El acuerdo petrolero impulsado por el presidente Donald Trump con Venezuela comienza a generar tensiones dentro de la propia industria energética estadounidense. Mientras la Casa Blanca presenta el pacto como una oportunidad para recuperar producción y ampliar el acceso al crudo venezolano, algunas compañías que ya analizaban inversiones en el país temen quedar desplazadas por una estructura controlada directamente por Washington.
Según Bloomberg Línea, el acuerdo contempla una participación del 35% de Estados Unidos en NABEP, además de derechos sobre parte de la producción petrolera venezolana. La iniciativa se suma a la estrategia de Trump para recuperar el sector energético de Venezuela y acelerar el desarrollo de sus reservas.
El pacto llega en un momento en que Washington busca aumentar la oferta de petróleo y contener los precios de los combustibles en Estados Unidos, mientras la guerra en Medio Oriente mantiene bajo presión al mercado energético internacional.
Inversión estatal
La intervención directa de Estados Unidos cambia las reglas para las compañías privadas que habían comenzado a evaluar oportunidades en Venezuela.
Bloomberg señala que Trump decidió impulsar una empresa controlada directamente por Estados Unidos ante la frustración de su administración por la velocidad con la que las petroleras privadas respondían a los incentivos para aumentar la producción venezolana.
El objetivo de Washington es acelerar el desarrollo de 17 yacimientos petrolíferos incluidos en el acuerdo. Sin embargo, buena parte de estos campos requiere inversiones importantes, infraestructura adicional y mejoras en servicios básicos antes de alcanzar niveles elevados de producción.
La estrategia coloca al Gobierno estadounidense en una posición poco habitual dentro del negocio petrolero: no solo busca facilitar las condiciones para que sus empresas inviertan, sino que pretende participar directamente en la estructura que administrará parte de los recursos.
Petroleras en alerta
El nuevo esquema genera incertidumbre entre empresas que ya habían identificado oportunidades en Venezuela.
Chevron, la principal petrolera estadounidense que actualmente opera en el país, negocia incorporar dos yacimientos de crudo pesado a sus operaciones. Otras compañías también avanzan en proyectos.
Hunt Oil, con sede en Dallas, ya firmó un acuerdo para desarrollar los campos Caro y Carisito, mientras GeoPark prevé hacerse con el yacimiento Bare, localizado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Del lado venezolano también se mencionó la posible participación de compañías como Repsol, Eni, Shell y BP en nuevos proyectos de petróleo y gas.
La existencia de estos acuerdos muestra que el interés privado por Venezuela no desapareció. El problema para las empresas es que ahora deberán competir con una estructura respaldada directamente por el Gobierno estadounidense.
Producción limitada
La magnitud de las reservas venezolanas constituye uno de los principales atractivos del acuerdo. Estados Unidos busca obtener mayor control sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras el Gobierno venezolano plantea elevar la producción por encima de 1,5 millones de barriles diarios.
Pero transformar reservas en producción requiere tiempo y capital.
Bloomberg señala que varios de los campos incluidos en el acuerdo tienen infraestructura limitada y problemas de suministro eléctrico. La recuperación de esos activos puede demandar miles de millones de dólares y extenderse durante varios años.
Ese punto reduce la posibilidad de que el acuerdo genere un aumento significativo de la oferta petrolera estadounidense en el corto plazo.
Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, según cifras recientes citadas por Bloomberg Línea. El país llegó a producir cerca de 3,5 millones de barriles diarios a finales de la década de 1990.
Riesgo empresarial
La distancia entre el anuncio político y la capacidad productiva real es uno de los principales riesgos del proyecto.
Para las compañías petroleras, invertir en Venezuela implica enfrentar infraestructura deteriorada, incertidumbre jurídica y política y la necesidad de realizar desembolsos elevados antes de recuperar el capital.
Bloomberg recoge la evaluación de analistas que consideran limitado el interés de las grandes petroleras estadounidenses por comprometer capital a la escala y velocidad que pretende la Administración Trump. Las disputas pendientes y los riesgos para los inversionistas continúan siendo obstáculos para acelerar las inversiones.
Al mismo tiempo, una cartera visible de nuevos proyectos podría mejorar las expectativas sobre la futura oferta de crudo venezolano y contribuir a reducir la preocupación de los mercados sobre el suministro energético.
El acuerdo, por tanto, plantea una paradoja para la industria estadounidense: Washington quiere acelerar la producción venezolana, pero para hacerlo está creando una estructura que podría alterar el espacio que las empresas privadas esperaban ocupar en ese proceso.
La capacidad del proyecto para generar más petróleo dependerá ahora de cuánto capital pueda movilizar, de la velocidad con que se recuperen los campos y de la estabilidad política y jurídica que Venezuela pueda ofrecer durante los próximos años.
