Una requisa general realizada en el Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú, permitió incautar armas cortopunzantes, presuntas drogas, celulares, bebidas alcohólicas, dinero y cables en poder de internos. El operativo fue ejecutado por el Ministerio de Justicia, con apoyo de la Policía Nacional, y expone nuevamente el desafío estatal de controlar el ingreso y circulación de elementos prohibidos dentro de las cárceles.
¿Qué se encontró durante la requisa del Centro Nacional de Prevenidos?
El procedimiento abarcó distintos sectores del Centro Nacional de Prevenidos, incluyendo pabellones, celdas y espacios comunes. La intervención fue presentada por el Ministerio de Justicia como parte de los controles preventivos destinados a reforzar la seguridad penitenciaria.
Entre los elementos encontrados figuran objetos cortopunzantes y estoques, además de celulares, sustancias presuntamente estupefacientes, bebidas alcohólicas, cables y dinero en efectivo. La intervención contó con la participación de efectivos especializados de la Policía Nacional, según la información difundida por las autoridades.
El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, señaló que durante el procedimiento también se realizaron pruebas de campo sobre las sustancias encontradas y se documentaron las evidencias para su eventual remisión al Ministerio Público. La calificación definitiva de las sustancias queda sujeta a los procedimientos correspondientes.
El hallazgo de estos elementos tiene una dimensión que trasciende el resultado inmediato de la requisa. La presencia de armas, drogas y dispositivos de comunicación obliga a revisar la eficacia de los mecanismos utilizados para impedir que estos objetos ingresen a establecimientos bajo custodia estatal.
¿Por qué los celulares representan un problema para la seguridad penitenciaria?
El control de los teléfonos celulares constituye uno de los principales desafíos del sistema penitenciario paraguayo. Los dispositivos permiten comunicaciones que pueden escapar de los mecanismos ordinarios de supervisión y, dependiendo del caso, pueden ser utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos.
El propio Ministerio de Justicia reconoció en julio que el ingreso de celulares constituye una problemática extendida en las penitenciarías del país. En esa oportunidad, el ministro Rodrigo Nicora señaló que las cárceles paraguayas todavía no cuentan con inhibidores de señal, una herramienta que las autoridades consideran necesaria para limitar las comunicaciones no autorizadas.
El problema no se limita al Centro Nacional de Prevenidos. En julio se produjo una importante incautación de celulares en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, después de denuncias relacionadas con presuntos delitos informáticos coordinados desde el interior de la cárcel. El episodio mostró que el control de las comunicaciones penitenciarias tiene implicancias directas sobre la seguridad pública.
La discusión, por tanto, no pasa únicamente por retirar teléfonos durante las requisas. También involucra tecnología de vigilancia, controles de acceso, protocolos internos y supervisión del personal penitenciario.
¿Qué revela la presencia de armas y drogas dentro del penal?
La aparición de armas de fabricación casera, objetos cortopunzantes y presuntas drogas plantea una pregunta institucional diferente: cómo determinados elementos logran superar los controles de seguridad de un establecimiento penitenciario.
El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, admitió durante el procedimiento que existen deficiencias en los mecanismos de control interno. Según explicó, algunos de los objetos encontrados incluso habrían sido elaborados a partir de materiales disponibles dentro de la propia infraestructura del establecimiento.
Este punto amplía el problema. No todos los elementos prohibidos necesariamente ingresan desde el exterior. Algunos pueden ser fabricados o adaptados dentro de las propias instalaciones, lo que obliga a combinar controles de ingreso con vigilancia permanente sobre los materiales, herramientas y espacios utilizados por los internos.
La situación también coloca bajo atención al personal penitenciario. Peña anunció investigaciones para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios en los casos en que corresponda. Esa línea de investigación resulta relevante para establecer si las fallas responden exclusivamente a limitaciones materiales o si existen incumplimientos individuales de los protocolos de seguridad.
¿Qué antecedentes tiene el control estatal sobre el exTacumbú?
El Centro Nacional de Prevenidos ocupa un lugar particular dentro de la política penitenciaria paraguaya debido a los antecedentes de la antigua Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
En diciembre de 2023, la denominada Operación Veneratio implicó un despliegue conjunto de 1.100 militares y 1.218 policías para recuperar el control del establecimiento. La intervención dejó un policía y varios internos fallecidos, además de decenas de heridos, y marcó un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno respecto al control de las cárceles.
Un año después, el Gobierno presentó la recuperación del establecimiento como uno de los principales resultados de su política penitenciaria. El entonces proceso de transformación incluyó el traslado de internos, recuperación de sectores anteriormente vedados para las autoridades y eliminación de estructuras que habían permitido distintos niveles de control informal dentro del penal.
Sin embargo, la existencia actual de armas, drogas, celulares y alcohol muestra que recuperar físicamente el control de una penitenciaría no equivale a solucionar todos los problemas de seguridad interna. La gestión posterior exige controles sostenidos y capacidad institucional para detectar las nuevas formas de circulación de objetos prohibidos.
¿Qué implica la requisa para la política de seguridad penitenciaria?
El Ministerio de Justicia sostiene que las requisas forman parte de un esquema de controles preventivos periódicos que continuará en otros establecimientos penitenciarios. La lógica institucional es detectar elementos prohibidos antes de que puedan utilizarse para generar incidentes o facilitar actividades delictivas.
Pero la efectividad de esta estrategia dependerá de lo que ocurra después de cada operativo. Una requisa puede retirar objetos existentes, pero no necesariamente elimina las condiciones que permitieron su ingreso, fabricación o circulación.
Por eso, el desafío para el Ministerio de Justicia pasa por convertir los operativos extraordinarios en información para mejorar los controles cotidianos. Esto incluye determinar de dónde proceden los elementos encontrados, identificar eventuales responsabilidades, reforzar la vigilancia tecnológica y revisar los protocolos de ingreso de personas y materiales.
En términos de gobernabilidad y Estado de derecho, el control efectivo de las cárceles constituye una responsabilidad directa del Estado. Las personas privadas de libertad permanecen bajo custodia pública y la administración penitenciaria debe garantizar simultáneamente seguridad, disciplina y respeto de las garantías legales.
¿Puede el operativo derivar en nuevas medidas dentro de las cárceles?
Los resultados de la requisa pueden servir como insumo para nuevas decisiones administrativas y de seguridad. El hallazgo de celulares, armas y sustancias presuntamente ilícitas permite identificar puntos vulnerables que deberían ser evaluados por las autoridades penitenciarias.
También puede abrir una discusión sobre inversión pública en infraestructura y tecnología. El fortalecimiento de cámaras, controles de acceso, sistemas de revisión e inhibidores de señal requiere recursos y planificación, pero también mecanismos de supervisión que permitan verificar que esas inversiones efectivamente reduzcan los riesgos detectados.
La dimensión institucional es especialmente relevante después de Veneratio. La recuperación del control estatal sobre Tacumbú fue presentada como un proceso estructural y no como una intervención aislada. Por ello, cada nueva requisa funciona también como una medición de la capacidad del sistema para mantener ese control en el tiempo.
La seguridad penitenciaria, en este contexto, deja de ser solamente un asunto interno de los establecimientos. Cuando desde una cárcel pueden circular drogas, armas o comunicaciones no autorizadas, el problema alcanza directamente a la seguridad pública, la persecución penal y la capacidad operativa del Estado.
El desafío ahora es sostener el control penitenciario
La requisa del Centro Nacional de Prevenidos vuelve a colocar el foco sobre una etapa posterior a la recuperación física de las cárceles: la capacidad del Estado para sostener controles efectivos de manera permanente.
El procedimiento permitió retirar elementos prohibidos y detectar vulnerabilidades. El siguiente paso institucional será determinar cómo ingresaron o fueron fabricados, quiénes pudieron facilitar su circulación y qué modificaciones deberán aplicarse para evitar que vuelvan a aparecer.
La respuesta a esas preguntas permitirá medir si las requisas funcionan únicamente como operativos de corrección o si forman parte de un sistema permanente de seguridad, supervisión y rendición de cuentas penitenciaria.
