

Para la familia de Matías Eduardo González, ninguna sanción podrá devolver los años que el joven tenía por delante.

Su muerte, ocurrida a los 18 años mientras viajaba en un automóvil detenido ante un semáforo, deja una pregunta que trasciende el caso particular: ¿cuántas vidas más tendrá que perder Paraguay antes de conseguir que conducir alcoholizado deje de ser una conducta recurrente en sus calles y rutas?