La huelga nacional de médicos trasladó al Senado una disputa sobre cómo financiar las demandas del sector: subir impuestos, recortar gastos o reasignar recursos. Mientras Basilio Núñez y Natalicio Chase rechazan una mayor presión tributaria, Líder Amarilla, Yolanda Paredes y otros legisladores plantean gravar más al tabaco y otros consumos para fortalecer Salud Pública.
¿Por qué el impuesto al tabaco volvió al centro del debate político?
El conflicto entre el Gobierno y los gremios médicos dejó de concentrarse únicamente en el reclamo salarial y pasó a involucrar una discusión más amplia sobre el financiamiento del Estado y las prioridades del Presupuesto General de la Nación.
La discusión tomó fuerza después de que la senadora Blanca Ovelar, integrante de la Cámara de Senadores, planteara un arancel específico de G. 2.342 por cada cajetilla de 20 cigarrillos, equivalente al 2% del jornal mínimo vigente. La iniciativa contempla destinar los recursos obtenidos a distintas necesidades sanitarias y educativas.
La propuesta estima una recaudación anual de entre US$ 700 millones y US$ 800 millones, según las proyecciones difundidas por sus impulsores. El proyecto fue firmado por legisladores de diferentes sectores políticos, entre ellos Blanca Ovelar, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, José Ledesma, Lucía Mendoza, José Oviedo, Yolanda Paredes, Orlando Penner, Lilian Samaniego, Mario Varela y Ever Villalba.
El planteamiento aparece en un momento en que el Senado, el Poder Ejecutivo y los gremios médicos mantienen abiertas las negociaciones para encontrar una salida a la huelga. El 27 de agosto, el presidente del Senado, Basilio Núñez, encabezó una reunión con representantes médicos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.
¿Qué posición asumió Basilio Núñez sobre aumentar los impuestos?
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, se posicionó en contra de aumentar la presión tributaria para financiar las reivindicaciones médicas.
Su argumento se concentra en el posible traslado del costo al consumidor y en el impacto que una mayor carga tributaria podría tener sobre la actividad económica.
“Si uno eleva el impuesto eso lo traslada al ciudadano, al microempresario, al constructor y al trabajador”, sostuvo el legislador.
Núñez también defendió la denominada “flexibilidad impositiva” como uno de los factores que, según su interpretación, favorecen la llegada de inversiones al país. Desde esa perspectiva, aumentar impuestos no constituye para el titular del Congreso una solución inmediata al problema presupuestario de Salud.
La postura adquiere relevancia porque Núñez encabeza la Cámara Alta en un momento en que el Congreso busca participar en la negociación entre los médicos y el Ejecutivo. El propio Senado informó que las partes acordaron mantener abierto el diálogo y continuar buscando alternativas frente a los reclamos del sector.
¿Qué plantean los senadores que sí apoyan aumentar el impuesto al tabaco?
La posición contraria es encabezada por legisladores que consideran que el tabaco puede soportar una mayor carga tributaria, especialmente si la recaudación queda vinculada a programas de Salud Pública.
El senador Líder Amarilla, del PLRA, sostuvo que no necesariamente debe existir una suba generalizada de impuestos, pero sí aumentos puntuales en determinados productos.
“Yo estoy convencido que se necesita alzar algunos impuestos, pero en temas puntuales y específicos”, afirmó, mencionando específicamente al tabaco y las bebidas azucaradas como alternativas para generar recursos destinados a Salud.
Su planteamiento introduce una diferencia relevante dentro del debate: no se trata solamente de aumentar la recaudación, sino de definir qué actividades deben soportar el incremento y cuál será el destino de los recursos.
En la misma línea se posicionó la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, quien cuestionó el rechazo del oficialismo al proyecto y exigió buscar otras fuentes de ingresos si no existe respaldo para afectar al sector tabacalero.
Paredes sostuvo que, si el oficialismo no acepta esa vía, debe plantear una alternativa concreta que permita incrementar los recursos disponibles para el sistema sanitario.
Su intervención elevó además el componente político del debate al mencionar directamente a empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes. Esa acusación corresponde a una postura política de la legisladora y no constituye, por sí misma, una determinación institucional sobre la situación tributaria de una empresa.
¿Qué dijo Silvio Ovelar y por qué tuvo que corregir su planteamiento?
El senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, también planteó ampliar las fuentes de financiamiento para atender las demandas médicas.
Sin embargo, posteriormente aclaró una referencia realizada durante una exposición anterior. El legislador había mencionado al Impuesto a la Renta Personal (IRP), pero posteriormente reconoció que se refería al Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).
“Me equivoqué en mi exposición ahí”, admitió.
Más allá de la corrección, Ovelar sostuvo que existen diferentes alternativas para aumentar la recaudación. Entre ellas mencionó modificaciones a impuestos selectivos al consumo, incluyendo productos como tabaco y bebidas azucaradas.
La diferencia con la propuesta específica de Ovelar radica en que el debate ya no se limita a un solo tributo. El Senado comienza a discutir un menú de opciones que incluye impuestos al consumo, renta empresarial, reasignaciones presupuestarias y recortes de gastos.
La Comisión de Hacienda ya viene analizando alternativas presupuestarias vinculadas a Salud. El 25 de agosto, el órgano asesor estudió proyectos para transferir créditos presupuestarios hacia el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos.
¿Por qué Natalicio Chase rechaza el aumento del impuesto al tabaco?
El líder de la bancada de Honor Colorado, senador Natalicio Chase, se ubica en el bloque que rechaza utilizar una suba tributaria como respuesta inmediata al conflicto médico.
Su argumento es que cualquier modificación impositiva necesita un análisis económico previo y que elevar la carga sobre una actividad formal puede afectar su competitividad, el empleo y la recaudación existente.
Chase planteó además que existen otras herramientas para responder al reclamo de los médicos, entre ellas reprogramaciones presupuestarias y ajustes en el gasto.
La posición oficialista coloca el debate en una tensión fiscal de mayor alcance: el Estado debe encontrar recursos adicionales para Salud sin comprometer el equilibrio presupuestario ni deteriorar las condiciones que el Gobierno considera relevantes para atraer inversión.
El problema es que la discusión ocurre a pocos días del inicio formal del tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027. La Cámara de Diputados ya adelantó que los reclamos del sector sanitario deberán ser considerados dentro del análisis presupuestario del próximo ejercicio.
¿El conflicto es realmente sobre impuestos o sobre el uso del gasto público?
La discusión revela dos diagnósticos diferentes sobre el problema fiscal.
Para los legisladores que respaldan mayores impuestos específicos, el Estado necesita encontrar nuevos ingresos y dirigirlos hacia áreas con demandas crecientes, particularmente Salud Pública.
Para quienes rechazan la suba tributaria, el primer paso debería ser revisar cómo se utilizan los recursos existentes, reducir gastos considerados ineficientes y priorizar partidas antes de trasladar un mayor costo a ciudadanos y empresas.
El senador Eduardo Nakayama, por ejemplo, rechazó aumentar impuestos y planteó revisar la estructura del gasto público, incluyendo contrataciones y cargos que considera improductivos.
Esta discusión conecta directamente con una cuestión de transparencia y gobernabilidad fiscal: si el Congreso aprueba nuevos impuestos sin establecer controles claros sobre su destino, el aumento de la recaudación no necesariamente resolverá las deficiencias del sistema. Del mismo modo, si se rechazan nuevas fuentes de ingresos, el Ejecutivo y el Legislativo deberán identificar con precisión qué gastos pueden reducirse o qué partidas pueden ser reasignadas.
El Congreso ya tiene antecedentes recientes de buscar mecanismos extraordinarios para atender necesidades sanitarias. El 26 de agosto, el Senado modificó el proyecto que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS) y devolvió la iniciativa a Diputados.
¿Qué impacto puede tener la disputa sobre inversión y gobernabilidad?
El enfrentamiento sobre el tabaco trasciende la recaudación. También introduce una discusión sobre seguridad jurídica, previsibilidad tributaria y clima de inversión.
Para el sector que rechaza nuevos impuestos, mantener una estructura tributaria relativamente estable es parte de la estrategia para preservar competitividad y atraer capital. Para quienes respaldan mayores cargas sobre determinados productos, la prioridad es que el sistema tributario también responda a los costos sociales y sanitarios asociados a esas actividades.
La diferencia será relevante si el debate termina incorporándose al PGN 2027 o si deriva en una reforma tributaria específica. En ese escenario, el Congreso deberá determinar no solo cuánto se recauda, sino quién paga, cómo se administra y qué mecanismo garantiza que los fondos lleguen efectivamente al destino establecido por ley.
Ese último punto es especialmente relevante para la institucionalidad. Una fuente de ingresos afectada a Salud requiere reglas claras de ejecución, controles presupuestarios y mecanismos de rendición de cuentas. Sin esos instrumentos, el debate sobre el impuesto puede terminar reducido a una disputa política sobre quién soporta el costo de la crisis sanitaria.
El Gobierno, por su parte, mantiene abierta la negociación con los médicos. La Cámara de Diputados informó que el Ejecutivo está evaluando los planteamientos técnicos y financieros del sector y que el objetivo es encontrar una salida que pueda ser cumplida dentro de las restricciones presupuestarias.
¿Qué queda en juego para el Senado?
La discusión deja al Senado frente a una decisión que va más allá del impuesto al tabaco. La crisis médica obligó al Congreso a discutir simultáneamente recaudación, gasto, presupuesto y prioridades del Estado.
El bloque que propone aumentar impuestos deberá demostrar que la mayor recaudación es viable y que el mecanismo evita efectos adversos sobre consumo, empleo o actividad formal. El sector que rechaza la medida tendrá que explicar de dónde saldrán los recursos necesarios para responder a los reclamos médicos si descarta nuevas fuentes tributarias.
El debate también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para construir una salida que combine sostenibilidad fiscal, transparencia en el gasto y previsibilidad para el sector privado.
Mientras tanto, el conflicto sanitario continúa abierto. La negociación entre Congreso, Ejecutivo y gremios médicos seguirá durante los próximos días, con el Presupuesto 2027 como uno de los escenarios donde finalmente podría definirse cuánto margen tendrá el Estado para atender las demandas del sector.
