Más de 5 millones de electores están habilitados para votar el 4 de octubre en las elecciones municipales, que renovarán 263 intendencias y 5.664 cargos de Juntas Municipales para el periodo 2026-2031. El proceso no solo definirá autoridades locales: también renovará los espacios desde los cuales se administran presupuestos, se controlan recursos públicos y se toman decisiones sobre servicios y obras municipales.
¿Qué se elegirá en las municipales del 4 de octubre?
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó que 5.043.154 electores están habilitados para participar de los comicios del próximo 4 de octubre, que se desarrollarán simultáneamente en los 263 distritos del país. Los ciudadanos elegirán intendentes y miembros de las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031.
La dimensión del proceso se explica por la cantidad de cargos en disputa. Se presentan 630 candidatos a intendentes, mientras que 18.973 candidatos titulares y suplentes compiten por los cargos de concejales municipales. En las máquinas de votación aparecerán 9.804 candidatos, según el organismo electoral.
La elección también representa una renovación de las estructuras políticas que administrarán los gobiernos locales durante los próximos cinco años. A diferencia de una elección exclusivamente nacional, el resultado se fragmentará en 263 territorios, cada uno con autoridades responsables de decisiones administrativas, presupuestarias y regulatorias dentro de sus respectivas competencias.
¿Por qué las intendencias tienen peso en la administración de recursos públicos?
La importancia de los comicios municipales no se limita al resultado político. La Ley N.º 3.966/2010 Orgánica Municipal establece que el gobierno municipal es ejercido conjuntamente por la Intendencia Municipal y la Junta Municipal, con funciones diferenciadas.
La Intendencia tiene a su cargo la administración general de la municipalidad, mientras que la Junta Municipal funciona como órgano normativo, de control y deliberante. Esta separación convierte la composición de cada Junta en un elemento relevante para la fiscalización de la administración local.
Entre las atribuciones de las Juntas figuran la aprobación del presupuesto municipal, el control de su ejecución, la sanción de la ordenanza tributaria y la autorización de determinados empréstitos. También pueden considerar las rendiciones de cuentas presentadas por el intendente y solicitar información sobre el funcionamiento de la Municipalidad.
Por su parte, el intendente administra los bienes municipales, recauda e invierte los ingresos de acuerdo con el presupuesto, ejecuta ese presupuesto y debe presentar periódicamente informes sobre su ejecución a la Junta Municipal. La estructura establece, por tanto, un sistema de administración y control que será renovado con las elecciones de octubre.
¿Cuánto poder concentra una Junta Municipal?
La composición de las Juntas no es uniforme en todo el país. El TSJE establece que Asunción tendrá 24 miembros titulares y suplentes, mientras que las capitales departamentales y los municipios de los grupos primero y segundo cuentan con 12 miembros titulares y suplentes. Los municipios de los grupos tercero y cuarto tienen 9 miembros titulares y suplentes.
Esta distribución importa porque las Juntas no cumplen únicamente una función deliberativa. Entre sus competencias se encuentran decisiones vinculadas al presupuesto, tributos municipales, contrataciones, convenios, endeudamiento y control de la ejecución presupuestaria. La Ley Orgánica Municipal incluso establece mecanismos para que el Legislativo municipal solicite informes a la Intendencia sobre cuestiones relacionadas con la administración.
El resultado electoral puede, por lo tanto, determinar no solo quién ocupará la Intendencia, sino también qué correlación de fuerzas tendrá el intendente dentro de la Junta Municipal. Esa relación puede facilitar o dificultar la aprobación de ordenanzas, presupuestos, contratos y otras decisiones administrativas.
En términos institucionales, la elección de concejales tiene así una dimensión de control del poder local que trasciende la disputa partidaria. La capacidad de fiscalización de las Juntas forma parte del esquema mediante el cual los recursos municipales deben ser administrados y rendidos.
¿Cómo se prepara el TSJE para una elección de más de cinco millones de personas?
El despliegue electoral contempla 14.711 mesas receptoras de votos distribuidas en 1.187 locales de votación. Para la jornada se dispondrá de 17.992 máquinas de votación: 14.711 serán utilizadas en las mesas, 2.094 estarán destinadas a contingencias y 1.187 serán empleadas para capacitación.
La preparación tecnológica entró además en una etapa relevante. El TSJE inició el proceso de cierre del software oficial de las máquinas de votación, con participación de representantes técnicos de las organizaciones políticas acreditadas. El cronograma contempla posteriormente el repliegue de kits de transmisión y escaneo para su actualización con el software oficial.
El organismo electoral también culminó en agosto la verificación y validación de los datos de los candidatos que aparecerán en las máquinas, proceso realizado con representantes de las organizaciones políticas. Esto forma parte de los mecanismos destinados a verificar que la información incorporada al sistema de votación corresponda a las candidaturas oficialmente registradas.
En materia de accesibilidad, el TSJE informó que implementará 32 máquinas distribuidas en 32 mesas, dentro del programa Voto Accesible, en 31 locales de votación de 19 ciudades. El programa contempla la modalidad de Voto en Casa para electores beneficiados.
¿Qué implica la elección para la transparencia y el control municipal?
La renovación de autoridades municipales también abre un nuevo ciclo de control sobre la utilización de recursos públicos en los gobiernos locales. La legislación municipal asigna responsabilidades específicas tanto a los intendentes como a las Juntas, incluyendo la elaboración, aprobación, ejecución y fiscalización del presupuesto.
La Ley N.º 3.966/2010 establece además mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información pública dentro del régimen municipal. Esto significa que la calidad institucional de las nuevas administraciones no dependerá únicamente del resultado electoral, sino también de cómo funcionen los mecanismos de rendición de cuentas durante el periodo 2026-2031.
El componente de financiamiento político será otro elemento de seguimiento. El Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) del TSJE permite consultar información sobre cómo las organizaciones políticas financian sus operaciones y acceder a documentación relacionada con sus rendiciones de cuentas.
Para una elección con 32 partidos y 22 movimientos políticos que presentan candidaturas, ese seguimiento adquiere relevancia para la transparencia del proceso y para la trazabilidad de los recursos utilizados durante la competencia electoral.
¿Qué mapa político dejarán las municipales para los próximos cinco años?
Las elecciones del 4 de octubre renovarán el poder municipal en todo el territorio nacional y establecerán la relación entre intendentes y Juntas Municipales durante el periodo 2026-2031. Aunque la elección es local, sus efectos pueden proyectarse sobre la gestión pública, la planificación urbana, la infraestructura, la recaudación y la prestación de servicios en cada distrito.
El resultado también permitirá medir la capacidad de las organizaciones políticas para conservar o conquistar estructuras territoriales antes del siguiente ciclo electoral nacional. Sin convertir las municipales en una elección presidencial anticipada, la distribución de las intendencias y de las Juntas ofrecerá información sobre la fortaleza territorial de los distintos sectores políticos.
Para los ciudadanos, el resultado tendrá una consecuencia más inmediata: definirá quién administrará los recursos municipales y quién tendrá la responsabilidad de controlar, aprobar y fiscalizar esas decisiones. Para las instituciones, el desafío comenzará después de las urnas, con la capacidad de convertir el mandato electoral en gestión, transparencia y rendición de cuentas durante los próximos cinco años.
