Una investigación académica advierte sobre presuntos pagos informales que afectarían la formación policial, los ascensos y la confianza institucional.
Una investigación desarrollada durante siete años por el doctor en criminología Juan Martens expone presuntos mecanismos informales de negociación dentro de la Policía Nacional, vinculados a cursos de capacitación, ascensos y asignación de funciones. El estudio sostiene que estas prácticas podrían debilitar la profesionalización de los agentes, afectar los controles institucionales y erosionar la confianza ciudadana en el sistema de seguridad pública.
¿Qué reveló la investigación sobre la formación y los ascensos policiales?
El criminólogo Juan Martens presentó los resultados de un trabajo etnográfico realizado durante siete años con integrantes de la Policía Nacional, en el que identificó presuntas prácticas informales relacionadas con la capacitación, los ascensos y la carrera institucional.
Durante una entrevista concedida a Radio Monumental 1080 AM, el investigador afirmó que, según los testimonios y evidencias recopiladas, distintos procedimientos administrativos habrían derivado en mecanismos paralelos de intercambio económico. En ese contexto, resumió uno de los hallazgos centrales con la frase: «En la Policía todo tiene precio o, si no, se inventa».
El estudio no constituye una investigación judicial ni atribuye responsabilidades individuales, sino que describe patrones estructurales observados durante el trabajo de campo y plantea interrogantes sobre el funcionamiento interno de la institución.
¿Cómo operarían los presuntos esquemas alrededor de los cursos obligatorios?
Uno de los ejemplos citados por Martens corresponde a los cursos requeridos para los ascensos de suboficiales, que oficialmente contemplan requisitos académicos y administrativos para avanzar dentro de la carrera policial.
Según explicó, junto al sistema formal se habría desarrollado un circuito informal mediante el cual algunos responsables ofrecerían un denominado «paquete completo», consistente en registrar asistencia, elaborar trabajos prácticos y completar exigencias académicas sin que el funcionario participe efectivamente del proceso de formación.
De acuerdo con el investigador, quienes acceden a ese mecanismo únicamente deberían presentarse al acto de graduación para obtener la certificación correspondiente, documento que posteriormente serviría para cumplir los requisitos exigidos en los ascensos.
¿Qué impacto tendría sobre la profesionalización policial?
Martens sostuvo que estas prácticas, de comprobarse, generan consecuencias que trascienden la obtención irregular de certificados y afectan directamente la calidad del servicio policial.
El investigador recordó que el Instituto Superior de Educación Policial posee rango universitario, por lo que sus programas académicos deberían estar sometidos a mecanismos permanentes de evaluación, acreditación y fiscalización institucional.
A su criterio, la ausencia de controles efectivos permitiría que algunos funcionarios obtengan títulos y certificaciones sin adquirir las competencias profesionales necesarias.
Como resultado, advirtió, podrían existir efectivos con acreditaciones formales, pero sin la preparación suficiente para desempeñar las responsabilidades que exige la función policial, situación que repercute tanto en la gestión interna como en la prestación del servicio de seguridad.
¿Las presuntas irregularidades alcanzarían otros espacios dentro de la institución?
El análisis presentado por Martens sostiene que las dinámicas informales no se limitarían exclusivamente a los procesos de formación o ascenso.
Según explicó, durante la investigación también surgieron referencias a presuntos incentivos económicos vinculados con la asignación de determinados destinos considerados estratégicos o de mayor rentabilidad.
Entre ellos mencionó:
- Puestos de control fronterizo.
- Oficinas de identificación.
- Asignaciones operativas específicas.
- Determinados cargos administrativos.
El investigador indicó que estos espacios generarían incentivos económicos informales que terminarían influyendo en decisiones relacionadas con la distribución del personal dentro de la estructura policial.
¿Qué desafíos institucionales plantea esta investigación?
Martens explicó que buena parte de la información fue proporcionada por efectivos policiales que colaboraron bajo estricta reserva para proteger su identidad y seguridad.
El objetivo del estudio, señaló, no consiste en cuestionar a la totalidad de la institución, sino en aportar evidencia sobre problemas estructurales que podrían afectar la transparencia, la meritocracia y la profesionalización de la Policía Nacional.
Las conclusiones también vuelven a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, la supervisión de los procesos académicos y los sistemas de evaluación para garantizar que los ascensos respondan efectivamente al mérito, la capacitación y el cumplimiento de los requisitos legales.
En un contexto donde la seguridad pública depende en gran medida de la confianza ciudadana en sus instituciones, las observaciones planteadas por el investigador reabren la discusión sobre la importancia de consolidar procesos transparentes que fortalezcan la credibilidad, la eficiencia y la legitimidad de la Policía Nacional.
Periodista Senior