El exsenador Hernán Rivas llega este jueves al tramo final del juicio oral por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y, tras los alegatos finales de la defensa previstos desde las 09:30, el Tribunal quedará en condiciones de deliberar sobre su responsabilidad penal. Poder Judicial Paraguay
¿Qué debe resolver hoy el Tribunal en el caso Hernán Rivas?
El juicio contra Hernán David Rivas Román entra este 24 de septiembre en su instancia decisiva. La jornada está destinada a los alegatos finales de la defensa y, una vez agotada esa etapa y las eventuales réplicas, el Tribunal de Sentencia podrá pasar a deliberar.
La cuestión central es determinar si Rivas tuvo responsabilidad penal en la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso, hechos relacionados con la documentación que respaldaba su condición de abogado. La causa llegó a juicio después de un extenso recorrido procesal que incluyó una controversia sobre la prescripción. Poder Judicial Paraguay
La Fiscalía sostiene que durante el debate oral logró acreditar que la documentación académica utilizada por el exlegislador no se correspondía con una trayectoria universitaria real y verificable. La defensa, por su parte, tendrá este jueves su última oportunidad procesal para controvertir esa tesis antes de la decisión del Tribunal.
¿Por qué la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Hernán Rivas?
El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de privación de libertad. La acusación está encabezada por la fiscala Patricia Sánchez, junto con los agentes fiscales Luz Guerrero y Christian Benítez.
El planteamiento fiscal sostiene que Rivas utilizó documentación que le atribuía una condición profesional cuya base académica, según la acusación, no pudo ser acreditada durante el juicio. Corresponde ahora al Tribunal determinar si las pruebas incorporadas alcanzan el estándar requerido para establecer responsabilidad penal.
La diferencia es jurídicamente relevante: el pedido de 12 años constituye la pretensión punitiva del Ministerio Público y no equivale a una condena. Rivas mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine lo contrario.
¿Cómo llegó el caso Hernán Rivas hasta el juicio oral?
El proceso atravesó una disputa jurídica que llegó hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El 7 de mayo de 2026, esa instancia hizo lugar a un recurso extraordinario de casación presentado por el Ministerio Público y anuló resoluciones del Tribunal de Apelación que habían confirmado la prescripción y el sobreseimiento definitivo de Rivas. Poder Judicial Paraguay
La Corte revocó parcialmente el Auto Interlocutorio N.º 850, del 10 de octubre de 2025, y mantuvo la apertura a juicio oral respecto del uso de documentos públicos de contenido falso, incorporando además la calificación de producción mediata de documento público de contenido falso. Poder Judicial Paraguay
La propia máxima instancia judicial hizo entonces una precisión importante: aquella resolución se limitaba al análisis procesal y jurídico de las decisiones recurridas y no constituía una condena ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Rivas. Esa cuestión es precisamente la que corresponde resolver al Tribunal de Sentencia. Poder Judicial Paraguay
¿Por qué el caso excede la discusión sobre un título universitario?
La dimensión institucional del proceso está vinculada con los cargos públicos ejercidos por Rivas. El cuestionamiento sobre su condición de abogado adquirió especial relevancia por su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que interviene en el juzgamiento de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos.
Por esa razón, el expediente no se limita a establecer la autenticidad o validez de documentación académica. La discusión alcanza también al funcionamiento de los mecanismos utilizados para verificar requisitos profesionales cuando estos tienen consecuencias sobre la integración de organismos vinculados al sistema de justicia.
El juicio puede, por tanto, generar consecuencias que trascienden la situación penal individual de Rivas. Una sentencia deberá establecer hechos concretos sobre el uso de la documentación cuestionada y determinar, a partir de las pruebas producidas, si existió responsabilidad penal.
¿Qué relación tuvo el proceso con la banca de Hernán Rivas en el Senado?
El caso también tuvo consecuencias en el ámbito legislativo. El 16 de abril de 2026, Rivas solicitó permiso sin goce de dieta por tiempo indeterminado a la Cámara de Senadores.
El 22 de abril, el pleno aceptó la solicitud con 23 votos a favor y posteriormente tomó juramento al senador suplente Carlos Augusto Liseras Osorio, quien pasó a ocupar la banca mientras durara el permiso del legislador. Senado Paraguay
El episodio vinculó así un proceso penal con el funcionamiento de dos espacios institucionales: el Congreso Nacional, por la banca ocupada por Rivas, y el sistema de justicia, tanto por el proceso judicial como por sus antecedentes en el JEM.
¿Qué está en juego con la sentencia a Hernán Rivas?
La resolución del Tribunal tendrá un primer efecto estrictamente penal: determinar si la acusación del Ministerio Público quedó probada y, en caso afirmativo, establecer las consecuencias jurídicas correspondientes.
Pero el expediente también expone un problema de control institucional. Cuando una acreditación profesional tiene efectos para acceder a posiciones desde las cuales se participa en decisiones sobre magistrados o integrantes del sistema de justicia, los procedimientos de verificación adquieren relevancia para la transparencia y la confianza en las instituciones.
El desenlace tampoco necesariamente supone el final inmediato de toda controversia judicial. Dependiendo del contenido de la sentencia, las partes cuentan con los mecanismos de impugnación establecidos en el proceso penal paraguayo.
La decisión que adopte el Tribunal permitirá conocer finalmente cómo valoró las pruebas reunidas durante el juicio y si considera demostrada la acusación sostenida por el Ministerio Público. Hasta entonces, el pedido fiscal de 12 años sigue siendo una pretensión de la acusación y no una pena impuesta.
¿Qué precedente institucional deja el caso Rivas?
Más allá del resultado individual, el proceso pone bajo examen los controles que rodean la acreditación de requisitos profesionales de autoridades que participan en organismos estatales. En ese punto, la discusión alcanza directamente a la transparencia, la trazabilidad documental y los mecanismos de control dentro del Estado.
La sentencia permitirá conocer la respuesta penal del Tribunal frente a los hechos concretamente acusados. La discusión institucional que queda detrás es más amplia: qué controles existen para impedir que documentación académica cuestionada produzca efectos dentro de órganos relacionados con la administración y supervisión de la justicia.
