El Poder Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta presupuestaria de aproximadamente US$60 millones para avanzar en la negociación con los médicos, vinculando eventuales reajustes salariales a un escalafón sanitario y criterios de formación, especialización y mérito. La discusión busca evitar una nueva huelga, pero todavía no existe un acuerdo definitivo con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).
La propuesta fue presentada durante una nueva ronda de conversaciones entre autoridades y representantes médicos. La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, sostuvo que tres de los cuatro reclamos planteados por el sector ya tienen una respuesta o una vía de implementación, mientras que el reajuste salarial generalizado continúa siendo el principal punto de diferencia.
La negociación se desarrolla después de una huelga de cinco días y en un escenario de presión sobre la red pública, con médicos que mantienen movilizaciones y profesionales que presentaron renuncias. Este jueves, Sinamed prevé analizar en asamblea los avances obtenidos y definir sus próximas acciones.
¿Cuánto dinero plantea el Ejecutivo y de dónde saldrían los recursos?
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, confirmó la existencia de una propuesta concreta que contempla un presupuesto de aproximadamente US$60 millones. El monto busca abrir una alternativa al pedido gremial de un aumento generalizado y trasladar la discusión hacia un esquema vinculado con la carrera sanitaria.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, explicó que el espacio financiero identificado por el Gobierno proviene de mejoras en la eficiencia del gasto, particularmente en las adquisiciones públicas. Según el planteamiento oficial, la reducción de precios en compras de medicamentos e insumos permitió generar ahorros que pueden contribuir a financiar nuevas medidas.
El mecanismo tiene una implicancia presupuestaria relevante. El Presupuesto General de la Nación 2027 ya contempla un fuerte incremento de recursos para salud. El Senado informó que, entre los reclamos médicos considerados en el proyecto, figuran el pago por feriados, la provisión de medicamentos e insumos y la desprecarización laboral de 2.390 médicos.
En paralelo, el Ejecutivo anunció US$760 millones para nuevas compras de medicamentos e insumos durante 2027 y elevó la previsión presupuestaria del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) de aproximadamente US$110 millones a US$195 millones. El Ministerio de Salud concentraría el 62% del incremento de recursos previsto dentro del Poder Ejecutivo, según los datos oficiales difundidos sobre el proyecto.
¿Por qué el Gobierno rechaza un aumento salarial generalizado?
El principal desacuerdo continúa concentrado en la metodología para aplicar el incremento salarial. Los médicos reclaman un aumento de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas semanales, mientras que el Ejecutivo sostiene que una suba uniforme no permitiría diferenciar responsabilidades, formación y especialización.
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, planteó que existen dos modelos en discusión: uno basado en incrementar la remuneración de todos los profesionales y otro sustentado en una estructura de meritocracia y carrera sanitaria. La segunda alternativa permitiría establecer diferencias salariales según determinados criterios profesionales.
El debate no parte de cero en términos jurídicos. El Código Sanitario, Ley N.º 836, establece en su artículo 227 la creación del escalafón sanitario para quienes ejercen, dirigen, administran, orientan o supervisan actividades de salud dentro del Ministerio. El artículo 228 establece que corresponde al Poder Ejecutivo establecer y reglamentar ese escalafón.
Esto convierte la discusión actual en algo más amplio que un reajuste coyuntural. Si el Gobierno y los gremios consiguen acordar los criterios, niveles y mecanismos de aplicación, el conflicto podría derivar en una modificación estructural de la forma en que se determina la remuneración de los profesionales de la salud pública.
¿Qué reclamos médicos ya tienen una respuesta del Gobierno?
La ministra María Teresa Barán sostiene que tres de los cuatro puntos planteados por los médicos cuentan con avances oficiales: el pago por servicios realizados en días feriados, la provisión de medicamentos e insumos y la desprecarización laboral.
En materia laboral, el Gobierno prevé avanzar con 2.390 médicos contratados dentro del proceso de desprecarización. El Ministerio de Salud ya había iniciado este mecanismo mediante concurso y los profesionales incorporados corresponden a una lista de elegibles. El Senado también confirmó que estos 2.390 médicos forman parte del proceso previsto por el Ejecutivo.
La dimensión del problema laboral es mayor. Según información presentada previamente por el Ministerio de Economía, para unas 2.400 vacancias se registraron alrededor de 11.000 postulantes que quedaron en una lista de elegibles. Esto muestra que la regularización de contratos no resuelve por sí sola la discusión sobre la estructura de personal sanitario, pero sí constituye uno de los componentes centrales de la negociación.
El pago por jornadas realizadas durante días feriados también forma parte de la agenda. Salud y Economía trabajan en el mecanismo para implementar esta obligación, mientras que el escalafón aparece como la vía propuesta por el Ejecutivo para abordar el componente salarial.
¿Qué falta para que la propuesta se convierta en un acuerdo?
El punto determinante será la respuesta de Sinamed. La secretaria general del sindicato, Rossana González, sostuvo que el gremio está dispuesto a analizar una propuesta concreta del Ejecutivo, pero que cualquier planteamiento deberá ser llevado a la asamblea de médicos antes de definir si se acepta o se rechaza.
Este jueves, representantes del sindicato mantienen conversaciones con la ministra María Teresa Barán, mientras el gremio también analiza sus próximos pasos. La presión permanece porque los médicos consideran insuficiente una solución que no establezca con claridad cómo, cuándo y para quiénes se producirían los reajustes.
El escenario, por tanto, todavía no puede presentarse como un acuerdo cerrado. El Gobierno avanzó desde una posición de rechazo al aumento generalizado hacia una propuesta con recursos identificados y una estructura de carrera, pero la aceptación sindical dependerá de los detalles técnicos.
La diferencia entre ambas posiciones también tiene una dimensión fiscal. El pedido de incremento uniforme representa una erogación significativamente mayor y permanente para el Estado, mientras que un esquema escalonado permitiría distribuir el impacto presupuestario según categorías profesionales y disponibilidad financiera.
¿Qué implica el conflicto para el presupuesto y la gestión pública?
La disputa salarial ocurre mientras el Ejecutivo defiende una estrategia de mayor asignación de recursos para Salud Pública, pero bajo restricciones fiscales. El proyecto de PGN 2027 deberá pasar por el Congreso, donde los legisladores podrán modificar, aprobar o rechazar las partidas propuestas.
El tratamiento legislativo será, por eso, otra instancia relevante de la negociación. Una eventual carrera sanitaria con impacto salarial deberá contar con respaldo presupuestario suficiente y reglas que permitan determinar quiénes acceden a cada nivel. El desafío institucional será evitar que una solución de corto plazo genere compromisos permanentes sin una fuente de financiamiento sostenible.
Para el Gobierno, el argumento central es que los recursos adicionales deben surgir de una mejora en la calidad del gasto, antes que de un aumento generalizado de las obligaciones salariales. Para los médicos, en cambio, el problema es que la estructura actual no refleja la formación, responsabilidad y pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años.
La discusión también incide sobre la gobernabilidad. Una nueva paralización de servicios públicos elevaría la presión sobre el Ejecutivo y trasladaría el conflicto desde el ámbito laboral hacia la prestación de un servicio esencial. Por eso, la negociación actual busca encontrar un punto intermedio entre la demanda salarial y la capacidad presupuestaria del Estado.
¿Puede el escalafón sanitario convertirse en la salida estructural del conflicto?
El escalafón tiene una diferencia importante frente a una negociación salarial convencional: existe una base legal previa. El Código Sanitario ya contempla su existencia, por lo que la discusión actual apunta a cómo desarrollar y aplicar ese instrumento en la estructura sanitaria.
La cuestión pendiente es definir los parámetros concretos. Formación, especialización, antigüedad, responsabilidad y desempeño aparecen como elementos del modelo planteado por el Ejecutivo. El resultado deberá establecer categorías verificables y reglas de acceso para que el esquema tenga aplicación presupuestaria y administrativa.
El impacto también puede extenderse al clima de inversión y la percepción institucional. Una administración pública capaz de ordenar su estructura salarial con criterios previsibles puede mejorar la planificación del gasto y reducir conflictos recurrentes. Pero si la implementación queda solamente en una promesa presupuestaria sin reglas claras, el conflicto podría reaparecer bajo nuevas formas.
La negociación entre Ejecutivo y gremios médicos entra así en una etapa distinta: ya no se discute únicamente cuánto aumentar, sino bajo qué estructura remunerativa, con qué recursos y mediante qué mecanismo institucional. La respuesta de los médicos y el posterior tratamiento del PGN 2027 en el Congreso determinarán si la propuesta de US$60 millones se convierte en una solución concreta o en otra etapa de una disputa todavía abierta.
