La senadora detalló las primeras acciones de la comisión especial del Congreso, que fiscalizará universidades, cruzará registros académicos y buscará detectar presuntas irregularidades en carreras y títulos.
Universidades creadas en 2010 con egresados ese mismo año, certificados de estudio emitidos antes de la creación legal de determinadas carreras y registros administrativos que desaparecen a los cinco años. Esas son algunas de las inconsistencias expuestas por la senadora Esperanza Martínez tras la reunión de la Comisión Especial del Congreso que investiga la denominada “mafia de títulos”, presidida por el senador Patrick Kemper.
La comisión recibió este jueves a representantes de la Universidad Hispano Guaraní y de la Universidad Autónoma de Luque, con el objetivo de recabar información sobre el funcionamiento de ambas instituciones, su capacidad administrativa, sus registros y antigüedad, entre otros aspectos vinculados a la investigación.
Martínez explicó que el trabajo apunta a construir una “matriz sábana” que permita ordenar y cruzar información de las instituciones de educación superior del país. La herramienta buscará reunir datos sobre universidades, filiales, carreras, acreditaciones, alumnos y títulos emitidos para identificar inconsistencias y establecer dónde deben profundizarse las verificaciones.
El cruce de datos como primera herramienta
Según explicó la senadora, uno de los problemas que busca detectar la comisión aparece cuando se comparan las fechas de creación de las instituciones y carreras con los antecedentes académicos de quienes posteriormente obtuvieron títulos.
Entre los casos mencionados figuran situaciones en las que certificados de estudio serían anteriores a la creación legal de determinadas carreras, además de instituciones cuya fecha de fundación no coincidiría con la antigüedad que surge de algunos antecedentes académicos.
La revisión también apunta a los mecanismos de conservación de documentos. Martínez cuestionó que determinadas carpetas administrativas puedan desaparecer después de cinco años, porque esa situación dificulta reconstruir el recorrido académico y administrativo de una persona cuando surge una denuncia años después.
El objetivo, según la legisladora, es que el análisis no se limite a un caso individual, sino que permita encontrar patrones mediante el cruce de información entre las distintas instituciones y organismos encargados del control de la educación superior.
Casos que ya llegaron a la Justicia
Durante su exposición, Martínez también hizo referencia a inconsistencias que ya fueron trasladadas al ámbito judicial, entre ellas casos de profesionales cuyos certificados de estudio presentarían fechas anteriores a la creación de las carreras correspondientes.
La senadora señaló además la existencia de denuncias sobre documentos presuntamente falsificados, incluyendo casos en los que habría sido utilizado incluso su propio nombre.
Estos señalamientos forman parte del universo de hechos que la comisión busca documentar y contrastar con los registros oficiales. La investigación parlamentaria fue creada precisamente para estudiar la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado presuntamente falsos o irregulares.
La comisión ya había iniciado pedidos de información a organismos vinculados al sistema educativo y tiene previsto trabajar con instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Dos frentes: investigar y cambiar las reglas
Martínez planteó que el trabajo debe avanzar en dos líneas paralelas.
La primera consiste en mirar hacia atrás para reconstruir cómo fueron emitidos determinados títulos, revisar la documentación disponible y determinar qué instituciones o procesos requieren una investigación más profunda. En los casos en que se encuentren elementos suficientes, la comisión podría solicitar la intervención de las autoridades competentes.
La segunda apunta a modificar el marco legal para evitar que las mismas situaciones vuelvan a repetirse. Entre las necesidades señaladas aparece un sistema de control más riguroso y mecanismos que permitan conservar durante más tiempo los registros académicos y administrativos.
La comisión ya había planteado anteriormente la necesidad de fortalecer el intercambio de información entre las instituciones de control. En junio, el Senado informó que se conformaría una mesa de trabajo con técnicos del MEC, CONES, ANEAES y la propia comisión para profundizar la recopilación de datos y elaborar propuestas.
En julio, además, el Senado y la Contraloría General de la República firmaron un convenio para facilitar el intercambio de información y la asistencia técnica en el marco de la investigación.
Una investigación que busca abarcar todo el sistema
La comisión especial fue instalada en junio y quedó conformada con Patrick Kemper como presidente, Esperanza Martínez como vicepresidenta y Dionisio Amarilla como relator, además de otros senadores de distintas bancadas. Su mandato contempla elaborar un informe con recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
El trabajo, por tanto, entra ahora en una etapa de recopilación y contraste de información de las universidades. La “matriz sábana” planteada por Martínez apunta a convertir ese volumen de datos en una herramienta para identificar inconsistencias, establecer responsabilidades institucionales cuando correspondan y determinar qué cambios necesita el sistema de educación superior para mejorar la trazabilidad de los títulos.
La investigación parlamentaria deberá diferenciar entre errores administrativos, incumplimientos regulatorios y eventuales hechos ilícitos, mientras las autoridades competentes determinarán las responsabilidades que correspondan en cada caso.
